La Casa Real hizo público el sábado un mensaje del Rey. Felipe VI seguía «con gran preocupación e indignación» los graves acontecimientos en Ceuta. El Estado debía velar por su seguridad. Los hechos no podían repetirse. Había transmitido «palabras de ánimo y firmeza» al presidente de Ceuta, al presidente de Melilla, a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo.
El comunicado se emitió desde Palma, donde el monarca está de vacaciones.
Me alegra que Felipe VI esté indignado. La crisis de Ceuta —50.000 personas entrando por la frontera del Tarajal o a nado, más de sesenta cadáveres recuperados en la costa, una tragedia humanitaria y una crisis diplomática que lleva años incubándose— merece toda la indignación del mundo. Lo que no merece ningún aplauso es que la respuesta institucional del jefe del Estado español ante la mayor crisis migratoria de los últimos años sea un comunicado de preocupación emitido desde el lugar de veraneo.
Y la pregunta que hay que hacerse no es si el Rey tiene razón en indignarse. La tiene. La pregunta es qué ha hecho en doce años de reinado para evitar que se llegara aquí. Y cuánto ha hecho esta semana, más allá de emitir el comunicado.
Lo que no ha hecho y lo que nunca ha hecho
Empecemos por el dato más revelador de todos, y que el Economista ha puesto negro sobre blanco esta misma mañana: Felipe VI nunca ha visitado Ceuta ni Melilla como jefe del Estado. Doce años de reinado. Dos ciudades españolas en el norte de África, rodeadas por un vecino que las reclama como propias, con una presión migratoria permanente y con una situación geopolítica que exige gestos de soberanía además de discursos de solidaridad. Ninguna visita oficial. Ningún gesto de esa naturaleza.
Su padre lo hizo. Don Juan Carlos y Doña Sofía visitaron oficialmente Ceuta y Melilla en 2007. Marruecos protestó, como siempre protesta. Pero la relación personal que Juan Carlos I había construido con Mohamed VI desde la infancia permitió que aquella visita no desencadenara una crisis de la magnitud de la que hemos visto esta semana. Porque había un canal. Había una relación. Había algo que los dos hombres habían acumulado durante años y que podía absorber la tensión sin que se rompiera.
Y el segundo dato: Felipe VI no ha llamado a Mohamed VI tras la tragedia. No ha habido conversación pública entre los dos jefes de Estado que teóricamente son, como señalaban los comunicados protocolarios de hace no tanto tiempo, «queridos hermanos.» No hay llamada. No hay gestión de la crisis a nivel de corona a corona. La interlocución con Marruecos ha quedado concentrada en el Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene una relación con Rabat cuyo historial de los últimos años no invita precisamente al optimismo.
Lo que su padre hacía y que él no hace
Es necesario ser preciso con Juan Carlos I, porque la precisión aquí es imprescindible para no caer en la mitología. El padre de Felipe VI construyó redes de relación con el mundo árabe que tenían una doble dimensión: una institucional, genuinamente útil para España, y otra personal que derivó en los escándalos que todos conocemos. Hay que separar las dos cosas porque confundirlas lleva a conclusiones falsas en ambas direcciones.
Lo que Juan Carlos hizo que fue objetivamente útil para España: En 1973, en plena crisis del petróleo, medió personalmente con el príncipe Fahd de Arabia Saudí para garantizar el suministro de crudo a España cuando el embargo amenazaba con paralizar la economía. La respuesta del príncipe fue inmediata: «Decid a mi hermano el príncipe Don Juan Carlos que le enviaremos todo el petróleo que España necesite.» Ese canal personal, esa red de confianza tejida durante años, valió más en aquel momento que cualquier negociación diplomática formal.
En 2011, cuando un atentado terrorista mató a dieciséis personas en Marrakech, el primer jefe de Estado que viajó a la ciudad para transmitir un mensaje de normalidad fue Juan Carlos I. No el presidente del Gobierno. No el ministro de Exteriores. El Rey. Con la rapidez y la presencia que la situación exigía y con el peso simbólico que solo una cabeza de Estado puede aportar en ese tipo de gestos.
En la relación bilateral con Marruecos, Juan Carlos I cultivó durante décadas una relación con Mohamed VI que permitió absorber tensiones que en manos de los gobiernos habrían producido crisis diplomáticas mayores. Los dos se conocían desde la infancia —Felipe VI también conoce a Mohamed VI desde niño, lo que hace aún más llamativa la ausencia de comunicación estos días—. Y cuando en 2014 Juan Carlos realizó su primer viaje oficial tras ser operado de cadera, eligió los Emiratos Árabes, Kuwait, Omán, Bahréin, Arabia Saudí y Qatar. Porque sabía que ese era el terreno donde la Corona española tenía valor añadido real.
Todo eso tenía un reverso opaco y en ocasiones corrupto que acabó por destruir su reinado. Pero la utilidad institucional de esas redes existió y fue real. Y España la perdió dos veces: primero cuando Juan Carlos la instrumentalizó para beneficio propio, y después cuando Felipe VI decidió no heredar el instrumento sino solo los títulos.
El problema del rey representativo
Desde la proclamación de Felipe VI, la interlocución quedó prácticamente concentrada en el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras el papel tradicional que había desempeñado la Corona española en la relación bilateral con Marruecos quedó notablemente reducido. Esa frase del Economista describe, con la asepsia habitual del análisis institucional, algo que en términos prácticos tiene consecuencias que estamos viendo esta semana.
El valor añadido de una monarquía constitucional en política exterior no es teórico. Es muy concreto. Un rey puede hacer lo que un presidente elegido democráticamente no puede hacer: mantener relaciones personales estables con líderes que cambian de actitud en función de quién gobierne en el país vecino. Puede construir canales de comunicación que trascienden los ciclos electorales. Puede hablar con un monarca árabe de una manera que un político elegido no puede, porque el interlocutor percibe que habla con alguien cuya continuidad no depende de las próximas elecciones generales.
Cuando en 2011 un atentado terrorista acabó con la vida de 16 personas en una cafetería de Marrakech muy frecuentada por turistas, el primer jefe de Estado que visitó esa ciudad para transmitir un mensaje de normalidad fue el Rey Don Juan Carlos. Eso es la monarquía en acción. Eso es el instrumento funcionando para lo que está diseñado.
Felipe VI no ha desarrollado esas redes. No ha cultivado ese tipo de relación con Mohamed VI con la intensidad que la historia y la geografía requerirían. No ha visitado Ceuta ni Melilla en doce años porque hacerlo supondría «un importante gesto político» —así lo describe el propio Economista— en un momento delicado. Y Felipe VI, sistemáticamente, evita los gestos políticos. Prefiere la neutralidad. La representación institucional impecable. El discurso de cohesión en los momentos de crisis interna. Las palabras de ánimo y firmeza transmitidas por teléfono a los presidentes autonómicos.
Todo eso está bien. Nada de eso es suficiente.
La indignación sin instrumentos es la confesión de la inutilidad
Hay algo más perturbador en el comunicado de la Casa Real de este sábado que la simple pasividad. Es el hecho de que Felipe VI exprese su indignación señalando que «el Estado debe velar por la seguridad» de Ceuta y Melilla. El Estado. Un concepto abstracto al que el Rey le pide que actúe mientras él, que es parte de ese Estado y que tiene instrumentos que ningún otro componente del Estado tiene, emite el comunicado desde Palma.
Una jefatura de Estado que se limita a expresar indignación y a pedir que «el Estado» actúe está admitiendo, sin decirlo, que su papel es decorativo. Que no tiene herramientas propias para intervenir en el problema que describe. Que su función es observar y opinar, no actuar. Y eso sería perfectamente comprensible si la monarquía fuera una institución estrictamente ceremonial sin ningún instrumento de política real. El problema es que la historia demuestra que sí tiene esos instrumentos. O los tenía. Y que la diferencia entre tenerlos y no tenerlos no es estructural. Es de voluntad y de trabajo.
Quejarse con autoridad moral de lo que hace el Estado exige haber hecho lo que uno podía hacer. No haber visitado Ceuta ni Melilla en doce años. No haber cultivado la relación con Mohamed VI hasta el punto de poder coger el teléfono esta semana con el peso suficiente como para que la llamada cambie algo. No haber construido en el mundo árabe las redes que permiten a un rey español ser algo más que un testigo con corona de lo que decide el Gobierno de turno.
La figura del rey Juan Carlos I desempeñó un papel diplomático personalista clave, actuando como mediador y potenciando la imagen de España para facilitar acuerdos institucionales y comerciales. Se puede discutir el «personalista» —y hay mucho que discutir ahí, empezando por los 100 millones de dólares que recibió de Arabia Saudí—. Lo que no se puede discutir es que el papel existía y que producía resultados.
Felipe VI ha elegido no desempeñar ese papel. Ha elegido la limpieza institucional sobre la eficacia relacional. Es una elección comprensible después de los escándalos de su padre. Pero es una elección que tiene un coste. Y ese coste se llama Ceuta.
Lo que debería hacer y probablemente no hará
No hace falta que Felipe VI haga nada ilegal ni discutible. Bastaría con lo básico.
Visitar Ceuta y Melilla esta semana. No mañana. Esta semana, cuando la tragedia es fresca y el gesto tiene peso. Ir a las ciudades autónomas españolas en el norte de África en el momento en que acaban de vivir la peor crisis migratoria de los últimos años es lo que hace un jefe de Estado que entiende que su presencia es un instrumento de política.
Llamar a Mohamed VI. No para ceder. No para hacer concesiones. Para tener la conversación que solo un rey puede tener con otro rey. Para existir como interlocutor en lugar de desaparecer del tablero y dejar que el único canal sea el Gobierno de Sánchez.
Y a medio plazo: construir, de una vez, las redes de relación con el mundo árabe que permitan a España tener un canal de comunicación real con sus vecinos del sur que no dependa exclusivamente de si el primer ministro de turno cae bien en Rabat.
La monarquía española tiene sentido constitucional. Tiene continuidad histórica. Y tiene, cuando se usa bien, un valor institucional real que ninguna república puede replicar fácilmente. Pero ese valor no se genera emitiendo comunicados de indignación desde Palma. Se genera haciendo el trabajo. El trabajo ingrato, silencioso, sostenido durante años, de construir relaciones que sirvan para algo cuando llega la crisis.
Felipe VI expresa su indignación. Los ceutíes expresaron la suya hace mucho tiempo. Lo que nadie ha podido expresar todavía es una solución.
Y eso, en gran medida, es porque el instrumento que podría haber contribuido a construirla lleva doce años sin usarse para eso.
