Los siete miembros de la Comisión Venecia llegaron al Congreso de los Diputados con el encargo de revisar la futura ley de amnistía y todo lo que está sucediendo en torno a su tramitación. Pero su primera declaración de intenciones dejó entrever lo que pasaría, que serían «absolutamente neutrales» y lo único por lo que mostraron interés fue por los aspectos técnicos de la tramitación de la ley. Ni entraron a valorar su contenido, ni tan siquiera pidieron detalles sobre cuestiones como la inclusión de los delitos de terrorismo que se introdujo a última hora de su tramitación.
El vicepresidente de los expertos, Martin Kuijer, explicó a los diputados que sólo había venido a analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación. El jurista holandés concretó a los representantes de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que su función no era «valorar la idoneidad de la futura ley». Esta reunión forma parte de los contactos previstos en el ámbito parlamentario, gubernamental y judicial que forma parte de su agenda durante su estancia en Madrid este jueves y viernes.
Después emitirán un informe, aunque éste no será vinculante. Además se han comprometido de que el informe estará listo el 15 o el 16 de marzo, e incluso podrían antes si se lo lo piden. El PP necesita tiempo para conocer qué pasos podrá dar a continuación, ya que la tramitación de la ley de amnistía se espera que acabe a finales del próximo mes de mayo.
LOS ENVIADOS DE BRUSELAS ASEGURAN QUE NO VAN A VALORAR LA LEY
La Comisión de Venecia se ha desplazado a la capital española a petición del PP a través del Senado, que ha pedido la elaboración de un informe sobre la ley de amnistía que el PSOE acordó por Junts y ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El encuentro con los diputados españoles duró poco más de dos horas.
Para realizar su informe, los miembros de la Comisión Venecia preguntaron sobre el procedimiento que se había seguido con el texto de la ley, según algunos de los diputados asistentes a esta reunión. Así, la ponente de ERC, Pilar Vallugera, aseguró a la salida del encuentro que «han sido absolutamente neutrales», aunque también añadió que tuvieron que «escuchar algún mitin» por parte de algún partido.
Por su parte, el portavoz de Junts, Josep María Cervera, ha defendido la necesidad de una amnistía integral y «que no excluya a nadie», al tiempo que ha «rechazado las acusaciones de terrorismo durante el procès».
La diputada independentista resumió que el encuentro tuvo como misión «escuchar a los grupos para emitir un dictamen cuando tengan toda la información», pero «sin opinar sobre la oportunidad política» de la amnistía y solo juzgando «si se han respetado los procedimientos acordes a un Estado de Derecho o la separación de poderes».
LAS PREGUNTAS DE LOS ENVIADOS DE BRUSELAS SE CENTRARON EN EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN
Una de las preguntas de la Comisión de Venecia fue por qué se tramitaba como proposición de ley firmada por el PSOE y por qué se había descartado un proyecto de ley del Gobierno. Esta pregunta la respondió el portavoz socialista, Francisco Aranda, quien les explicó que la legislación española no existe preferencias de una fórmula legislativa, aunque sí les aclaró que en ambas fórmulas se actúa «con todas las garantías».
Otras de las preguntas de los enviados por el Consejo de Europa, todos ellos juristas independientes expertos en derecho constitucional, se centró en la tramitación de las enmiendas a la totalidad, pero sobre todo mostraron su mayor interés sobre las comisiones de investigación que se registraron al mismo tiempo que la ley de amnistía sobre la ‘Operación Cataluña‘, los atentados de Barcelona y el ‘caso de espionaje Pegasus’. Otra pregunta directa fue por qué la amnistía no aparece literalmente recogida en la Constitución española.
Pese a que los diputados del PP esperaban que los juristas preguntaran sobre la idoneidad de amnistiar delitos de terrorismo, no se mostraron interesados, como tampoco han entrado a valorar unas de las cuestiones hoy candentes en Bruselas sobre las injerencias rusas en el procés, sobre las que en la capital belga han pedido a España que investigue.
A la salida de la reunión, cada representante parlamentario ha explicado en contenido del encuentro y lo que han respondido a los enviados de la Comisión Venecia. Uno de los primeros fue el socialista, Francisco Araiza, quien les aseguró que la ley de amnistía es «impecable» desde la Constitución española. A lo que añadió que la norma no supone una merma de derechos.
EL PP ASEGURA QUE LA COMISIÓN DE VENECIA SÍ VA A VALORAR LA LEY DE AMNISTÍA
Pero la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado al término de la reunión que los miembros de la Comisión Venecia sí que van a valorar si la ley de amnistía vulnera o no el derecho europeo. Al menos, les ha dicho dentro de la Comisión de Justicia que esta ley es «una transacción corrupta incompatible con la Constitución, con el derecho europeo y con el sentido ético más elemental».
Álvarez de Toledo también les ha explicado «la campaña de ataques del Gobierno contra jueces», la posibilidad de que se reforme el Código Penal para modificar el delito de terrorismo, además de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el propósito de limitar la instrucción de los jueces.
Para la portavoz del PP no está en juego la convivencia en Cataluña, sino la «vigencia» del derecho tanto en España como en Europa, y ha destacado que «afecta al conjunto de Europa». Además, ha entrega a los miembros de la Comisión Venecia los documentos del pacto de investidura entre PSOE y Junts, el informe de los letrados en la Comisión de Justicia, el comunicado conjunto que publicaron todas las asociaciones judiciales y la respuesta de los principales actores jurídicos de nuestro país en contra de la ley de amnistía.
Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, definió la ley de amnistía ante los enviados de Bruselas como «un proceso indigno de corrupción política», y les aseguró que la ley es «contraria a la igualdad ante la ley, el principio de legalidad, división de poderes y de respeto a la independencia judicial».
Los comisionados han tenido que escuchar todas las discrepancias entre los portavoces de los partidos políticos españoles, porque algunos creen que deben esclarecer las responsabilidades políticas, y otros las judiciales.
