El Institut Català de Finances (ICF), brazo financiero de la Generalitat, negocia con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo de unos 330 millones de euros para financiar la construcción y rehabilitación de cerca de 4.500 viviendas de alquiler asequible en Cataluña.
Inversión de 660 millones, cofinanciada al 50% por el BEI
La operación se enmarca en la estrategia del Govern de Salvador Illa para incrementar el parque de vivienda protegida y alcanzar 50.000 unidades en 2030. El proyecto global asciende a 660 millones de euros, de los que la mitad —330 millones— procederían del préstamo comunitario. Los recursos permitirán al ICF ofrecer financiación a largo plazo y en condiciones favorables a promotores públicos y privados que impulsen viviendas de alquiler asequible.
El BEI, un socio recurrente para la vivienda catalana
No es la primera vez que la Generalitat recurre al banco europeo. En julio de 2024, el anterior Govern de Pere Aragonès cerró una operación similar que movilizó 1.000 millones de euros, con 490 millones aportados por el BEI, para levantar 4.600 viviendas públicas de alquiler asequible. Aquella colaboración sentó las bases para la actual negociación y confirma a Europa como aliado financiero clave ante la crisis residencial.
Viviendas eficientes para un mercado tensionado
La documentación enviada al BEI advierte de que la oferta de vivienda asequible en Cataluña sigue siendo insuficiente para atender la demanda. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en el principal problema social en el área metropolitana de Barcelona, con precios de alquiler al alza. Por eso, el programa prima inmuebles con altos estándares de eficiencia energética, alineados con los objetivos climáticos europeos y con vocación de permanencia en el mercado.
La financiación europea es una palanca imprescindible para acelerar la construcción de vivienda asequible en un mercado que sigue tensionado.
El horizonte 2030: ¿meta alcanzable?
El Govern de Illa mantiene el objetivo de levantar 50.000 viviendas asequibles de aquí a 2030. Para lograrlo, necesita movilizar inversiones de varios miles de millones de euros. El préstamo del BEI representa un paso importante, pero apenas cubrirá una pequeña parte del déficit acumulado. Fuentes del ICF apuntan a que la vivienda es ya una prioridad estratégica y confían en que otras operaciones similares puedan añadirse en los próximos meses.
El reto no es solo financiero: la disponibilidad de suelo, la agilización de licencias y la colaboración del sector privado serán determinantes. Aun así, la conexión europea sitúa a Cataluña en la senda de otros territorios que han utilizado fondos comunitarios para ensanchar su oferta de alquiler social, como ya hiciera con éxito el anterior Govern.
