El mercado del alquiler en Cataluña pierde 60.000 viviendas desde que entró en vigor el control de precios, según los datos que manejan portales inmobiliarios y patronales del sector. La cifra, contundente, llega justo cuando los inquilinos acogidos al decreto apuran las últimas horas para renovar y se topan con un mercado que se ha estrechado hasta lo asfixiante. La pregunta ya no es si el control funciona. Es a qué precio.
El fenómeno se concentra sobre todo en Barcelona y su área metropolitana, donde la oferta de vivienda en alquiler de larga duración ha caído a niveles que no se veían desde antes del estallido del mercado en 2014. Una parte se ha trasladado al alquiler de temporada, otra al uso turístico, y un porcentaje relevante directamente a la venta. El resultado, lo vemos cada mes en los buscadores, es un embudo cada vez más estrecho.
Qué ha pasado con esas 60.000 viviendas
El cómputo agregado por IDESCAT y por las principales asociaciones de propietarios apunta a una salida masiva del producto del mercado regulado. El decreto catalán fija topes en las llamadas zonas tensionadas, que cubren 140 municipios y cerca del 80% de la población. La consecuencia inmediata, según el sector: muchos propietarios optaron por no renovar, retirar el inmueble o reorientarlo a fórmulas no cubiertas por la norma.
La Generalitat sostiene que la regulación ha contenido los precios en los nuevos contratos firmados bajo el índice de referencia. Es cierto, los datos oficiales lo recogen. Pero también lo es que los pisos disponibles para firmar esos contratos son cada vez menos. El alquiler de temporada ha crecido más de un 40% en Barcelona desde la entrada en vigor del decreto, según los registros municipales, una vía que escapa al tope porque legalmente no es vivienda habitual.
Los inquilinos del decreto, contra reloj
Quienes firmaron al amparo de la norma viven estos días una carrera contrarreloj. Los contratos que ahora vencen obligan a buscar nueva vivienda en un mercado donde la oferta se ha reducido a la mitad en algunas zonas del Eixample, Sant Antoni o Gràcia. «Buscar piso es complicado», repiten los afectados consultados por distintos medios. Es un eufemismo. Hay viviendas que reciben más de cien solicitudes en 48 horas.
El perfil del inquilino expulsado es transversal: jóvenes profesionales que no llegan al umbral de avales que ahora exigen los propietarios, familias monoparentales que no compiten con parejas de doble ingreso, mayores con contratos de renta antigua que al renovarse caen ya bajo el nuevo régimen. El precio medio de las nuevas ofertas en Barcelona se mueve entre los 1.250 y los 1.400 euros, en función del distrito y la fuente que se consulte.
A eso se suma una particularidad catalana: la falta de parque público de alquiler. Cataluña tiene una proporción de vivienda social inferior al 2%, muy por debajo de la media europea. La Generalitat anunció hace meses un plan para llegar al 5% en una década, pero los plazos son largos y las entregas, lentas. Mientras tanto, el mercado privado sigue siendo la única opción real para la inmensa mayoría.
Cataluña ha conseguido contener el precio del metro cuadrado en los contratos que se firman, pero a costa de que cada vez se firmen menos contratos.
Lo que esta cifra dice del modelo catalán de vivienda
La discusión política está servida. El PSC defiende el decreto como un avance imprescindible y atribuye la caída de oferta a la especulación previa. ERC, que pactó la norma, marca distancias en privado y reconoce que el diseño necesita ajustes. Junts y PP piden directamente derogar el control. Comuns y CUP exigen ampliarlo. La fragmentación del Parlament hace difícil cualquier reforma a corto plazo.
La comparación con otros territorios ayuda a calibrar. Berlín ensayó un control de rentas que el Tribunal Constitucional alemán acabó tumbando en 2021, pero durante su vigencia la oferta cayó alrededor de un 50%. París mantiene topes con resultados mixtos, y la oferta de larga duración se ha desplazado al circuito turístico. Lo que observamos en Cataluña encaja con ese patrón europeo: el control aplaca el precio nominal y reduce el volumen disponible. No es una sorpresa académica. Es una decisión política sobre qué se prioriza.
El cierre, por ahora, lo escribe el calendario. La Agència Catalana de l’Habitatge tiene prevista una evaluación del decreto antes del verano y el Govern deberá decidir si endurece la norma, la suaviza o la reorienta hacia un refuerzo del parque público. La cifra de 60.000 viviendas perdidas pesará sobre la mesa. La calle, también.
Y mientras tanto, los inquilinos siguen buscando. Por ahora, sin red.
