La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra ha provocado un terremoto político, judicial y mediático que va mucho más allá del propio expresidente socialista.
La investigación abierta en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental ha puesto bajo el foco no solo las actividades económicas desarrolladas por Zapatero tras abandonar La Moncloa, sino también el crecimiento patrimonial de su entorno familiar, las conexiones empresariales construidas durante la última década y el papel de sus hijas en el mundo de la comunicación y los negocios digitales.
El juez José Luis Calama sostiene en su auto que el expresidente y personas de su entorno habrían recibido presuntamente cerca de 1,95 millones de euros entre 2020 y 2025 relacionados con la trama investigada alrededor del rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia.
Las sombras de la investigación
Alrededor de la investigación también sobrevuelan importantes sombras y dudas jurídicas que explican por qué una parte de la izquierda observa el caso con cautela. Aunque la imputación de Zapatero se apoya en indicios relevantes —los pagos recibidos desde Análisis Relevante, las conversaciones internas de Plus Ultra o la estrecha relación con Julio Martínez—, la instrucción presenta también algunos puntos débiles y elementos discutibles.
Uno de ellos afecta directamente a la actividad de Análisis Relevante. El juez y la UDEF sostienen que la sociedad funcionaba como una estructura instrumental para canalizar pagos presuntamente irregulares. Sin embargo, existen evidencias de que la empresa sí desarrolló cierta actividad real como consultora de asuntos públicos, organizando jornadas, encuentros y trabajos de análisis político y económico con perfiles ideológicamente diversos.
Más endeble parece aún, hasta el momento, la conexión entre Zapatero y la presunta sociedad offshore en Dubái utilizada para cobrar comisiones. Por ahora, el principal indicio conocido es una coincidencia temporal entre una reunión del expresidente con Julio Martínez y posteriores gestiones relacionadas con la constitución de esa empresa.
Todo ello no invalida la investigación, pero sí explica por qué algunos observadores consideran prematuro presentar a Zapatero como culpable antes de que existan pruebas concluyentes o declaraciones judiciales más sólidas.
Aumento patrimonial, explicado en parte con la compraventa de inmuebles
Aunque el procedimiento continúa en fase de instrucción y no existe condena alguna, el caso ha reactivado el debate sobre la red política, empresarial y mediática tejida por Zapatero desde su salida del poder. Uno de los aspectos que más atención ha generado es el espectacular incremento patrimonial de la familia Zapatero-Espinosa en los últimos años.
Cuando abandonó la presidencia del Gobierno en 2011, el entonces líder socialista declaraba un patrimonio inmobiliario relativamente modesto: apenas 37.258 euros vinculados a una parcela en León. Su patrimonio total rondaba entonces los 209.000 euros.
Catorce años después, el escenario es radicalmente distinto. Según distintas estimaciones inmobiliarias y registros patrimoniales, el valor de los inmuebles vinculados a la familia supera ampliamente los tres millones de euros. El crecimiento coincide temporalmente con la intensificación de las actividades internacionales de Zapatero, especialmente como mediador político y asesor en América Latina, China y distintos foros empresariales.
Uno de los primeros grandes movimientos inmobiliarios llegó en 2017, cuando adquirió un chalet de lujo en la urbanización Famara Bungalows, en Lanzarote. La vivienda, situada prácticamente frente al mar, está valorada en más de 1,2 millones de euros y dispone de piscina, jardines y amplias terrazas en una de las zonas más exclusivas de la isla.
Dos años después, en 2019, Zapatero compró el chalet de alto standing en Aravaca donde llevaba tiempo residiendo de alquiler. La operación se cerró por unos 800.000 euros, aunque distintas valoraciones inmobiliarias situaban el precio real del inmueble cerca de los 2,1 millones. La vivienda contaba con casi 400 metros cuadrados, piscina privada y acabados de lujo en una urbanización de alto nivel adquisitivo.
La propiedad fue vendida posteriormente en enero de 2025 con una importante plusvalía inmobiliaria. Poco después, la familia se trasladó a una exclusiva vivienda en Las Rozas valorada en torno a dos millones de euros y equipada con fuertes medidas de seguridad, jardín, piscina y casa de invitados.
Pero el foco judicial y mediático no se limita únicamente al patrimonio inmobiliario. La investigación también ha situado bajo el microscopio las actividades profesionales de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, responsables de la agencia de comunicación y marketing digital What The Fav.
La empresa, fundada en 2019 por Laura Rodríguez Espinosa y posteriormente dirigida junto a su hermana Alba, logró crecer rápidamente en apenas unos años. Especializada en comunicación digital, e-sports y contenidos audiovisuales, la consultora llegó a facturar cerca de medio millón de euros anuales y en 2024 sus fundadoras se repartieron más de 124.000 euros en dividendos.
Sin embargo, la aparición de What The Fav en distintas diligencias del caso Plus Ultra ha multiplicado la presión sobre el entorno familiar del expresidente. Según el auto del juez Calama, la empresa habría recibido 239.755 euros de Análisis Relevante S.L., considerada una de las sociedades clave de la supuesta trama investigada. Precisamente en medio de ese creciente escrutinio, What The Fav eliminó recientemente de su página web el listado público de clientes con los que había trabajado en los últimos años.
La decisión llamó especialmente la atención porque entre las compañías borradas figuraban nombres con importantes conexiones políticas y empresariales. Uno de los más relevantes era Huawei.
La tecnológica china llevaba años intentando reforzar su influencia institucional y empresarial en España en pleno contexto de tensiones geopolíticas internacionales sobre ciberseguridad y control de infraestructuras estratégicas.
Durante los últimos años, Huawei estuvo rodeada de polémica por distintos contratos públicos adjudicados por administraciones españolas. El Ministerio del Interior llegó a contratar sistemas tecnológicos vinculados a interceptaciones judiciales, mientras que otro proyecto relacionado con Defensa terminó cancelándose tras advertencias procedentes de Estados Unidos.
Las conexiones de Zapatero
Otro de los clientes desaparecidos de la web de What The Fav fue Grupo AGEM, la compañía presidida por Pedro Hermosilla. El empresario mantiene una estrecha relación desde hace años con antiguos miembros del Gobierno socialista, especialmente con el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos.
La relación entre Hermosilla y el Ejecutivo de Zapatero alcanzó notoriedad pública en 2009, cuando el empresario fue detenido en Cuba acusado de cohecho y vulneración de contratos estatales. Moratinos intervino personalmente para facilitar su liberación y regreso a España. Desde entonces, Grupo AGEM consolidó negocios internacionales en mercados estratégicos como Angola y Guinea Ecuatorial, países donde el Gobierno socialista impulsó importantes relaciones diplomáticas y comerciales durante aquella etapa.
Pero el ecosistema construido alrededor de Zapatero no ha sido únicamente político o empresarial. También existe un importante componente mediático. What The Fav trabajó igualmente para grupos de comunicación y plataformas audiovisuales como Público, ElPlural, El Español, La Razón o Neox Games, la división de entretenimiento digital vinculada a Atresmedia.
Ese vínculo mediático resulta especialmente relevante porque buena parte de la batalla política alrededor de Zapatero se está librando precisamente en el terreno informativo. Mientras algunos medios mantienen posiciones muy críticas con el expresidente, otros han mostrado prudencia respecto a la investigación judicial.
Las conexiones de las hijas de Zapatero con el mundo audiovisual vienen además de lejos. Laura Rodríguez Espinosa desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el sector televisivo y digital. Trabajó como becaria elaborando contenidos audiovisuales y posteriormente pasó por Real Madrid TV, y la agencia Noho Comunicación. Su recorrido profesional también terminó conectando con Mediapro, uno de los grandes grupos audiovisuales beneficiados durante la profunda transformación mediática producida en la etapa de Zapatero en La Moncloa.
Aquellos años estuvieron marcados por decisiones de enorme impacto en el mercado audiovisual español, como la eliminación de la publicidad en RTVE o el nacimiento de La Sexta, impulsada en torno al ecosistema empresarial de Mediapro y otros grupos cercanos al nuevo clima político del momento. Mientras tanto, Alba Rodríguez Espinosa desarrolló un perfil más artístico y digital. Probó suerte como actriz, fotógrafa y creadora de contenidos, además de estudiar Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas en la Universidad Europea de Madrid antes de incorporarse a What The Fav como administradora y directora ejecutiva.
En marzo de este año, el propio Zapatero admitió públicamente en una entrevista en Onda Cero que firmó un acuerdo con Análisis Relevante imponiendo que sus hijas realizasen trabajos para la empresa de Julio Martínez Martínez, considerado una de las piezas clave de la presunta trama investigada alrededor de Plus Ultra.
La UDEF sospecha que parte de esos movimientos económicos podrían haberse canalizado mediante trabajos simulados o informes ficticios utilizados como cobertura formal de determinadas operaciones financieras. Esas sospechas afectan directamente a varias sociedades investigadas, incluida What The Fav.
Pese al creciente ruido político y judicial, Zapatero insiste en que todas sus actividades económicas son legales y están declaradas fiscalmente. El expresidente sostiene además que buena parte de sus labores institucionales y de mediación internacional se desarrollan sin contraprestación económica.
