EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno ha aplazado a septiembre el decreto que regula los alquileres temporales y por habitaciones, una medida impulsada por Sumar y bloqueada por Junts y Podemos con exigencias contrapuestas.
- ¿Quién interviene? La negociación enfrenta al PSOE, que aceptó la medida a regañadientes, con Junts, que reclama exenciones fiscales, y Podemos, que pide ir más allá en la protección al inquilino.
- ¿Qué importa? La regulación es la principal promesa de vivienda de Sumar y su bloqueo evidencia la extrema complejidad de la aritmética parlamentaria.
Sumar ve aplazada a septiembre su principal promesa de vivienda, la regulación de alquileres temporales, por el bloqueo de Junts y Podemos. El decreto que el Gobierno quería convalidar en julio ha quedado congelado hasta la vuelta del verano, en una negociación que testa los límites de la coalición.
El borrador, elaborado por el Ministerio de Vivienda, incluye la equiparación de los arrendamientos de temporada y por habitaciones a la vivienda habitual, con una duración máxima de doce meses para los primeros y un mínimo de cinco años para los segundos. También endurece la fiscalidad de los pisos turísticos y recupera la moratoria antidesahucios que el PP, Vox y Junts tumbaron en febrero. Pero el texto ha chocado con dos muros muy distintos.
Junts reclama exenciones fiscales para inquilinos y propietarios con hipoteca y medidas que agilicen los desahucios; Podemos, en cambio, exige que la protección al inquilino sea aún más ambiciosa y que no se ceda a las demandas de los independentistas. El resultado de esa pinza es un texto paralizado, con Sumar en el centro de la diana: fue la formación quien impulsó la proposición de ley original en julio de 2024 y quien más capital político ha invertido en esta batalla.
La medida estrella del decreto y su recorrido parlamentario
El decreto incluye la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan en 2026, 2027 y la primera mitad de 2028, una medida que el PSOE solo aceptó a regañadientes en el primer decreto de vivienda, que fue tumbado a finales de mayo por el PP, Vox y Junts. Los socialistas la han reintroducido al detectar señales de que los independentistas podrían aceptarla a cambio de sus contrapartidas fiscales.
Lo que no se ha movido es la regulación de temporales y habitaciones, congelada desde noviembre de 2024 en su penúltima etapa parlamentaria. El Gobierno pretende ahora rescatarla por la vía del decreto: duración máxima de doce meses para los contratos de temporada, con justificación de la temporalidad; y para las habitaciones, aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que impone un mínimo de cinco años de contrato y restringe la entrada sin aviso del casero.
La pinza entre Junts y Podemos no es táctica: expresa las dos almas que hacen imposible gobernar en minoría sin ceder en direcciones opuestas.
El fuego cruzado entre los socios de investidura
El aplazamiento a septiembre es el reconocimiento tácito de que la legislatura de la vivienda, tantas veces invocada por el presidente Pedro Sánchez, sigue atrapada en una aritmética parlamentaria que obliga a negociar con partidos que pisan terrenos irreconciliables. Para Sumar, la regulación de los temporales es la joya de la corona de su pacto de coalición, y el bloqueo actual reactiva los debates internos sobre hasta dónde ceder ante el PSOE y los partidos independentistas.
La formación liderada por Yolanda Díaz impulsó en julio de 2024, junto a Podemos, ERC, Bildu y BNG, una proposición de ley para equiparar los arrendamientos de vivienda habitual con los temporales y por habitaciones. Aquel texto fue rechazado por Junts, PP y Vox, pero la polémica obligó a presentar uno nuevo tres meses después. El segundo intento sigue atascado en el Congreso desde noviembre.
Ese atasco es sintomático. Sumar necesita demostrar a sus bases que la entrada en el Gobierno no ha diluido su capacidad de influir en las políticas de vivienda. Pero la realidad parlamentaria obliga a buscar votos donde no hay sintonía ideológica, y el PSOE prefiere esperar a septiembre antes que forzar una derrota en el Congreso. La lectura que hacemos es que el verano será una negociación a tres bandas con Sumar como mediador incómodo entre su socio de coalición y los partidos que pueden tumbar o salvar el decreto.
La Dinámica de Coalición
Dentro de Sumar, el aplazamiento activa dos conversaciones paralelas. La primera, sobre el equilibrio de fuerzas con el PSOE: el Ministerio de Vivienda ha cedido en los tiempos pero no en el fondo de la regulación, lo que permite a la formación defender que la propuesta sigue viva. La segunda es más delicada: ¿hasta qué punto la negociación con Junts puede desvirtuar una medida que nació para proteger al inquilino? Las confluentes, especialmente Catalunya en Comú, observan con atención cualquier concesión a los independentistas catalanes en materia de desahucios.
Para el PSOE, el decreto es una línea roja que solo aceptó por las presiones de Sumar en el pacto de coalición. Los socialistas preferirían limitar el alcance de la regulación de temporales y centrarse en las medidas fiscales y la prórroga de contratos, pero necesitan que Sumar mantenga la cohesión interna para que el acuerdo no se convierta en una victoria pírrica. La dinámica de la coalición se juega en el filo: si el decreto se aprueba en septiembre, habrá sido gracias a una cesión mutua; si cae, la credibilidad de Sumar en su principal bandera quedará tocada.
La proyección inmediata sitúa el mes de agosto como un hervidero de contactos entre el Gobierno y los grupos parlamentarios. Sumar ya ha anunciado que mantendrá reuniones con los movimientos sociales por la vivienda, que fueron quienes vehicularon la primera proposición de ley en 2024, para reforzar la legitimidad de la propuesta. La vuelta al Congreso en septiembre medirá, por tanto, no solo la capacidad de negociación del Ejecutivo, sino la propia consistencia del proyecto político de Sumar dentro de la coalición.
Ficha del Caso
- El caso: El Gobierno aplaza a septiembre el decreto de alquileres temporales y por habitaciones, bloqueado por las exigencias contrapuestas de Junts y Podemos. Sumar, impulsor principal de la regulación, queda emplazado a renegociar su principal promesa de vivienda.
- Datos importantes: El decreto incluye la prórroga de contratos de alquiler que vencen en 2026-2028, la regulación de temporales (máximo 12 meses con justificación) y de habitaciones (mínimo 5 años), y un IVA del 21% para pisos turísticos en municipios de más de 10.000 habitantes. La proposición de ley original de Sumar data de julio de 2024 y su tramitación está congelada desde noviembre del mismo año.
- Resumen: El bloqueo actual evidencia la fragilidad parlamentaria del Gobierno de coalición y la dificultad de aprobar medidas de vivienda sin ceder ante demandas contradictorias. El futuro del decreto en septiembre definirá la capacidad de influencia real de Sumar en la legislatura.
