La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles desde Sevilla la licitación en octubre de un nuevo concierto social dotado con 776 millones de euros que permitirá crear 2.000 plazas concertadas para la atención a mayores dependientes en residencias y centros de día.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Inclusión Social, Loles López, ha aprobado la mayor ampliación de plazas en la historia del sistema de dependencia andaluz, que elevará la tasa de cobertura hasta 1,6 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. De las 26.328 plazas totales del concierto, un millar serán de nueva creación en residencias y otras mil en centros de día y centros de noche.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Junta licitará en octubre un concierto social de 776 millones para sumar 2.000 plazas (1.000 en residencias y 1.000 en centros de día) para mayores dependientes.
- ¿Dónde y quién? La Consejería de Inclusión Social, desde Sevilla, pone en marcha la mayor ampliación de plazas concertadas hasta la fecha en Andalucía.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Las familias andaluzas contarán con mas opciones de atención cercana, elevando la tasa a 1,6 plazas por cada 100 mayores de 65 años.
Así se distribuyen las nuevas plazas y la inversión
La Consejería ha detallado que las 1.000 nuevas plazas residenciales se distribuirán por todas las provincias andaluzas, con un refuerzo especial en las zonas con mayor demanda, mientras que los 1.000 nuevos puestos en centros de día permitirán aliviar la carga de los cuidadores familiares. El contrato, que la Junta sacará a concurso en octubre, tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá prorrogarse hasta 2030, según los pliegos que ultima la administración.
El sistema de concierto social es la fórmula que emplea la administración autonómica para financiar plazas en centros gestionados por entidades privadas o del tercer sector, garantizando una tarifa pública que permite a las familias acceder a una plaza a un coste subvencionado. En el caso de la dependencia, la Junta asume la mayor parte del coste, y el usuario paga un copago en función de su capacidad económica.
Con este paso, Andalucía persigue acortar los tiempos de espera en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que ha registrado un incremento de solicitudes debido al envejecimiento de la población. La nueva inyección de recursos —que movilizará 776 millones en dos años— dinamizará además el empleo en el sector sociosanitario, uno de los que mayor crecimiento ha mostrado en la comunidad en los últimos ejercicios.
La comunidad autónoma, con más de 1,3 millones de personas mayores de 65 años, afronta un reto demográfico que requiere respuestas ambiciosas. Hasta ahora, la oferta de plazas concertadas rondaba las 24.300, por lo que el salto a las 26.328 representa el esfuerzo más decidido de los últimos años. La consejera Loles López ha subrayado que la tasa de 1,6 plazas por cada 100 mayores es «la más alta que ha tenido nunca esta tierra».
Andalucía pasa de una cobertura de 1,4 a 1,6 plazas por cada 100 mayores, la cifra más elevada en la historia de la dependencia en la comunidad.
El sector acoge la medida como un impulso a la estabilidad
La patronal del sector de atención a la dependencia, AESTE, ha valorado positivamente el anuncio, destacando que los conciertos sociales plurianuales permiten a las entidades planificar inversiones y mantener plantillas. Fuentes de la Consejería han confirmado que los pliegos incluirán cláusulas de estabilidad en el empleo y mejora de ratios de personal, en línea con el nuevo modelo de cuidados que impulsa el Gobierno autonómico.
La Lectura Andaluza
El cuidado de los mayores es una de las patas clave del estado del bienestar y en Andalucía, donde el 17,5% de la población supera los 65 años, la presión sobre el sistema de dependencia no deja de crecer. La Junta ha optado por un modelo de colaboración con el tercer sector y la iniciativa privada que, pese a las críticas de algunos colectivos por la externalización, ha permitido incrementar significativamente las plazas disponibles sin que el gasto público se dispare.
Para las familias, disponer de una plaza concertada en un centro de día o en una residencia cercana supone un alivio económico y logístico. El coste real de una residencia privada supera en muchos casos los 2.000 euros mensuales, mientras que la plaza concertada reduce esa cantidad al copago que establece la ley. Con las nuevas 1.000 plazas en centros de día, muchos cuidadores familiares, habitualmente mujeres, podrán disponer de algunas horas al día para conciliar su vida laboral y personal.
Además, el efecto multiplicador sobre el empleo no es menor: cada nueva plaza residencial concertada genera, de media, entre 0,5 y 0,7 puestos de trabajo directos, según cálculos del sector. Así, los 2.000 nuevos puestos podrían traducirse en más de 1.200 empleos, en su mayoría en municipios del interior y de la Andalucía rural, donde la oferta laboral es más escasa.
La mirada se dirige ahora hacia octubre, cuando se publique la licitación. Si todo marcha según lo previsto, las primeras plazas del nuevo concierto estarán operativas a lo largo de 2027, y la prórroga hasta 2030 dará estabilidad al sistema. El reto a largo plazo sigue siendo la financiación de la dependencia: Andalucía recibe fondos del Estado a través del sistema de financiación autonómica, pero el coste real supera la aportación estatal. En este escenario, el concierto social de 776 millones es una apuesta de calado que la Junta espera que sirva de referencia para otras comunidades.
