La Guardia Civil detiene a dos presuntos sicarios por la masacre de Isla Cristina, en Huelva, y ya son cinco los arrestados.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de nacionalidad extranjera a los que atribuye ser los presuntos autores materiales del tiroteo del 16 de agosto en la barriada del Rocío de Isla Cristina, donde murieron tres personas y el bebé que esperaba una de ellas.
- ¿Dónde y quién? El arresto se produjo en una finca del término municipal de San Bartolomé de la Torre, en la provincia de Huelva, y lo ejecutaron agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas planificado entre dos clanes de traficantes y confirma que el municipio costero fue escenario de una venganza, no de una reyerta improvisada.
Los presuntos sicarios se escondían en una finca de San Bartolomé de la Torre
Los dos arrestados son hombres de nacionalidad extranjera y fueron localizados en las últimas horas en una finca del término municipal de San Bartolomé de la Torre, a medio camino entre la capital y la costa. Allí podrían haberse refugiado desde la misma noche del crimen, después de abandonar la motocicleta y las armas en un monte cercano a un cámping.
De su detención se encargaron agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI), los especialistas en operaciones de alto riesgo del instituto armado. Es un dato que los investigadores subrayan: la peligrosidad que se les atribuye obligó a movilizar al grupo de élite.
La operación la coordinó la Policía Judicial de la Guardia Civil en Huelva con el apoyo del Equipo Territorial de Ayamonte, y en ella participaron efectivos del Grupo de Acción Rápida, un helicóptero y guías caninos con perros especializados. A los dos detenidos se les atribuyen tres delitos de asesinato, un delito de homicidio en grado de tentativa, un delito de lesiones graves al feto con resultado de muerte y pertenencia a organización criminal.
El tiroteo ocurrió el domingo 16 de agosto, a las diez de la noche, en plena temporada alta de verano. Dos hombres irrumpieron en la barriada del Rocío de Isla Cristina a bordo de una motocicleta de gran cilindrada y abrieron fuego en plena calle. Allí murieron María Salazar, de 39 años y embarazada de ocho meses; su madre, de 62; y un menor de 16 años ajeno a la familia. El bebé que esperaba María no llegó a nacer.
De la barriada del Torrejón a la venganza entre los Moriña y los Salazar
Los primeros tres detenidos cayeron el 8 de septiembre, en una redada con más de 80 agentes y cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital. Tenían entre 24 y 36 años y todos estaban vinculados al clan de los Moriña. La juez de instrucción de Ayamonte los envió a prisión.
Los clanes no matan solo entre ellos: cuando un ajuste de cuentas se ejecuta en la calle, el barrio entero queda marcado para siempre.
El origen del conflicto se sitúa en otro tiroteo, el de la barriada del Torrejón, ya en 2024. El principal sospechoso es conocido como El Baba, del clan de los Salazar, y la víctima fue Ramón, hermano de su ex pareja, Saray, ambos de la familia de los Moriña. El pasado 10 de septiembre se cumplieron dos años de aquella muerte, que la Guardia Civil señala como el detonante de la venganza. Los fallecidos en Isla Cristina eran, de hecho, la madre y la hermana de El Baba.
En prisión preventiva continúa El Baba, que afronta el juicio por el tiroteo del Torrejón, señalado para el próximo 16 de octubre en la Audiencia Provincial de Huelva. Aquel episodio dejó un muerto; el de Isla Cristina, tres y un bebé nonato. Entre medias, la Guardia Civil localizó el pasado 19 de agosto un rifle de guerra y una pistola que siguen siendo analizados por el Servicio de Balística.
La Lectura Andaluza
La investigación que coordina la Guardia Civil en Huelva no es un episodio aislado, sino el último capítulo de un conflicto que la provincia arrastra desde hace al menos dos años. Entre el tiroteo de la barriada del Torrejón y el de Isla Cristina median cinco detenciones, un juicio pendiente y dos familias enfrentadas, los Moriña y los Salazar, capaces de convertir la calle de un pueblo costero en un escenario de guerra.
Para los vecinos de la barriada del Rocío, las cinco detenciones no son una estadística: son la confirmación de que la noche del 16 de agosto no fue un accidente, sino un plan. En un municipio que vive de la playa y del paseo de verano, una masacre a las diez de la noche también golpea al turismo. Y golpea al pequeño comercio, a los chiringuitos y a las familias que alquilan una habitación en agosto para llegar a fin de mes.
Queda calendario judicial por delante. El 16 de octubre, la Audiencia Provincial de Huelva vuelve a examinar aquel primer tiroteo, el que muchos vecinos sitúan como el punto de partida de todo. La instrucción sigue abierta en el juzgado que envió a prisión a los tres primeros arrestados y las armas continúan en el Servicio de Balística. La única respuesta que cabe es la que dan los tribunales: pruebas, acusación y sentencia. En Isla Cristina, como en toda la costa onubense, lo único que se pide es poder cenar en la calle un domingo de agosto.
