El juez instructor del Caso Koldo dictó una providencia este lunes para desestimar las pretensiones de la Asamblea de Murcia de acceder a parte de la causa Koldo que investiga el Tribunal Supremo, en concreto a la investigación que lleva a cabo el Alto Tribunal sobre la construcción de la línea del AVE en esa comunidad autónoma.
La Asamblea de Murcia a través de su presidenta solicitaba el pasado 20 de noviembre una «copia testimoniada del expediente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, instruido por el magistrado D. Leopoldo Puente, sobre posibles cobros ilegales a cambio de adjudicar las obras del AVE en la región de Murcia (…). Causa especial 20775/2020».
En su petición la presidenta de la Asamblea explicaba que el 3 de julio de 2025 «acordó crear la Comisión Especial de investigación sobre posibles perjuicios causados a la Región de Murcia derivados de las irregularidades en adjudicaciones de obras de construcción de infraestructuras de alta velocidad en la Región».
El escrito iba acompañado de un certificado del acuerdo tomado por la Asamblea para constituir la comisión de investigación con fecha de 10 de noviembre de 2025, firmado por la secretaria primera de la Asamblea Regional de Murcia y otro escrito de la secretaria de la comisión de investigación en el mismo sentido.
Sin embargo, el juez Leopoldo Puente, instructor de la causa, niega el envío de esta documentación y explica que «no ha lugar a remitir la documentación solicitada por dicha Asamblea Regional autonómica, entre otras razones, de no menor peso, debido a que toda la interesada “copia testimoniada del “expediente” de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, instruido por el magistrado D. Leopoldo Puente, sobre posibles cobros ilegales a cambio de adjudicar las obras del AVE en la Región de Murcia (11L/OSI-0026). Causa especial 20775/2020–, se corresponde en realidad con una parte de la pieza separada número 20775/2020-II, que se
halla en este momento en fase de instrucción».
La documentación a la que alude la Asamblea de Murcia se relaciona con una licitación de ADIF, en concreto una denominada «Ejecución de obras del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería. tramo: Pulpí-Vera», donde resultó adjudicataria una UTE formada por Ferrovial y Acciona por un total de 146.648.048,53 euros en junio de 2018. Los trabajos consistían en labores de «explanación y limpieza del terreno» .
Ahora, tras la publicación de sospecha por parte de la UCO en irregularidades en esa concesión la Asamblea murciana quería acceder a esa parte de la causa que afectaría a la intermediación de Koldo García, ex asesor de Ábalos, directamente con ADIF Alta Velocidad, concesionario de la obra. La comisión fue impulsada por el PP de Fernando López Miras, actual presidente de la Comunidad autónoma de Murcia.
LA FISCALÍA EUROPEA SE INTERESÓ POR MURCIA
De hecho, en una respuesta a la Fiscalía Europea, interesada por esta obra, que podría haber sido financiada con fondos europeos. el Tribunal Supremo cifraba el importe de la obra en 121.196.734,32 euros y sostenía que «hasta el momento presente no consta en esta causa especial que ninguna de las obras públicas referidas hubiera comprometido fondos procedentes de la Unión Europea, aunque, evidentemente, no puede tampoco descartarse dicha eventualidad».
Y añadía que «en cualquier caso, aunque alguna de aquellas obras pudiese haber comprometido fondos de la referida procedencia, es preciso significar, a los efectos que procedan, que el objeto de la presente causa especial, -expuesto ahora, en síntesis, y siempre en los términos indiciarios que resultan propios de esta fase procesal-, se refiere a la eventual existencia de sendas
organizaciones criminales, integradas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que tendrían por objeto, a través del posible delito de cohecho y valiéndose de la influencia de aquéllos, la adjudicación de determinadas obras públicas, con entera independencia de los fondos que pudieran ser empleados en ellas (lo que, a juicio del instructor y en este momento, constituiría, de concurrir, un elemento meramente accidental), sin que se halle indiciariamente
justificado, al menos hasta este momento, perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza».
Precisamente hace solo unos días, el pasado 25 de noviembre, ADIF entregaba en el Supremo los expedientes de ocho obras sospechosas de corrupción, entre ellas la de Murcia que reclama la Asamblea regional. El juez envió toda esa documentación a la Unidad de Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE) «a los efectos de que puedan completar el informe que les ha sido encomendado».
