Dentro del marco de confrontación social y política que se vive en España un nuevo campo de batalla aparece en el horizonte dentro la crispación y el enfrentamiento constante en el que viven Una tormenta institucional sin precedentes se cierne sobre el Tribunal Supremo. El tradicional acto de apertura del año judicial, que cada año marca el inicio del curso político en el ámbito de la justicia, se ha convertido en el epicentro de un conflicto entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, del que Alberto Núñez Feijóo (PP) quiere sacar rédito.
El detonante ha sido la carta enviada por diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todos ellos a propuesta del Partido Popular. En su misiva, dirigida a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, reclaman dos acciones de alta carga simbólica y política: que se traslade al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, la “inconveniencia de intervenir” en el acto y que se impida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, sentarse en los estrados junto al Rey.
La petición de los vocales no es una mera formalidad. Es una declaración de guerra. Argumentan que la presencia de García Ortiz es insostenible «en las actuales circunstancias», en clara referencia a su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos. El Supremo le investiga por la difusión de una nota de prensa sobre la causa judicial que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Para los vocales, que un fiscal general procesado se dirija al tribunal que le investiga es una «anomalía jurídica inaceptable». Además, la misiva pide a la presidenta del CGPJ que informe al Rey Felipe VI sobre esta “situación a efectos de la adecuada coordinación institucional”, lo que añade un nuevo nivel de tensión al conflicto.
FEIJÓO SE SUMA AL VETO Y DENUNCIA UNA «PROVOCACIÓN»
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reforzado la ofensiva con un anuncio rotundo: no asistirá al acto de apertura. Su decisión, argumenta, responde a la necesidad de no «convalidar» lo que considera una «provocación»: que un fiscal investigado ocupe un lugar de honor junto al monarca.
Feijóo ha sido contundente en sus declaraciones. “La presencia del Fiscal General del Estado en el Tribunal Supremo no puede convalidar los ataques y las difamaciones del presidente del Gobierno a los jueces que investigan a su familia”, ha afirmado, elevando el debate del plano judicial al político. La crítica también se dirige al ministro Bolaños, a quien el líder del PP acusa de ser partícipe de los «ataques injustos e injustificados a los jueces» por parte del Ejecutivo.
El líder popular ha subrayado que esta situación es algo que “jamás se ha vivido en España” y que «no ocurre en ningún país de Europa. Esta posición no solo refleja la incomodidad de su partido, sino que también se alinea con las demandas de diversas asociaciones de jueces y fiscales que han solicitado a García Ortiz que no acuda a actos oficiales mientras esté bajo investigación.
OFENSIVA DEL PP
La batalla política no se limita al ámbito judicial. Feijóo ha aprovechado la coyuntura para lanzar una dura crítica a la gestión del Gobierno, acusándolo de priorizar los intereses de los independentistas sobre las necesidades de los españoles.
El líder del PP ha calificado la quita de la deuda autonómica como «una mentira y un chantaje» que, según él, los independentistas imponen para que Sánchez pueda seguir en el poder. “Las comunidades que gestionaron con más rigor van a tener que pagar a aquellas que gestionaron con menos”, ha sentenciado, instando al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a pronunciarse sobre si sus ciudadanos financiarán las deudas de los gobiernos separatistas.
Las críticas también se han centrado en el gasto público del Ejecutivo. Feijóo ha reprochado que haya “dinero para controlar una empresa como Telefónica, controlar los medios, contratar a más de 500 asesores en la Moncloa o para duplicar el presupuesto del CIS”, mientras que no lo hay para «la Ley ELA ni para la conciliación».
Finalmente, el líder popular ha renovado su compromiso con la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, una promesa que, según él, Pedro Sánchez ha incumplido durante seis años. Feijóo ha recordado que él ya implementó esta medida en Galicia y ha asegurado que, de llegar al Gobierno, la extenderá a toda España, porque «educar a un hijo no puede ser un problema económico ni una imposibilidad para trabajar». Con este mensaje, el PP busca reconectar con los problemas cotidianos de la gente, un ámbito que, a su juicio, la política ha abandonado.
