Fernando Grande-Marlaska vuelve a ser epicentro de la polémica por la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El ministro de Interior aseguró a las cúpulas sindicales que trabajaría para mejorar las nóminas de los agentes de ambos cuerpos dependientes del Estado en la reunión del pasado martes, de la que salieron muy satisfechos los representantes de estos funcionarios. Los sindicatos mostraron el fallo de la Audiencia Nacional, que exige a una equiparación salarial efectiva, pero la sentencia no era firme.
Marlaska les aseguró que el Gobierno no iba a recurrir dicha orden judicial, pero lo hizo, tal y como comunicó el propio juez a los afectados al día siguiente. La maniobra del ministro de Interior ha arrojado más leña al fuego y sindicatos policiales, como Equiparación YA (EYA), se han negado a asistir al próximo pleno del Consejo de la Policía. No obstante, bien podría tratarse de una estrategia del sindicato para diferenciarse del resto.
La Audiencia Nacional obligó al Gobierno a hacer valer su acuerdo firmado en 2018. El titular de Interior sacó pecho por aquel acuerdo, aunque el compromiso lo rescató el Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez le dio forma en apenas cuatro meses.
LOS HECHOS DESMIENTEN LA PALABRA DE MARLASKA
El compromiso firmado mostró que la voluntad política abría las puertas y el ministro de Interior inició con buen pie y sintonía su andadura. Marlaska habló entonces de acuerdo «histórico», de sentirse «orgulloso» y alabó la discreción de los sindicatos en las negociaciones. Un trabajo que calificó de «silencioso, callado, pero efectivo». El plan se inició con 700 millones de euros anuales para aumentar las nóminas de octubre de 2018 y resarcir los atrasos de enero a septiembre de ese mismo año. Pero no se cumplió.
Marlaska dio y sigue dando largas a cada una de las reivindicaciones de los sindicatos de la Policía Nacional y Guardia Civil
Entre otros puntos, se acordó la necesidad de reconocer las «mejoras» de las pensiones con carácter retroactivo de los policías nacionales y de guardias civiles para equipararse de forma efectiva con los cuerpos autonómicos y policías locales; así como reconocer a ambos como «profesiones de riesgo», que darían un plus a los salarios y anticipar la jubilación a los 59 años sin pérdidas de poder adquisitivo; y disfrutar de pagas dobles, como perciben los agentes de la policía local y autonómica. Marlaska dio y sigue dando largas a cada una de las reivindicaciones.
Los sindicatos llevaron el asunto ante los tribunales para exigir el pago, ganaron toda la batalla, pero Marlaska tenía aún la opción de recurrir, como hizo, con la misma discreción con la que evitó pagar a los agentes. De hecho, el director general de la Policía Nacional trasladó a los propios sindicatos la intención de Marlaska de dar cumplimiento al mandato de la Audiencia Nacional y que no habría recurso alguno a la sentencia.
MARLASKA, RETICENTE A CUMPLIR CON LA POLICÍA NACIONAL
El fallo señala que el Ministro de Interior debe incentivar la creación de puestos de trabajo y tramitar la ley de igualdad retributiva para poner fin a la brecha salarial entre los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional respecto a la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra, quienes realizan el mismo trabajo, pero significativamente cobran más, unos 500 euros mensuales sin contar ni horas extras ni tampoco otros complementos.
«No es la primera vez que las palabras se quedan en eso, palabras, por lo que EYA, va a permanecer vigilante en todo momento para adecuar las medidas de presión necesarias hasta que se cumpla con la Equiparación», afirma el sindicato EYA.
La reivindicación de poder jubilarse a los 59 años, como disfrutan policías locales y de los cuerpos autonómicos, supondría unos 115 euros más al mes en la nómina de la pensión si se declarara la profesión como de riesgo. Según los cálculos, un agente con 40 años de servicio obtendría actualmente 1.770 euros al mes en la jubilación, frente a los 1.885 euros que tendría con las exigencias sindicales para la equiparación. En la actualidad, se está cobrando unos 700 euros menos al año respecto al resto de agentes que dependen de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
EL MINISTRO DE INTERIOR CUMPLE CON ERC
Además, la guerra sindical contra Marlaska se aviva con los pactos entre el PSOE y ERC, en los que se ha sellado el pago de 1.600 millones para sufragar las nuevas plazas de los Mossos d’Esquadra. Este cuerpo autonómico está sumido en una crisis institucional con la Guardia Urbana de Barcelona debido al empuje del PSC en la Ciudad Condal. Los mandos policiales de la Generalitat se niegan a que sean policías locales quienes realicen la labor y competencias de los Mossos.
Marlaska sí ha cumplido con ERC ante la necesidad de conseguir sus votos en el Congreso de los Diputados para aprobar, entre otras leyes, los Presupuestos Generales del Estado. Los sindicatos policiales sí han mostrado su oposición al considerar que se les prometió el pago de 300 millones de euros y se hará entrega ahora del quíntuple a la Generalitat.
El Ejecutivo de Pere Aragonès disfrutará así de una mayor dotación de efectivos a costa de todos los españoles, con una plantilla que superará los 22.000 agentes en 2030, más que en pleno desafío separatista por el ‘procés’. De esta forma, se incrementará la plantilla en un 20%.
Este acuerdo, además, supone la supresión de plazas para la Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña, cuyos efectivos merman año tras año al no haber reemplazo en algunos puestos clave. Además, los Mossos d’Esquadra se están haciendo con competencias exclusivas de ambos cuerpos estatales.
«El Gobierno se compromete a transferir anualmente, al objeto de que Cataluña ejerza competencias transferidas no homogéneas vinculadas a la seguridad ciudadana, desde 2024 y hasta 2030, el resultado de aplicar al módulo acordado, la diferencia entre el número de efectivos de Mossos d’Esquadra certificado de cada año y los efectivos certificados de 2021», apunta el acuerdo sellado entre el PSOE y ERC.
