La legislatura de Pedro Sánchez vuelve a girar en torno a una variable imprevisible: el regreso de Carles Puigdemont a España. Según fuentes cercanas al expresident, el plan está ‘todo a punto’, y las fechas elegidas —el 11 de septiembre o el 1 de octubre— cargarían de simbolismo un movimiento que amenaza con reconfigurar el equilibrio parlamentario. La amnistía, aprobada con los votos del PSOE y las fuerzas independentistas, aún está recorriendo los últimos vericuetos judiciales, pero el retorno se da por hecho.
La estrategia del retorno: fechas, simbolismo y condicionantes judiciales
El entorno de Puigdemont maneja dos fechas que multiplican la carga reivindicativa: la Diada del 11 de septiembre y el aniversario del referéndum del 1 de octubre. ‘Para él, seguro que tendría mucha simbología poder hacer un regreso señalado en una fecha como el 11 de septiembre o, mejor aún, el 1 de octubre’, ha trasladado una persona del círculo del expresident a El País. La elección no es casual: busca garantizar una movilización masiva del independentismo que blinde mediáticamente su retorno y ejerza presión sobre los tribunales y el Gobierno.
Sin embargo, el calendario judicial sigue siendo el verdadero condicionante. ‘El calendario no lo decide ni el president ni Junts, el calendario está en manos de los jueces’, reconoce un alto cargo de la formación independentista. La amnistía, aunque está en vigor, todavía debe ser aplicada por los juzgados que mantienen causas abiertas contra el líder de Junts, un proceso que puede dilatarse semanas y que añade incertidumbre a los planes de Waterloo.
Cómo el regreso de Puigdemont tensa la aritmética de la legislatura
El retorno de Puigdemont no es un asunto privado: tiene consecuencias directas sobre la estabilidad del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. Junts, con sus siete escaños en el Congreso, ha sido un socio imprescindible para sacar adelante medidas clave, desde los Presupuestos hasta la ley de amnistía. La vuelta del expresident, lejos de cerrar un ciclo, podría intensificar las demandas independentistas en el tablero de la política nacional.
En Moncloa observan con cautela. La legislatura ha navegado en aguas turbulentas desde la investidura apoyándose en una mayoría heterogénea que incluye a Junts y ERC, entre otros. Cualquier gesto de desafío por parte de Puigdemont —una nueva exigencia de un referéndum, la reactivación de la vía unilateral— podría descolocar la frágil aritmética parlamentaria y forzar al PSOE a elegir entre perder votaciones o hacer concesiones que alimenten las críticas internas y de la oposición.
El calendario político agrava la situación. Septiembre trae consigo la reanudación del periodo de sesiones y la negociación de los objetivos de déficit y deuda para 2027. Junts ya ha demostrado que no dudará en tumbar iniciativas del Gobierno si no se atienden sus reivindicaciones sobre financiación singular para Cataluña. El retorno de Puigdemont podría elevar el listón de esas demandas justo cuando el Ejecutivo necesita cerrar acuerdos.
El Eje del Poder Socialista
Para la dirección federal del PSOE, el retorno de Puigdemont es un desafío de equilibrista. Por un lado, debe mantener la apuesta por la normalización institucional en Cataluña que ha defendido el PSC de Salvador Illa; por otro, necesita los votos de Junts para sostener la legislatura. Ferraz apuesta por la estabilidad, pero asume que los próximos meses serán de alta fricción. Fuentes del partido admiten que la estrategia pasa por ‘encajar los golpes’ sin perder el control de la agenda social y económica, que es donde el Gobierno se juega su credibilidad.
En el frente territorial, el impacto es directo. La vuelta de Puigdemont refuerza el discurso independentista y coloca al PSC, socio del PSOE y partido de gobierno en la Generalitat, en una posición delicada. Illa ha apostado por la distensión y la defensa de la financiación autonómica, pero el relato del retorno puede movilizar al electorado soberanista y presionarle a marcar distancias con Moncloa. Los barones socialistas, con Emiliano García-Page a la cabeza, observan con recelo cualquier concesión adicional al independentismo.
Hay un precedente que sirve de advertencia: la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, que estuvo al borde del naufragio por las exigencias de Junts. El contexto actual es aún más volátil, porque añade el factor emocional del regreso físico de Puigdemont y la presión de una oposición que agita el miedo a la ruptura de España. El PP ya ha anunciado que utilizará el retorno como ariete contra Sánchez, mientras Vox redobla su discurso anticonstitucional.
La principal amenaza para el Gobierno no es solo perder una votación puntual; es que se instale la imagen de un ejecutivo rehén de un independentista que regresa a la primera línea política. La legislatura está diseñada para durar hasta 2028, pero la cintura de Ferraz y la capacidad del GPS en el Congreso para tejer acuerdos con los distintos grupos se pondrán a prueba cada semana. El presidente Sánchez deberá elegir entre ceder o poner en riesgo su propia agenda si quiere llegar al final del mandato sin un adelanto electoral forzado.
El retorno de Puigdemont no es solo una cuestión judicial: es un órdago político que puede redefinir la agenda de la legislatura.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La legislatura es estable y el Gobierno seguirá centrado en la agenda social pese a los condicionantes externos.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Inicio del periodo de sesiones en septiembre, con la negociación de los objetivos de déficit y la presión parlamentaria de Junts.
