La seguridad pública es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, la reciente revelación de un acuerdo entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la empresa Desokupa, especializada en desalojos extrajudiciales, ha encendido las alarmas sobre la posible infiltración de la extrema derecha en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El exministro socialista José Luis Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto del Congreso, ha expresado su profunda preocupación por esta situación, pues considera que la presencia de la extrema derecha, «como movimiento organizado», en las Fuerzas de Seguridad «constituye una grave amenaza para el sistema por cuanto buscan ser hegemónicos en su seno».
La Amenaza de la Extrema Derecha en las Fuerzas de Seguridad
Ábalos ha registrado una serie de preguntas escritas al Gobierno, en las que recuerda a Interior que legalmente es su responsabilidad «velar por una correcta formación de los agentes «con arreglo a los principios y valores democráticos. En este sentido, el exministro cuestiona si la práctica de los sindicatos de ofrecer «cursos de formación complementaria de forma extraoficial/parapolicial está legitimada o es supervisada» por el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska.
Asimismo, Ábalos pide al Gobierno que investigue la presencia de elementos de extrema derecha no solo en las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino también en las policías autonómicas y locales, en línea con las medidas adoptadas por Alemania. El exministro socialista considera que «el Gobierno central, los autonómicos y los locales deben actuar a fondo contra las actuaciones que sean incorrectas en el marco de las ideologías que fomentan la difusión de bulos y exaltan la violencia, el racismo, la xenofobia, la homofobia y la misoginia».
El Papel de los Sindicatos Policiales y la Financiación Alternativa
Otra de las preocupaciones de Ábalos es el papel que pueden estar desempeñando los sindicatos policiales como «catalizadores de dinero público a organizaciones o entidades empresariales de corte radical y violento como en el caso de Desokupa». El exministro plantea la conveniencia de regular las financiaciones alternativas a las que recurren estos sindicatos, con el fin de evitar que se conviertan en «plataformas o entidades pseudoempresariales ideológicas con ánimo de lucro para captar recursos económicos fuera de las fuentes públicas».
Además, Ábalos demanda «medidas para prevenir y detectar el acceso arbitrario y el uso ilegítimo de las bases de datos policiales por parte de miembros de las Fuerzas de Seguridad afines a movimientos de ultraderecha». Esta preocupación se ha visto reflejada en las declaraciones de la secretaria general del SUP, Mónica García, quien justificó el acuerdo con Desokupa por la existencia de «un problema en las calles» y la pérdida de «autoridad» por parte de los agentes.
En resumen, la infiltración de la extrema derecha en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad representa una grave amenaza para la democracia y la seguridad pública. Por ello, es crucial que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para prevenir y abordar este fenómeno, velando por la neutralidad política y el compromiso democrático de los miembros de las Fuerzas de Seguridad.
