Salvador Illa se acerca a los dos años al frente de la Generalitat con una fotografía que refleja dos caras de una misma moneda. Por un lado, el president exhibe una fortaleza política inédita en Cataluña desde el procés, apuntalada por hitos como la visita del Papa León XIV o la inminente aprobación de los presupuestos autonómicos para 2026. Por otro, acumula un reguero de problemas de gestión —la enquistada huelga de docentes, los cuellos de botella en sanidad y movilidad— que amenazan con empañar el ecuador de una legislatura que el PSC afronta, de momento, sin oposición interna ni externa de calado.
Illa blinda su poder político
En el plano político, el balance es abrumadoramente favorable. La exitosa visita del pontífice a Barcelona, cubierta con una puesta en escena cuidadosamente orquestada por el Govern, ha proporcionado a Illa una victoria simbólica de primer orden. Salvador Illa capitalizó en solitario el acontecimiento, reforzando el relato de una Cataluña posprocés que mira al futuro sin concesiones al independentismo. El eco de los vítores a Pedro Sánchez en la Sagrada Familia otorgó, además, un balón de oxígeno a Moncloa en plena tormenta judicial.
A esa foto se suma un logro parlamentario nada desdeñable: la Generalitat prevé tener aprobados sus presupuestos a principios de julio. Illa ha logrado tejer un acuerdo con ERC y los Comunes, los mismos socios que hasta ahora evitaban formalizar un tripartito pero que esta misma semana han bloqueado una comparecencia del president en el Parlament para dar explicaciones por la huelga de profesores. Un movimiento que, por primera vez, materializa en el hemiciclo la mayoría que sostiene al Govern y que deja a Junts sin capacidad de maniobra.
Los frentes de gestión que lastran al Govern
Sin embargo, la pata de la gestión ofrece un contraste áspero. La huelga de profesores se ha enquistado y se prolongará durante el próximo curso. Ustec, el sindicato mayoritario entre el colectivo, cerró un preacuerdo con el Departament d’Educació, pero las bases lo tumbaron y la negociación ha quedado descabezada. Ahora las asambleas las controlan CGT y la Intersindical, con estrategias que poco tienen que ver con las condiciones laborales y mucho con una pulsión política que fantasea con reactivar el procés desde las aulas. La dimisión de la consellera Esther Niubó se ha convertido en la nueva línea roja de los paros.
La situación educativa catalana arrastra una emergencia de fondo que los sindicatos mezclan con las reivindicaciones salariales. Los resultados del informe PISA, cuando se publiquen, volverán a situar a Cataluña a la cola, pero ni una sola palabra sobre la sexta hora o sobre las pedagogías impuestas hace dos décadas asoma en las mesas de negociación. Un desacople que hipoteca la capacidad de respuesta del Govern.
Illa ha conseguido lo que Moncloa aún persigue: un presupuesto estable y un relato propio que desactiva el desafío independentista.
Los problemas no se limitan a la educación. Rodalies sigue padeciendo las mismas ineficacias de siempre, la sanidad pública registra protestas crecientes de los médicos y el despliegue de renovables avanza a un ritmo muy por debajo de los objetivos fijados. El plan de vivienda de la Generalitat, la apuesta estrella del president, sí avanza sobre el terreno, pero los resultados visibles no llegarán hasta dentro de cuatro años. Mientras tanto, el control de alquileres que han impuesto los Comunes ya está estrangulando la oferta y provocando una caída en picado del mercado.
El Eje del Poder Socialista
La lectura estratégica que emerge del balance de Illa revela un modelo de gestión socialista adaptado a la era posprocés. El president ha entendido que su principal activo es la estabilidad institucional y la capacidad de pacto, dos cualidades que contrastan tanto con la parálisis del independentismo como con las turbulencias que rodean a Moncloa. Ha construido un dique de contención frente a Junts, ha domesticado a ERC y ha logrado que los Comunes le presten una coartada parlamentaria sin exigir, de momento, una cuota de poder en el Consell Executiu.
En el tablero territorial, este equilibrio sirve a Ferraz. Un Illa fuerte y con presupuestos propios ofrece al PSOE un espejo autonómico de lo que el Gobierno de Sánchez no puede exhibir en Madrid: estabilidad presupuestaria y un relato creíble de normalización. Además, el control de los resortes administrativos de la Generalitat permite al PSC pilotar con cierta autonomía asuntos tan sensibles como la financiación autonómica, donde Illa necesita el respaldo de Moncloa pero también puede marcar el paso.
El riesgo, y no es menor, estriba en que los problemas de gestión se conviertan en un arma arrojadiza contra el modelo socialista de poder territorial. La huelga de profesores desgasta a la consellera y, por extensión, al Govern, mientras la oposición empieza a construir un relato de «gestión fallida» que, aunque hoy apenas araña la imagen de Illa, puede erosionar el capital político acumulado si el conflicto se enquista hasta las próximas elecciones sindicales. El plan de vivienda, por el contrario, actúa como contrapeso estratégico: si logra desplegarse sin contratiempos, ofrecerá resultados tangibles en la segunda mitad de la legislatura y blindará el perfil social del ejecutivo.
La mayoría que sostiene al Govern es frágil, pero Illa ha demostrado saber administrarla con una mezcla de concesiones presupuestarias y gestos simbólicos que, hasta ahora, mantienen a raya tanto a sus socios como a la oposición. La verdadera prueba de fuego llegará cuando los problemas de gestión dejen de ser una incomodidad pasajera y se conviertan en una losa que lastre la acción de gobierno. Si eso ocurre, el margen para nuevas concesiones será mínimo y el equilibrio se tambaleará.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El socialismo catalán demuestra que la estabilidad institucional y el pacto son las claves para desbloquear una agenda de progreso tras el procés.
- Protagonista: Salvador Illa (presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC).
- Próximo hito: Aprobación definitiva de los presupuestos de la Generalitat para 2026, prevista para principios de julio.
