El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha vuelto a poner el foco en el sistema penitenciario español con un informe demoledor: 362 denuncias por malos tratos entre enero de 2024 y el primer trimestre de 2025, la mayoría concentradas en las prisiones andaluzas de Huelva, Algeciras y Puerto III. La publicación del documento llega en un momento políticamente incómodo para el Gobierno de coalición y activa dentro de Sumar el debate sobre cómo marcar perfil propio en derechos humanos sin erosionar la estabilidad del Ejecutivo.
Las cifras hablan de una tendencia al alza que ningún sector de la izquierda puede ignorar. En 2022 se registraron 247 quejas de este tipo; en 2023 ascendieron a 262 y en 2024 saltaron hasta las 281, a las que se suman 81 más en solo tres meses de 2025. Los tres centros señalados —Huelva (20 denuncias), Algeciras (17) y Puerto III (16)— concentran más del 14 % de todos los casos denunciados en los 70 centros penitenciarios del Estado. El informe documenta puñetazos, patadas, golpes con porras y métodos de tortura como la falaka, una práctica cuyo nombre vuelve a colarse en los papeles de los organismos internacionales casi cuatro décadas después de que España aboliera formalmente la tortura.
Los relatos que recoge el CPT son estremecedores. En la cárcel de Huelva, un interno en silla de ruedas denunció que el 22 de febrero de 2025 un grupo de funcionarios le propinó golpes con porras en la cabeza y el torso tras anunciar su intención de autolesionarse. Otro preso en el mismo centro describió insultos homófobos, bofetadas y porrazos el 7 de agosto de 2024. En Puerto III, un recluso relató que el 4 de marzo de 2025 diez funcionarios lo inmovilizaron y lo agredieron con puñetazos, patadas y porrazos en los pies mientras estaba esposado. En Algeciras, el 8 de diciembre de 2024 una mujer denunció haber sido golpeada repetidamente con una porra en las piernas antes de ser enviada a aislamiento.
La respuesta del Gobierno a los casos individuales oscila entre la negación de las lesiones y la justificación del uso de la fuerza. En el episodio de Huelva de febrero de 2025, el Ejecutivo sostuvo en su réplica al CPT que “las lesiones que constan en el informe médico del interno difícilmente encajan con el relato de hechos”. En el de Puerto III, se aludió a la “agitación y violencia” del interno para ordenar la intervención. Mientras tanto, los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura revelan que las cárceles señaladas arrastran déficits estructurales graves: falta de personal médico, ausencia de cámaras para registrar lesiones y una opacidad que, como recuerda la activista Marta Hornos, “genera impunidad”.
La publicación de estos datos coloca a Sumar ante una decisión delicada. La formación que lidera Yolanda Díaz no puede permitirse que la bandera de los derechos humanos la agite solo la oposición a su izquierda. El socio minoritario del Gobierno necesita demostrar que su presencia en el Ejecutivo sirve para corregir déficits históricos en el trato a las personas privadas de libertad. Pero la cuestión penitenciaria toca directamente al Ministerio del Interior, un feudo del PSOE donde las resistencias a las reformas profundas son conocidas.
El informe del CPT no es solo una denuncia: es una prueba de estrés para la coalición de gobierno en materia de derechos humanos.
Dentro del espacio de Sumar, quien lleva décadas de trabajo en este terreno es Izquierda Unida. La formación coordinada por Antonio Maíllo ha mantenido una interlocución constante con organizaciones como la Apdha y con los movimientos contra la tortura. Fuentes del grupo parlamentario confirman que IU ya prepara preguntas escritas al ministro del Interior y baraja solicitar la comparecencia de los responsables penitenciarios en la Comisión de Interior del Congreso. La intención es forzar al PSOE a que se pronuncie sin excusas sobre las recomendaciones del CPT.
El movimiento de IU es un primer paso, pero no resuelve el dilema de fondo. Si Sumar presiona en exceso, corre el riesgo de que el choque con Interior se viva como una deslealtad de coalición en un área especialmente sensible. Si no lo hace, Podemos —que quedó fuera del Gobierno y compite por el mismo espacio electoral— tendrá el argumento perfecto para acusar a la vicepresidenta de plegarse a la razón de Estado. Las cinco diputadas moradas ya han empezado a calentar el debate carcelario en sus intervenciones y es cuestión de horas que conviertan el informe del CPT en munición parlamentaria.
La Dinámica de Coalición
El equilibrio interno de Sumar se tensa porque este asunto no es un debate ideológico abstracto: es un hecho documentado que interpela directamente a un ministerio socialista. Por un lado, las confluencias —con Izquierda Unida a la cabeza junto a los comunes y Compromís— entienden que la defensa de los derechos humanos en las cárceles debe ser una seña de identidad de la coalición tanto dentro como fuera del Gobierno. Por otro, el sector más institucional de la vicepresidenta segunda sabe que cualquier gesto que se lea como una crisis con Interior debilita la imagen de estabilidad que el Ejecutivo necesita en un año con elecciones municipales y autonómicas en el horizonte.
La dimensión interna del pulso es clara: IU cuenta con dos escaños propios y un entramado organizativo que le permite articular la presión sin romper la disciplina del grupo parlamentario. El precedente más cercano es el debate sobre las devoluciones en caliente en 2024, cuando Izquierda Unida logró que el Grupo Plurinacional presentara una proposición no de ley que forzó al Ministerio del Interior a dar explicaciones. Ahora el patrón puede repetirse, aunque la materia prima es más explosiva porque el CPT es un organismo internacional y las imágenes de malos tratos suelen tener un recorrido mediático más largo. La proyección política de este caso dependerá de cómo responda el Congreso a las iniciativas que se registren en las próximas semanas: si el PSOE opta por bloquear o diluir las comparecencias, el choque escalará.
La relación con el PSOE dentro de la coalición se tensa, pero no está en juego su supervivencia. Ambos socios saben que la legislatura necesita llegar a 2027 con los presupuestos aprobados. No obstante, lo que sí está en juego es la credibilidad de Sumar como fuerza que aspira a demostrar que se puede gobernar sin abandonar los principios. El dato cuantificable —362 denuncias en 15 meses— es un peso político que ningún partido de izquierdas puede ignorar sin pagar un coste reputacional.
Ficha del Caso
- El caso: El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha publicado un informe que documenta 362 denuncias de malos tratos en las prisiones de Huelva, Algeciras y Puerto III entre enero de 2024 y marzo de 2025, con una tendencia al alza respecto a años anteriores.
- Datos importantes: El Grupo Parlamentario Sumar cuenta con 27 escaños; Izquierda Unida tiene dos diputados propios y una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos en las cárceles. El PSOE mantiene la titularidad del Ministerio del Interior. Las denuncias recogidas ascienden a 362 episodios concretos de violencia física, incluidos métodos de tortura.
- Resumen: El informe obliga a Sumar a decidir entre presionar al socio mayoritario en un área de alto voltaje político o asumir el riesgo de que Podemos capitalice la denuncia desde fuera del Gobierno. La respuesta que la coalición dé en el Congreso medirá su capacidad para marcar perfil sin desestabilizar al Ejecutivo.
