El decreto de vivienda del Gobierno cae este martes en el Congreso con Junts per Catalunya votando en contra, según fuentes parlamentarias consultadas en esta redacción y la información avanzada en El Nacional. Sumar intentó hasta el último momento un pacto in extremis con rebajas fiscales sobre la mesa, pero la formación de Carles Puigdemont ha cerrado la puerta. La decisión deja al Ejecutivo sin uno de sus paquetes estrella en política de alquiler y abre una nueva grieta con un socio cada vez más distante.
Por qué Junts dice no aunque el coste político sea evidente
La negociación se ha estirado hasta la víspera del pleno. El equipo del ministro Pablo Bustinduy, junto a la dirección de Sumar, ofreció a Junts un paquete de rebajas fiscales orientado a propietarios pequeños y medianos, una concesión calculada para responder a la lectura que la formación independentista hace del mercado catalán. No ha sido suficiente.
Lo que observamos es que Junts ha calibrado el coste de bloquear el decreto y ha concluido que es asumible. La razón no está solo en Madrid: está en Barcelona. La aplicación del índice de referencia de precios del alquiler en Catalunya, vigente desde marzo de 2024, ha generado un debate intenso entre el sector inmobiliario, los pequeños propietarios y parte del tejido económico catalán que Junts considera su electorado natural. Apoyar un decreto estatal de vivienda con contenido intervencionista chocaría con esa base, y la formación lo sabe.
A eso se suma la dinámica general. Junts lleva meses marcando perfil propio frente a un Gobierno con el que mantiene una relación cada vez más transaccional. Cada votación es una factura abierta. La de la llei d’amnistia aún colea en sede judicial, la financiación singular avanza despacio en la bilateral y el traspaso de Rodalies sigue siendo más promesa que calendario. En este contexto, ofrecer un sí a cambio de rebajas fiscales no compensa.
Sumar se queda sin margen y el desgaste recae sobre Bustinduy
El intento de seducción de Sumar deja al descubierto la incomodidad creciente del socio minoritario del Gobierno. Bustinduy ha apostado fuerte por este decreto desde que asumió la cartera, y verlo caer en su primer gran test parlamentario es un golpe político de cierta magnitud. La lectura interna en Sumar, según fuentes del grupo consultadas, es que la negociación con Junts era prácticamente imposible desde el principio, pero que había que intentarlo hasta el final para no exponerse a la crítica del propio PSOE.
El problema es que la rebaja fiscal ofrecida tampoco terminaba de cuadrar con el discurso original de Sumar. Pasar de un decreto de control de precios a un paquete de incentivos fiscales para propietarios es una pirueta ideológica difícil de explicar. Y aun así, no ha bastado.
Cuando un Gobierno necesita pagar dos veces el mismo voto y aun así lo pierde, el problema no es la oferta: es la confianza.
El desgaste alcanza también al PSOE, que confiaba en sacar adelante la convalidación con una geometría variable cada vez más estrecha. La aritmética del Congreso se ha vuelto a confirmar como un campo de minas para el Ejecutivo, donde cada decreto exige una negociación quirúrgica y, aun así, el resultado no está garantizado.
Lo que esta caída significa para la política de vivienda en Catalunya
El impacto territorial es notable. Catalunya es la comunidad con más tensión en el mercado del alquiler: según datos de l’INCASOL y el Departament de Territori, el precio medio del alquiler en Barcelona superó los 1.180 euros mensuales en el último trimestre publicado, con subidas interanuales por encima del 8% en barrios como el Eixample o Gràcia. La caída del decreto estatal no afecta directamente al índice catalán, que tiene base normativa propia, pero sí elimina herramientas complementarias en materia fiscal y de protección al inquilino que el Govern esperaba aprovechar.
Cabe recordar el precedente. En febrero de 2023, otro decreto del entonces Ejecutivo de coalición se salvó por un solo voto, también con Junts en posición clave. Aquella vez se logró el sí; esta vez, no. La diferencia es que entonces Junts estaba en una fase de exploración y ahora se siente obligado a marcar distancias para no diluir su perfil ante una eventual cita electoral.
La posición del PSC en este debate también merece atención: el partido de Salvador Illa apoya la línea estatal pero no quiere significarse en exceso, consciente de que la sensibilidad sobre vivienda en Catalunya es más compleja que el binomio control de precios sí o no. El president de la Generalitat ha evitado entrar al detalle del decreto, lo que en clave política se lee como un repliegue calculado.
Analizamos esta votación como el primer aviso serio de que la legislatura, en lo que respecta a vivienda, va a ser de avances parciales y no de grandes paquetes integrales. Bustinduy tendrá que rehacer estrategia. Y el Govern catalán, que esperaba complementariedad, deberá replantear cómo encaja su propio modelo sin el paraguas estatal previsto. La próxima cita relevante es la comisión bilateral Estado-Generalitat, donde la vivienda volverá a estar sobre la mesa. Sin decreto, pero con factura.
