Este miércoles el juez instructor del Tribunal Supremo recibirá declaración judicial a tres directivos y ex directivos de la constructora Acciona a los que relaciona con Cerdán. En concreto a Justo Vicente Pelegrini, que fue director de Construcción de Acciona para España hasta el pasado 16 de junio, cuando la empresa lo cesó tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, los directores de la zona norte y la zona sur de Acciona Construcción, respectivamente, que reportaban a Pelegrini y a los que la empresa suspendió en sus funciones el pasado 18 de noviembre, cuando trascendió otro informe de la UCO fechado el 11 de noviembre centrado en las relaciones entre ambas empresas y con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Ahora el Alto Tribunal quiere saber dónde fueron a parar 4,6 millones de euros en comisiones que la constructora habría pagado a Santos Cerdán y su socio en Servinabar.
El magistrado interrogará como investigados a Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, ex directivos de Acciona. En el auto donde los llamaba a declarar, el juez afirma que adopta esta decisión a la vista del informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 11 noviembre, «que contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación» estas tres personas.
Tomás Olarte es el actual director de la zona norte de la constructora. Justo Vicente Pelegrini era el director de Acciona Constructora hasta que fue despedido el 16 de junio de 2025 tras presentarse el primer informe sobre Santos Cerdán. Manuel José García Alconchel es el actual director de Construcción Zona Sur y África de Acciona Construcción. Hay que recordar que de momento, solo Fernando Merino, ex director de la zona norte de Acciona, estaba investigado por el Alto Tribunal.
El informe de la UCO que recoge el juez en su auto hacía referencia a «un Acuerdo Marco firmado en septiembre de 2015, (…) consisten en la subcontratación de servicios de Servinabar por parte de Acciona Construcción». Además, los agentes encontraron que «Acciona y Servinabar firmaban un Memorándum de Entendimiento como compromiso de colaboración previo a la adjudicación de determinadas obras (…)». Hay que recordar que un documento en propiedad del dueño de Servibanar destacaba que el 45% de esta empresa es de Santos Cerdán, algo que ha negado el ex secretario de Organización del PSOE.
Por ejemplo , en la «obra de la Autovía A-68 tramo Arrubal-Navarrete (Logroño), se estipuló una cuantía que suponía el 2,19% del importe total adjudicado a Acciona Construcción». En caso de que la adjudicataria fuese Acciona «ambas partes firmaban un contrato específico de prestación de servicios asociado a dicho expediente de obra pública. Como se verá de forma detallada en ulteriores subepígrafes, los conceptos por los que Servinabar terminaba siendo subcontratada eras muy genéricos o de una vaga descripción».
SANTOS CERDÁN SEÑALADO EN TRES LICITACIONES
Este modus operandi es confirmado por la UCO en al menos tres licitaciones públicas, la ya citada de Logroño, la famosa en Sevilla del «Puente de los tirantes» y otro en Sant Feliú de Llobregat.
Respecto a la primera, explicaban los agentes que «el 15 de diciembre de 2018 a las 18.38, previo a la licitación de la obra en la Autovía A-68 -tramo Arrúbal-Navarrete-, Koldo le remitió a Fernando Merino por whatsapp una nota de prensa del propio MITMA que informaba sobre la autorización para licitar las obras de la Ronda Sur (…)» y tan solo «4 días después Acciona Construcción y Servinabar firmaron un Memorándum de Entendimiento para ‘trabajar conjuntamente y desarrollar exitosamente la oportunidad de negocio relativa a la construcción de la A-68 (…)'». Este contrato fue firmado en representación de Acciona por Tomás Olarte, mientras que por Servinabar lo firmaba Joseba Antxón Alonso.
La Guardia Civil refiere que «meses más tarde, el 4 y 9 de abril de 2019 tuvieron lugar las conversaciones Koldo-Santos y Koldo-Ábalos (…) de las que se desprendía la insistencia de Santos (Cerdán) por que la licitación saliera adelante». El 11 de abril de 2019 «ese día fue efectuada la apertura de ofertas económicas a las 10.00, recibiendo Koldo tan solo unos minutos después, por parte de Javier Herrero Lizano la noticia de que habían hecho ‘¡Bingo!!! en Logroño'».
Ese expediente le fue adjudicado a la UTE de Acciona Construcción con Aquaterra por un valor de 92.416.975,61€. El acuerdo reflejaba una comisión del 2,19%, 2.028.267,54€. Sin embargo, la UCO solo encontró un asiento contable en Servinabar de 1.938.979,73€, lo que suponía el 2.09% del total adjudicado que se correspondería con esta comisión.
LA OBRA DE SEVILLA
La segunda licitación investigada fue en Sevilla, el puente del Centenario popularmente conocido como «Puente de los tirantes». El 6 de agosto de 2018 el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, aprobaba la declaración de Emergencia solicitada por la Dirección General de Carreteras (DGC) del Estado en Andalucía Occidental.
El 15 de noviembre de 2018 «Santos contactó con Koldo via whatsapp (…) éste contestó que ‘se encontraba anunciando un puente nuevo que se va a hacer en Sevilla'». Doce días después «Antxón en nombre de Servinabar y Manuel José García Alconchel (en representación de Acciona Construcción como director de Construcción de Zona Sur y África) firmaron un Memorándum de Entendimiento con el interés de ‘trabajar conjuntamente y desarrollar exitosamente la oportunidad de negocio relativa a la ampliación del Puente del Centenario».
A diferencia de la obra de Logroño Acciona contrataba a Servinabar en materia de Prevención, Seguridad y Salud y sin proceso de licitación por valor del 2% de los cobros netos que Acciona recibiese por parte del cliente. El 2 de abril de 2019 «Santos ordenó a Koldo vía whatsapp que se cerrase «Sevilla», a lo que Koldo respondió que era consciente de ello y que se disponía a darle trámite en ese momento», recoge el informe de la UCO.
Además, «Koldo le trasladó a Ábalos la presión que estaba ejerciendo Santos sobre la licitación, objeto de estudio, llegando a decir que estaba ‘obsesionado con él, con él, con Sevilla, con el Puente'», añaden los agentes.
Finalmente «la adjudicación terminó por materializarse el 17 de mayo de 2021 por un importe de 71.404.645,30€. No obstante, el 20 de junio de 2023 se produjo una modificación del contrato por la que se amplió dicho importe hasta los 84.983.366,35€». Antes de este contrato, la aprobación provisional de la emergencia había dejado un contrato de 6.471.332,43€ para Acciona de los cuales a Servinabar le habrían correspondido 102.247,05€.
En total, los dos contratos supusieron para la empresa de Santos Cerdán y Joseba Antxón un total de 1.801.914,38€.
EL TREN DE SANT FELIÚ
El último de los contratos por el que el juez preguntará a los investigados es el conocido como la «Construcción de la Integración del Ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat». En este caso Acciona resultó adjudicataria del contrato por 51.760.263,99€ el 4 de noviembre de 2019 y a su vez contrató a Servinabar por «Seguridad y Salud de obra». El importe de este contrato fue de 1.035.199,88€.
El 8 de agosto de 2022, la adjudicación sufrió una modificación «mediante la cual el importe adjudicado ascendió hasta los 62.026.420,15€», escribieron los investigadores en su informe para el Tribunal Supremo.
En total, la comisión de Servinabar en estas tres obras supuso 4.663.846,94€. La Guardia Civil cree que ese dinero se repartió entre Antxón Alonso y Santos Cerdán y luego éste a su vez repartió con Koldo García y el ex ministro José Luis Ábalos.
En total por todas las obras, no solo por estas tres, los agentes de la UCO calculan que Servinabar recibió más de 6 millones de euros de Acciona y proyectos vinculados, representando el 75,33% de sus ingresos totales. Parte de estos fondos se destinaron a presuntas contraprestaciones para Santos Cerdán y su entorno familiar, incluyendo pagos a su esposa, hermana y cuñado, así como el alquiler y amueblamiento de inmuebles en Madrid.
