El panorama energético español se encuentra en una encrucijada determinante donde la ideología y la técnica libran una batalla por el control del interruptor nacional. En este contexto, el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado una visita estratégica a la central nuclear de Ascó, en la provincia de Tarragona, para marcar una línea roja clara frente a la hoja de ruta del actual Ejecutivo.
Con la mirada puesta en la estabilidad del sistema y el bolsillo de los ciudadanos, el dirigente popular ha lanzado una advertencia severa sobre las consecuencias de un apagón nuclear prematuro, vinculándolo directamente con un incremento insostenible en el precio de la electricidad y un riesgo real para la continuidad del suministro en todo el territorio nacional.
Durante su intervención, Feijóo no solo ha defendido la vigencia de esta tecnología, sino que ha elevado su propuesta a un compromiso de Estado que trasciende las fronteras catalanas. Para el líder del PP, la transición ecológica no puede entenderse sin la coexistencia de fuentes que garanticen potencia firme, subrayando su “Sí a la energía limpia” como un eje vertebrador de su futura política económica. La visita a las instalaciones tarraconenses ha servido de escenario para denunciar lo que considera una gestión negligente que ha llevado a España a situaciones críticas de desabastecimiento en el pasado reciente.
La extensión de la vida útil como garantía frente al caos eléctrico
La propuesta central del Partido Popular reside en la necesidad imperiosa de extender la vida útil de las centrales nucleares en el conjunto del país. Feijóo sostiene que esta medida debe ejecutarse de una manera que sea funcional para el sistema, definiéndola como una estrategia que debe ser llevada a cabo «de forma coherente, razonable y técnicamente blindada”. Esta postura no es una concesión puntual a un sector o región, sino una declaración de intenciones global: “Mi compromiso no es sólo para Cataluña, es para toda España. Ni por territorios, ni a cambio de investiduras, ni a cambio de chantajes”, ha aseverado con contundencia frente a los medios de comunicación.
La argumentación técnica de Feijóo se apoya en la vulnerabilidad que, a su juicio, ha demostrado el sistema energético español bajo la dirección de Pedro Sánchez. Al cumplirse un año del grave apagón que afectó a diversas zonas del país, el líder popular ha recordado las trágicas consecuencias de aquella crisis, mencionando incluso la pérdida de vidas humanas y el “ridículo internacional” que supuso la caída del sistema.
En su crítica, ha señalado directamente la falta de asunción de responsabilidades por parte de las cúpulas políticas, citando a la presidenta de Red Eléctrica, a la exministra Teresa Ribera, a la actual ministra Sara Aagesen y al propio presidente del Gobierno.
Para Feijóo, la opacidad informativa ha sido la tónica dominante en la gestión de las crisis energéticas. Según sus declaraciones, el Gobierno fue consciente desde el primer momento de que la ausencia de energía nuclear fue uno de los detonantes clave del apagón del año pasado, una realidad que, según denuncia, se intentó ocultar deliberadamente a la opinión pública.
La analogía utilizada por el político gallego es demoledora: “El apagón democrático que sufrimos en España es similar al apagón eléctrico”. Bajo esta premisa, advierte de que la improvisación puede conducir a escenarios de extrema gravedad donde “puede pasar cualquier cosa: nos podemos quedar sin luz, se puede morir la gente, los hospitales necesitan los sistemas de regeneración y aquí nadie asume ninguna responsabilidad».
El coste de la ideología en el recibo de la luz y el medio ambiente
Uno de los pilares del discurso de Feijóo en Ascó ha sido el impacto económico directo que la política energética tiene sobre las familias españolas. Las cifras aportadas por el presidente del PP dibujan un escenario de precariedad creciente, señalando que desde que Sánchez accedió a la presidencia, “la electricidad ha subido un 65%”.
Este incremento no es solo un dato estadístico, sino una realidad social que se traduce en que el número de hogares con dificultades para mantener una temperatura adecuada en sus viviendas haya crecido un alarmante 75%. La desconexión de la energía nuclear, según el líder popular, solo serviría para agravar esta tendencia inflacionista.
Feijóo es tajante al vincular la permanencia de las nucleares con la contención de precios y la soberanía energética: “si desconectamos la nuclear, habrá más apagones; si desconectamos la nuclear, subirá el precio de la energía”. En este sentido, defiende que la tecnología atómica es, en la actualidad, “una gran aliada de la transición energética” y que su eliminación del mix nacional obligaría a España a depender más del gas y de proveedores externos, aumentando inevitablemente las emisiones contaminantes.
Según sus palabras, “cerrar estas centrales supondría más emisiones, más gas y más dependencia energética del exterior”, algo que choca frontalmente con los objetivos de descarbonización.
El líder del Partido Popular ha querido alejar este debate de la confrontación política para situarlo en el terreno del pragmatismo científico. Para él, “ningún país que quiera reducir las emisiones de CO2 de su sistema eléctrico puede prescindir de la energía nuclear, la hidroeléctrica o la renovable. Esto no es ideología, esto es tecnología. Y por eso Europa lo ha entendido”.
Bajo esta visión, tacha de temeridad cualquier intento de privar al país de energías firmes en un momento de incertidumbre global, sentenciando que “privar al país del apagón de energías firmes y limpias para combatirlo es una temeridad”.
Empleo rural y la gestión de los recursos públicos bajo lupa
Más allá de la seguridad de suministro, la visita a Ascó ha puesto el foco en la vertiente social y laboral de la industria nuclear. Las plantas de Ascó y Vandellós no son solo infraestructuras energéticas, sino motores económicos que generan 2.000 empleos directos en zonas que luchan contra la despoblación.
Feijóo ha criticado la incoherencia de las políticas gubernamentales que, por un lado, lamentan el vacío de la España rural y, por otro, amenazan el sustento de miles de familias en estas comarcas. “Es hipócrita llevarse las manos a la cabeza por la despoblación de las zonas rurales y después cerrar las industrias que fijan población y dan empleo en esas zonas”, ha manifestado, recordando que alargar la operatividad de estas plantas diez años más supondría un ahorro estimado de 5.400 millones de euros para el sistema eléctrico catalán.
Esta crítica a la gestión sectorial se ha extendido a una enmienda a la totalidad del modelo de servicios públicos y fiscalidad del Gobierno. Feijóo ha canalizado el malestar social afirmando que “los ciudadanos están hartos de pagar impuestos propios de los países nórdicos y recibir servicios públicos de países tercermundistas.
Estamos hartos de pagar cada vez más y vivir cada vez peor”. Al ser cuestionado sobre el destino de la recaudación fiscal ante el deterioro de las prestaciones públicas, el presidente del PP ha sido directo: «Está en propaganda, en centenares de asesores, en ayudas que no se controlan y, lamentablemente, en corrupción».
Finalmente, el líder popular ha vinculado esta «decadencia» con otras políticas intervencionistas, como el decreto de alquileres del Ejecutivo. Feijóo ha anticipado su rechazo a esta normativa argumentando que, lejos de ayudar, está provocando un encarecimiento del mercado tanto en compra como en alquiler, con subidas que oscilan entre el 50% y el 60%.
Su alternativa se basa en la oferta y la estabilidad: “Votar a favor de que sigan incrementándose los precios, eso se lo dejamos al Gobierno. Votar a favor de disminuir los precios construyendo más y dando más seguridad jurídica, eso es lo que va a defender el Partido Popular”. Con este mensaje, Feijóo cierra un círculo de propuestas que busca posicionar al PP como la opción de la gestión técnica y el alivio fiscal frente a lo que denomina la «temeridad» del actual Gobierno.
