Tras la denuncia hecha por los miembros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sobre un lote de mascarillas de tipo FPP2 de la marca IVROU que fueron entregadas a la sede de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canarias durante el verano del año pasado y cuya fecha de caducidad era abril de 2023, desde el Gobierno se ha emitido un oficio en el cual se ordena que el material «sea retirado a un punto limpio e la forma más discreta y sin ostentar en las cajas su contenido».
De esta manera Mercedes González, la nueva directora de la institución pretende esconder la realidad de lo que está sucediendo con más de 500 mil mascarillas que permanecen en la comandancia de Las Palmas y que ya caducaron, sin que se inicie la investigación que solicitaron desde la AUGC para determinar las responsabilidades que van desde quién habría ordenado la compra de ese material con tan poca fecha de vigencia.
Se trata de un cargamento de por lo menos 300 mil mascarillas del tipo FPP» y otras 200 mil mascarillas quirúrgicas corrientes que ahora tendrán que ser desechadas de la manera más discreta posible, por órdenes de la dirección de la Guardia Civil. En el documento firmado por el comandante jede de Apoyo de la Guardia Civil, Gustavo Sánchez Gómez, el uniformado señala que «lo procedente sería la destrucción del material reseñado por el método que se considere oportuno», sin señalar quién o quiénes serán los encargados de este procedimiento, ni quién correrá con los gastos que se puedan generar del proceso de destrucción o reciclaje del material.
Estas mascarillas fueron fabricadas hace tres años en China, por la empresa Guangzhou Carrot Mall Network Technologies Co., Ltd, de acuerdo con los datos que tienen las cajas que fueron entregadas a la Comandancia de Las Palmas. Estas cajas con el material fueron remitidas por INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria dependiente del Ministerio de Sanidad que dirigía como ministra la gran canaria Carolina Darias) y distribuidas desde Barcelona por la empresa Logista Pharma, a diversas unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas durante el verano de 2022.
Lo que temen desde la AUGC es que esta misma situación se esté repitiendo en otras regiones del país y que la situación no llegue a ser investigada, tal como ellos lo han solicitado tras la llegada de Mercedes González a la institución. Para los uniformados resultaba muy llamativo el hecho de que todo este material llegada a la institución cuando el periodo de caducidad era de menos de nueve meses y que además se hiciera justo en un momento en el que ya las mascarillas solo se tenían que utilizar en el transporte público o en los centros de salud, por lo que no se justificaba tal cargamento .
«Sería un buen comienzo en el cargo, que Mercedes González como nueva directora ordenase una investigación, para aclarar lo ocurrido con estos miles de mascarillas que ahora caducan», señalaron a los medios de comunicación los funcionarios de la Guardia Civil en el momento en que denunciaron lo que estaba sucediendo con las mascarillas caducadas, pues lo que presumen desde la AUGC es que posiblemente hayan existido posibles irregularidades en el proceso de compra del material y así se lo hicieron saber en el pleno que se celebró en abril, en el que se presentó González por primera vez desde que asumió el cargo como directora de la institución.
Ahora, tras la llegada a la Comandancia del oficio en el que se ordena la destrucción del material, de la manera más discreta, los uniformados temen que esto sea justamente para borrar las evidencias de lo que presumen podría tratarse de una irregularidad.
En esta oportunidad, la responsabilidad de este posible escándalo de corrupción dentro dela Guardia Civil podría salpicar a Arturo Espejo Valero, teniente general del Mando de Apoyo de la institución, quien es la persona encargada de todos los temas relacionados con el material destinado a los uniformados.
Espejo ocupa ese cargo desde febrero de 2022 cuando reemplazó a al teniente Pedro Vázquez Jarava, mencionado en el caso de Los Cuarteles, que está siendo investigado por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para obras de reparación y reformas en 13 cuarteles de la Guardia Civil. Este caso ya está en manos de la justicia y se está investigando la participación de altos funcionarios de este cuerpo de seguridad en la trama corrupta, por lo que los miembros de la AUGC piden a la directiva del organismo que se preste atención a esta nueva orden de que se destruyan las mascarillas caducadas de la manera más discreta, pues lo que presumen es que desde los altos mandos podrían estar intentando ocultar una irregularidad.
