La Confederación Española de Policía (CEP), con el respaldo del despacho Durán & Durán Abogados, ha presentado alegaciones formales ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en relación con el procedimiento abierto para declarar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, situada en Vía Laietana 43, como Lugar de Memoria Democrática.
En su escrito, la CEP señala que el expediente presenta graves carencias en cuanto a garantías, falta de informes esenciales y vulneraciones de la normativa de prevención de riesgos laborales que afecta a los funcionarios destinados en el inmueble. El sindicato solicita la nulidad del procedimiento y la retroacción de las actuaciones hasta que se corrijan las deficiencias detectadas.
Omisión de informes clave y deficiencias en el procedimiento
La organización destaca que no se han incorporado al expediente informes fundamentales, como el informe urbanístico del Ayuntamiento de Barcelona y la evaluación de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía. La ausencia de estos documentos impide analizar la compatibilidad del uso policial actual con la posible declaración como Lugar de Memoria y compromete la seguridad y la salud de los trabajadores.
Además, se carece de inventario detallado de vestigios, memoria económica, plan de ejecución, medidas cautelares y régimen sancionador, elementos exigidos por los artículos 52 y 53 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, lo que, según la CEP, resta fundamento técnico y jurídico al procedimiento.
Impacto psicosocial y estigmatización de los agentes
El expediente, al centrarse exclusivamente en la utilización del edificio durante la dictadura, ha generado un efecto de estigmatización entre los policías que actualmente trabajan allí. La CEP advierte que esta situación podría derivar en responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños morales y profesionales ocasionados, incluyendo estrés, ansiedad y deterioro del clima laboral.
Cuestionamiento de la imparcialidad del informe principal
La CEP también critica la dependencia del expediente del informe elaborado por el historiador y exdiputado Xavier Domènech Sampere, argumentando que sus declaraciones públicas previas, con valoraciones políticas sobre la actuación de la Policía Nacional durante la dictadura, comprometen la neutralidad del proceso y generan apariencia de parcialidad. Esto contradice el principio de objetividad administrativa recogido en el artículo 103 de la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El sindicato solicita la revisión independiente de este informe y la inclusión de dictámenes alternativos de expertos sin vínculos políticos, con el fin de garantizar la objetividad y la imparcialidad en el procedimiento.
Medidas cautelares y participación sindical
La CEP reclama la suspensión temporal del procedimiento hasta corregir las deficiencias detectadas, así como la garantía del derecho de participación sindical y el acceso inmediato a todos los informes. También solicita la realización de una evaluación psicosocial de los funcionarios afectados, incluyendo medidas preventivas para proteger su dignidad, salud y seguridad.
La Confederación Española de Policía reafirma su compromiso con la legalidad, la salud laboral y la dignidad profesional de los funcionarios. Insiste en que cualquier actuación administrativa en materia de memoria democrática debe cumplir estrictamente con los principios de objetividad, proporcionalidad y pluralidad. El sindicato advierte que, de no corregirse estas deficiencias, el procedimiento podría ser declarado nulo y abrir la puerta a reclamaciones económicas en defensa de los policías afectados.
