Ángel Víctor Torres, el ahora ministro de Política Territorial y antes presidente de Canarias, mintió el 29 de abril de 2021 al responder a una pregunta formulada por el abogado zaragozano Ramiro Grau, primer denunciante del Caso Koldo. Ese día este jurista solicitó por escrito al Gobierno canario información «sobre los millones de mascarillas compradas por ese gobierno canario a la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL».
La respuesta de Presidencia canaria fue que «no ha realizado pedidos, ni ha adquirido mascarillas sanitarias a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas». Después se ha comprobado en el sumario de la trama Koldo que Canarias otorgó contratos por valor de 12,28 millones de euros a esta empresa.
Sin embargo, la resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno canario parecía ser clara y contundente al afirmar y responder el 3 de junio de 2021 al abogado que «no ha realizado pedidos, ni ha adquirido mascarillas sanitarias a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas».
LA RESOLUCIÓN FALSA DE TORRES, SEGÚN GRAU
A este escrito Grau mandó otra carta, fechada el 21 de julio del mismo año, en la que advertía que «dicha Resolución es falsaria y pudiera ser constitutiva de un delito de falsedad en documentos oficiales, prevista y penada en el vigente Código Penal» y aportaba como prueba una información del diario Voz Pópuli donde se recogía la información de la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión por parte del Gobierno canario.
«Me mentían constantemente o me daban largas, demoraban sus respuestas que a veces eran dirigirme a la plataforma del Estado. Cuando no contestaban tenía que recurrir al Consejo de Buen Gobierno, que les mandaba una advertencia y vuelta a empezar. Me tiré meses así hasta que les dije que si me mentían cometían un delito y entonces ya sí, me remitieron la información dando los datos buenos, pero en la primera respuesta puede decirse que sí, que Victor Torres me mintió», recuerda Ramiro Grau a MONCLOA sobre este asunto.
«ME MENTÍAN O ME DABAN LARGAS, DEMORABAN SUS RESPUESTAS QUE A VECES ERA DIRIGIRME A LA PLATAFORMA DE CONTRATOS», DICE GRAU
Su carta a Presidencia del Gobierno canario terminaba con un «suplica»: «Que se revisen los contratos firmados por ese Gobierno, su Consejería de Sanidad o Salud, los organismos autónomos que pudieran existir con competencias en la materia, etc… y me faciliten la información verdadera, a que tengo derecho sin incurrir en nuevas falsedades en documentos oficiales con la advertencia expresa de que si así no lo hacen me veré obligado a interponer la denuncia correspondiente».
«Yo creo que entonces me tomaron en serio y se pusieron a buscar de verdad, pero luego fue peor con otras administraciones porque se debió correr la voz de que yo no me rendía y entonces dilataban los procesos para ver si me aburría o me cansaba», recuerda Grau, que añade que finalmente «mandaron la información requerida por completo, pero les costó mucho».
CUATRO CONTRATOS CANARIOS
Hay que recordar que el gobierno de Víctor Ángel Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática desde 2023 y secretario general del Partido Socialista de Canarias desde 2017, adjudicó a Soluciones de Gestión, empresa en mitad de la trama Koldo, 12,3 millones de euros en suministros de mascarillas en cuatro contratos.
En concreto, el 22 de abril de 2020, contrató el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018,50 euros, un segundo contrato de 447.061,74 euros en concepto de servicio de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas KN95 y un tercero de 4.775.500 euros para mascarillas FFP2. El Servicio Canario de Salud firmó el 4 de mayo de 2020 un nuevo contrato, en esta ocasión de 5.000.000 euros por el suministro de 2 millones de mascarillas KN95.
Los técnicos de salud canaria detectaron una partida de mascarillas defectuosas tras la primera entrega, que Soluciones de Gestión tuvo que renegociar. Esos 12,3 millones de euros fueron endosados por Torres a la financiación derivada de los fondos de la Unión Europea (Feder). Fueron 837.300 mascarillas que aparecían como FFP2 pero en realidad no tenían esa capacidad de protección. El gobierno canario renegoció y las pagó a 0,84 euros la unidad en vez de los 2,5 euros cada una, como si fueran mascarillas quirúrgicas. A pesar de ello, Canarias continuó comprando y pidió 550.000 mascarillas en una segunda entrega.
