Vox ha encontrado en la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones en Ceuta, conocida este 1 de agosto, un nuevo argumento jurídico para reforzar su ofensiva contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. El fallo diferencia entre el rechazo en frontera —aplicable a quienes saltan la valla— y las devoluciones en caliente —para quienes llegan a nado—, una distinción que la formación de Santiago Abascal interpreta como un aval a sus tesis sobre control fronterizo.
La lectura de Vox: el Supremo respalda la expulsión inmediata
Fuentes de la dirección nacional de Vox consultadas por Moncloa.com subrayan que la sentencia desmonta el discurso “buenista” del Ejecutivo y da cobertura legal a las expulsiones inmediatas, siempre que se respeten las garantías de la Ley de Extranjería. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal dejó claro que a quienes cruzan a nado desde Marruecos no se les puede aplicar la disposición adicional décima de dicha ley, pero sí el procedimiento de devolución en las 72 horas siguientes, tal y como recoge la propia norma. Para Vox, este matiz es clave: demuestra que la legislación actual permite actuar con firmeza si hay voluntad política.
El fallo da la razón a un ciudadano argelino que llegó a nado a territorio ceutí, al considerar que no se le podía aplicar el rechazo fronterizo —previsto para obstáculos físicos—, pero en ningún caso cuestiona la potestad del Estado para expulsar a quienes entran irregularmente. Desde el partido se insiste en que “el problema no es la ley, sino la inacción del Gobierno”, y se emplaza al presidente Sánchez a ordenar devoluciones masivas y a dejar de culpar a los jueces o a la oposición de la actual crisis migratoria.
Presión parlamentaria y reacción del Gobierno
El Grupo Parlamentario VOX prepara ya varias iniciativas en el Congreso para forzar un debate monográfico sobre inmigración antes de que acabe el verano. La portavoz en la Cámara Baja, Pepa Millán, ha avanzado que exigirán al Gobierno que detalle cuántas devoluciones se han ejecutado desde la sentencia y qué instrucciones ha dado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo es retratar al Ejecutivo y, de paso, tensar al PP, cuyo discurso en esta materia sigue siendo, a juicio de los estrategas de Vox, excesivamente ambiguo.
El Gobierno, por su parte, ha tratado de desvincular la entrada masiva de migrantes de la resolución judicial, atribuyéndola a una crisis política con Marruecos. La abogada Patricia Fernández Vicens, de la Coordinadora de Barrios, ha negado también que la sentencia fuera la causa del repunte migratorio, aunque sí admite que su “desafortunada” redacción ha alimentado bulos sobre una supuesta garantía de arraigo automático al pisar suelo ceutí. La contradicción del Ejecutivo es evidente: por un lado, acusa a los tribunales de generar un efecto llamada; por otro, asegura que la sentencia no influye en las llegadas.
La decisión del Tribunal Supremo podría revisarse en un pleno monográfico, según apuntan algunos juristas. De producirse, Vox confía en que se consolidaría una doctrina más favorable al control fronterizo. Mientras tanto, la formación de Abascal utiliza el fallo para reclamar un giro inmediato en la política migratoria y responsabiliza al presidente Sánchez de cada nuevo caso de colapso en los centros de acogida de Ceuta.
La sentencia del Supremo ofrece a Vox un argumento jurídico de peso para reclamar un giro inmediato en la política migratoria del Gobierno.
Una ventana estratégica en pleno debate migratorio
El movimiento de Vox trasciende la coyuntura inmediata. Al capitalizar el fallo judicial, la formación refuerza su perfil como única fuerza que defiende sin fisuras la expulsión de quienes no cumplen con las condiciones legales de entrada. Tras la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP en varias comunidades autónomas —precisamente por diferencias en la acogida de menores inmigrantes—, el partido necesita mantener esa línea de tensión estratégica. La sentencia le brinda munición para recordar a los populares que su discurso tibio en inmigración los coloca en una posición incómoda ante un electorado cada vez más sensible a la seguridad y al orden público.
Con la vista puesta en los próximos ciclos electorales, Vox ha decidido hacer de la inmigración su principal ariete contra el Gobierno y contra el PP. Si el Ejecutivo no ejecuta devoluciones masivas, el partido de Abascal podrá acusarlo de incumplir la ley y de anteponer una supuesta corrección política a la defensa de las fronteras, una línea de ataque que ya ha demostrado eficacia en las urnas. La sentencia del alto tribunal, lejos de cerrar el debate, lo reabre en un momento de máxima ebullición social y política en torno a las costas de Ceuta.
