Chipre rechaza los recortes de los frugales: la negobox no toca ni la PAC ni la cohesión
Chipre, como país al frente de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha terminado semanas de consultas bilaterales con los embajadores de los Veintisiete y finaliza en estos días la denominada negobox —el borrador de asignación presupuestaria con cifras concretas para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, el presupuesto común a siete años de la Unión. Según cuatro fuentes diplomáticas citadas por POLITICO, Nicosia se dispone a rechazar las exigencias de Alemania y Países Bajos de recortar de forma sustancial las partidas de la Política Agrícola Común (PAC) y los fondos de cohesión, las dos políticas que más benefician a los países del sur y del este de la UE.
La propuesta chipriota, que se hará pública antes del 10 de junio, mantiene casi intactos los subsidios a agricultores y pescadores, así como los pagos regionales a los Estados miembros con menor renta. En lugar de tijeretazo a estas partidas —que conjuntamente representan casi la mitad del presupuesto total—, Nicosia contempla recortes limitados, de entre el 2 % y el 3 %, al Fondo Europeo de Competitividad (que financia empresas innovadoras) y al Fondo Europa Global (destinado a ayuda al desarrollo). Ambas rúbricas suman más de 600.000 millones de euros en el periodo.
Este enfoque disgusta profundamente a los contribuyentes netos del norte. “Los recortes no pueden recaer de forma desproporcionada en las rúbricas 2 [competitividad] y 3 [Europa Global]”, señaló un diplomático comunitario a POLITICO, recordando que si la UE reconoce tener un problema de competitividad, el próximo MFP debería ayudar a cerrar esa brecha, no a agrandarla. La decisión chipriota supone, de facto, un guiño a los dieciséis Estados que la semana pasada firmaron una declaración conjunta —los autodenominados amigos de la cohesión— reclamando un aumento de las partidas agrícolas y regionales. Entre ellos figuran Italia, España y Polonia.
La cumbre de junio, primer test de fuego para el MFP 2028-2034
El escenario se trasladará a la cumbre del Consejo Europeo del 18 y 19 de junio, donde los jefes de Estado y de Gobierno examinarán el documento de negociación chipriota. Será la primera ocasión en la que las capitales midan sus fuerzas sobre el próximo marco financiero. La propuesta original de la Comisión Europea de julio de 2025 ya anticipaba un movimiento tectónico: destinar más recursos a defensa y competitividad a costa de la PAC y la cohesión. Aquella iniciativa dejó en evidencia una fractura que ahora Nicosia intenta suturar sin enemistarse ni con Berlín ni con Roma.
La cifra global no es menor. La Comisión plantea un gasto de 1,8 billones de euros entre 2028 y 2034, a lo que se sumarían los reembolsos de la deuda contraída durante la pandemia, elevando la factura total a cerca de 2 billones de euros, el 1,26 % de la renta nacional bruta (RNB) conjunta de la UE, frente al 1,1 % actual. El aumento es real, pero los amigos de la cohesión consideran que la PAC y los fondos regionales quedan peor parados en términos reales. “Son las únicas políticas que afrontan reducciones reales, pese al incremento total del MFP”, rezaba la declaración conjunta del grupo.
La presidencia chipriota maniobra con un margen estrecho: ceder ante los frugales dinamitaría el apoyo del Sur; rechazarlos eleva el riesgo de veto en el Consejo.
La presidencia chipriota, por su parte, intenta mantener un delicado equilibrio. Su viceministra de Asuntos Europeos, Marilena Raouna, habló la semana pasada de posibles “zonas de aterrizaje” para los temas más sensibles, aunque sin dar detalles. Los diplomáticos consultados interpretan esa expresión como una señal de que Chipre está dispuesta a negociar ajustes marginales, pero sin asumir un recorte drástico en agricultura y cohesión.
El Eje del Poder Europeo
El pulso entre los países frugales —Alemania, Países Bajos y sus aliados nórdicos— y el bloque de los amigos de la cohesión no es nuevo; reproduce la misma geometría variable que ya enmarcó la negociación del paquete de recuperación Next Generation EU en 2020. Entonces, como ahora, los estados del sur (España, Italia, Portugal, Grecia) y varios del este (Polonia, Hungría, Rumanía) defendieron a ultranza el mantenimiento de los fondos estructurales y agrícolas, mientras que los contribuyentes netos exigían reducir el tamaño del presupuesto y vincular los pagos a reformas estructurales y al respeto del Estado de derecho.
Desde la óptica española, la apuesta de Chipre es un alivio táctico. España es uno de los principales beneficiarios de la PAC y de los fondos de cohesión; cualquier recorte significativo afectaría directamente al campo español y a los programas de desarrollo regional, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE). Fuentes diplomáticas de Moncloa consultadas por esta redacción confirman que el Gobierno apoya sin fisuras la línea de Nicosia y que, en la cumbre de junio, el presidente Sánchez defenderá que la transición verde y la digitalización necesitan recursos adicionales, no menos. La postura española se alinea así con la de Italia y Polonia, formando un frente común difícil de ignorar.
Sin embargo, el calendario apremia. La simple discusión del negobox no equivale a un acuerdo; el MFP se aprueba por unanimidad en el Consejo, lo que concede a cualquier Estado miembro —singularmente a Hungría o Polonia, si se condiciona la entrega de fondos al cumplimiento del Estado de derecho, o a Alemania, si los números no cuadran— la capacidad de bloquear todo el paquete. La memoria histórica europea está plagada de maratonianos cónclaves presupuestarios: el MFP 2014-2020 se cerró tras 26 horas de cumbre en 2013, y el de 2021-2027, en plena pandemia, exigió cuatro cumbres y un pulso directo entre los frugales y el sur. El actual contexto de bajo crecimiento y restricciones fiscales nacionales acrecienta la dificultad.
La presidencia chipriota, además, tiene un margen temporal muy limitado. Si no se alcanza un acuerdo político en los próximos meses, la UE corre el riesgo de tener que prorrogar el presupuesto anterior mediante doceavos provisionales, un mecanismo que lastra la planificación de inversiones a largo plazo. La vicepresidenta Raouna deberá convertir las “zonas de aterrizaje” en cifras concretas antes de que el verano complique las negociaciones; de lo contrario, el testigo pasará a la siguiente presidencia rotatoria —Eslovenia— con el reloj aún más apretado.
En el trasfondo, el debate sobre el MFP refleja una cuestión estructural sobre el modelo europeo: si la Unión prioriza la competitividad y la defensa —como suscribe el informe Draghi— o sigue apostando por la convergencia regional y la agricultura como señas de identidad. Lo que observamos es que, por ahora, el sur ha ganado la partida en el despacho de Nicosia, pero la verdadera batalla se librará en el hemiciclo del Consejo Europeo a finales de junio.
Mientras, la Comisión Europea mantiene un perfil bajo, consciente de que su propuesta de 2025 queda ahora en manos de los Estados. El comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, ha reiterado en foros internos la necesidad de cerrar el acuerdo antes de finales de 2026 para que el nuevo MFP pueda arrancar el 1 de enero de 2028 sin sobresaltos. Pero la crisis política en Alemania —con un gobierno de coalición debilitado— y las elecciones legislativas en Países Bajos previstas para marzo de 2027 añaden más presión sobre los plazos. La UE vive una vez más la paradoja de necesitar decisiones rápidas en un Consejo que exige unanimidad y en un momento de máxima polarización entre el Norte y el Sur.
