María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha tenido que hacer los deberes por segunda vez, y en menos de un mes, para establecer unos nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones públicas para el periodo 2024-2026, por exigencias también de Bruselas. También ha tenido que cambiar sus expectativas para el techo de gasto, cuyo objetivo es poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del presente año. Esta repetición se debe a que el Senado, con la mayoría absoluta del PP, veto estos objetivos.
De acuerdo con los Reglamentos del Parlamento, si el Senado veta los objetivos de estabilidad y el techo de gasto, el Gobierno está obligado a presentar otros nuevos. Y si el veto se produce por segunda vez, la Abogacía del Estado ya ha emitido su informe para que se mantengan los enviados en abril de 2023 a Bruselas. Dadas las necesidades de 2023, aquellos objetivos eran más exigentes con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El PP votó en contra las previsiones presentadas por Montero. Su explicación fue clara: «no es de recibo que el Gobierno siga gastando a costa de los españoles», aseguró la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Los populares creen necesario relajar la presión fiscal, y respetar las rebajas fiscales de las comunidades autónomas.
En el PP estarían dispuestos a aprobar los objetivos macroeconómicos y el techo de gasto si el Gobierno aceptar incluir: la deflactación del IRPF; la bajada del IVA de la luz y del gas; del IVA de alimentos como la carne, el pescado y las conservas; y la eliminación del impuesto sobre la producción de energía, según ha explicado en reiteradas ocasiones su vicesecretario de Economía, Juan Bravo.
Pero al no aprobarse surgió el segundo problema, la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE-2024) ha quedado paralizada, mientras la ministra pretende tener aprobados a finales de marzo. Como el efecto dominó, sin los PGE las comunidades tampoco pueden elaborar sus propios presupuestos, dado que son las cuentas del Estado las que fijan su nivel de endeudamiento y la inversión prevista para cada comunidad autónoma.
MONTERO NO QUIERE PERDER NI UN MINUTO PARA TENER LAS CUENTAS PÚBLICAS EN MARZO O ABRIL
Pilar Alegría, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, ha explicado al término del Consejo de Ministros que el Gobierno sigue trabajando «sin perder un minuto» para tener aprobados los objetivos macroeconómicos de este año, sobre los que se debe sustentar la base del crecimiento económico y la creación de empleo.
La propia María Jesús Montero reconoció tras conocer que su techo de gasto y objetivos de estabilidad no contarían con el aprobado del Senado, que volvería a presentar unos nuevos y llegado el caso, casi seguro, de que el Senado los vuelva a vetar, entonces se prorrogarían los objetivos enviados a Bruselas en abril de 2023.
Montero asegura tener un informe de la Abogacía del Estado que le permitirá presentar los PGE, aunque el PP asegura que no existe
La ministra de Hacienda cuenta con el informe de la Abogacía del Estado que le ha confirmado que estos serán los pasos a seguir, de continuar con el rechazado de la Cámara Alta. Sin embargo, en el PP aseguran que ese informe no existe. En este cruce de acusaciones, Montero les ha asegurado que el informe existe y que en el momento que lo necesite lo dará a conocer.
Además, la ministra se ha marcado como objetivo tener aprobados los PGE de 2024 a finales de marzo o abril, lo que significa que si no varía la posición del PP en el Senado se repetirían unas cuentas públicas más exigentes tanto para las comunidades como para los ayuntamientos, puesto que los objetivos del último abril no se pueden cambiar, y Montero asegura que su propuesta para este año es más laxa. No se puede olvidar que la mayoría de las comunidades y ayuntamientos están gobernadas por el PP.
En este laberinto de cifras y objetivos, además, se viene a sumar que en Europa también se están cambiando las reglas fiscales, que se relajaron como consecuencia de la pandemia y que la mayoría de las autoridades comunitarias quieren reconducir y reactivarlas a los objetivos de antes de 2020.
La Comisión Europea recuperó el pasado 20 de diciembre, aun bajo presidencia española del Consejo de Europa, que el déficit público no supere el 3% del PIB de cada país y que la deuda pública se sitúe por debajo del 60% del PIB, lo mismo que quedó establecido con la puesta en marcha del euro en 2001.
LOS NUEVOS DATOS ELABORADOS POR MARÍA JESÚS MONTERO PARA 2024
Con todos los condicionantes europeos y la necesidad de tener el cuadro macroeconómico cuanto antes, la intención de la ministra de Hacienda es aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 en la primera parte del año, en un momento marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas. De esta forma, ha vuelto a fijar el techo de gasto de los próximos PGE de 2024 en 199.120 millones de euros, la misma cantidad que entregó al Senado sobre el límite de gasto no financiero en el Senado, y el mismo porcentaje del 0,5% de subida con respecto a 2023.
Para las comunidades autónomas había descrito en el Consejo de Política Fiscal en la reunión mantenida con los consejeros de Economía y Hacienda autonómicos que el déficit propuesto era del 3% en 2024 para todo el Estado y del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.
Las comunidades, por su parte, deberían tener un objetivo de déficit del 0,1% para 2024 y en los dos años posteriores alcanzar el equilibrio presupuestario. Y en el caso de los ayuntamientos, el equilibrio presupuestario debería alcanzarse en los tres ejercicios. Otro de los déficits es el de la Seguridad Social, que en 2024 deberá de ser del 0,2%, en 2025 del 0,1% y en 2026 del 0%.
La otra partida aprobada por el Consejo de Ministros ha sido el plan de estabilidad o reequilibrio con el fin de corregir todas las desviaciones presupuestarias derivadas de todas las medidas extraordinarias que se han debido adoptar desde la pandemia, y las derivadas por la guerra de Ucrania, de las que el Gobierno confirmó su prórroga en 2024 en la mayoría de los casos. Como consecuencia de todos estos gastos, el déficit del Estado queda fijado en el 3% (como exige también la Comisión Europea).
Y en el caso de la deuda pública, Montero también ha marcado un perfil descendente para que en 2024 quedé en el 106,3% del PIB; en 2025 baje al 105,4% y en 2026 quedé fijado en el 104,4%, aunque aún muy lejos del 60% fijado por Europa.
Estos son los nuevos objetivos, pero si no pasan el visto bueno de Congreso y Senado, las comunidades autónomas estarán obligadas a alcanzar la estabilidad presupuestaria este mismo año (en vez del 0,1% de déficit) y los ayuntamientos deberían marcarse un superávit del 0,2% en vez de la estabilidad presupuestaria (0%). Lo que en román paladino significa realizar menos gasto.
