La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico en las provincias de Cádiz y Sevilla, con once detenidos y un millón de euros en efectivo intervenidos en una operación que ha destapado el uso de contratos de patrocinio de conciertos públicos como tapadera.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Guardia Civil ha detenido a once personas en Cádiz y Sevilla por blanquear presuntamente dinero del narco mediante patrocinios de eventos culturales.
- ¿Dónde y quién? La investigación, aún abierta, señala al empresario afincado en El Puerto de Santa María Pascual Llopis y ha recabado información de la Diputación de Cádiz y otras administraciones.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Los contratos investigados afectan a actos como la Preferia portuense o el festival Palsur de Tarifa, que arranca este viernes y se mantiene.
Un millón en metálico y once detenciones: la trama de los conciertos que escondía dinero negro
La operación, que estalló este miércoles con registros simultáneos en las dos provincias andaluzas, se ha saldado con la detención de once personas, tres de ellas ya en libertad tras declarar en sede policial. Los otros ocho arrestados pasarán a disposición judicial a lo largo de este viernes, según han confirmado fuentes de la Benemérita. El despliegue se ha centrado en el entorno del empresario de El Puerto de Santa María Pascual Llopis, señalado como el eje de una red que habría utilizado contratos de patrocinio de conciertos —firmados con administraciones públicas— para lavar los beneficios del narcotráfico.
Los agentes del Instituto Armado han intervenido un millón de euros en efectivo y han requerido documentación a varias entidades de carácter público, entre ellas la Diputación de Cádiz. Los delitos que se imputan en esta causa —blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación, revelación de secretos y tráfico de influencias— dibujan un esquema en el que el dinero opaco del narco habría encontrado salida a través del circuito de eventos subvencionados con recursos públicos.
El alcalde de El Puerto, ajeno a la causa, defiende la «impecable» gestión de sus técnicos
Una de las principales incógnitas de la investigación ha quedado, al menos de momento, despejada. Germán Beardo (PP), alcalde de El Puerto de Santa María y responsable del Área de Planificación de la Diputación de Cádiz, no está investigado. A primera hora de este jueves, el propio regidor aseguró en Onda Cero Cádiz que los técnicos municipales y provinciales actuaron de forma «impecable» en los contratos vinculados a Llopis y que el Ayuntamiento que preside «no ha recibido ninguna solicitud de documentación». Además, anunció el inicio de acciones legales contra los medios de comunicación y partidos políticos que, según él, le han vinculado a la trama sin pruebas.
Los requerimientos de la Guardia Civil sí han alcanzado, en cambio, a las administraciones implicadas en los patrocinios, aunque Beardo ha insistido en que «se trata de una operación que se centra en el flujo de dinero de las personas investigadas y no en la actuación de las administraciones». Los expedientes solicitados corresponden a contratos como los de la Preferia de El Puerto o el festival Palsur de Tarifa, que comienza precisamente hoy y que el Consistorio tarifeño ha mantenido en pie. Fuentes cercanas a la investigación no descartan que se produzcan más registros o detenciones en las próximas horas.
La Guardia Civil sigue abriendo vías en una causa que, por ahora, deja un millón de euros en efectivo sobre la mesa y once detenidos entre Cádiz y Sevilla.
La Lectura Andaluza
La operación desplegada en Cádiz y Sevilla sacude una dinámica que las fuerzas de seguridad conocen bien en el sur de la Península: la búsqueda constante de rendijas por las que colar los beneficios del narcotráfico en la economía legal. No es un secreto que el Campo de Gibraltar y las provincias de la franja atlántica concentran buena parte de los flujos de hachís que llegan a Europa, y que tras cada cargamento se esconde una sofisticada ingeniería financiera que necesita circular a plena luz del día. Que la última grieta detectada tenga forma de contrato cultural —conciertos, festivales y ferias— explica por qué la Guardia Civil ha mirado con lupa la relación entre los promotores y las administraciones que firman los cheques.
Para el ciudadano andaluz, la noticia ofrece dos lecturas inmediatas. La primera tiene que ver con la prevención del gasto público: los eventos culturales que se financian con dinero de la Diputación o de los ayuntamientos deberían servir para dinamizar los municipios, no para reciclar capitales ilícitos. La segunda es más incómoda porque toca la línea de flotación del poder local. Que el regidor de El Puerto de Santa María se haya visto señalado en algunos relatos mediáticos y tenga que salir a desmentir su implicación demuestra hasta qué punto la sombra del narco puede desgastar a un gobierno municipal, por impecable que haya sido la actuación de sus técnicos. El precedente del caso Marbella o de las últimas macrooperaciones en Algeciras y La Línea recuerda que los alcaldes de la costa gaditana y malagueña caminan sobre un suelo especialmente resbaladizo.
La investigación sigue abierta y la fase judicial que hoy se inicia en Cádiz y Sevilla determinará qué cuota de responsabilidad penal existe —y si alguien decide, como ha insinuado Beardo, querellarse. Mientras, el festival Palsur levanta el telón esta noche en Tarifa y los conciertos de la Preferia portuense nadie los ha cancelado. La vida cultural sigue su curso, pero a partir de ahora en la provincia de Cádiz cada contrato de patrocinio se leerá con la lupa más afilada.
