El Gobierno de PP y Vox en Andalucía suma ya 314 altos cargos y un incremento salarial de 12,8 millones anuales sobre el registrado en 2019. El dato, recogido en la reorganización aprobada el pasado 30 de julio por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, sitúa el desembolso total de la cúpula autonómica en al menos 34 millones de euros cada ejercicio.
Según el recuento publicado por El Salto, parte de la estructura de trece consejerías aprobada en verano. Aunque el Ejecutivo presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla reduce de catorce a trece las carteras, el número de altos cargos sube de 301 a 314, el más alto de la historia autonómica.
Qué defiende el Gobierno andaluz: reorganización y activación de la Administración
La Junta de Andalucía presenta la ampliación como una decisión organizativa, no como un reparto de cuotas. La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Carolina España, calificó la medida de ‘razonable’ y la vinculó al objetivo de ‘tener activada toda la maquinaria de la Administración autonómica.
El nuevo organigrama concentra buena parte de la gestión en una consejería clave para Vox: Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. De los 314 puestos, 35 corresponden a esa cartera, que prevé dos secretarios generales por provincia, frente al criterio de un único secretario en el resto de consejerías.
Qué suponen los 12,8 millones más y cómo evoluciona el gasto
En 2019, el gasto salarial de unos 270 altos cargos de la Junta se estimaba en 21,2 millones de euros anuales. Con la nueva ampliación y las subidas acumuladas, la cifra se eleva a al menos 34 millones, lo que supone 12,8 millones más cada ejercicio. Al cierre de la legislatura, el coste de estos 314 puestos podría alcanzar los 136 millones.
El incremento no se limita al número de cargos. A principios de 2026 se aplicaron subidas salariales que oscilan entre el 1,9 % para la Presidencia y el 27 % para los delegados territoriales. Los directores generales y asimilados subieron un 13 %, las viceconsejerías un 9,5 % y las consejerías un 4,5 %. El salario medio andaluz ha crecido un 16 % desde 2019, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), mientras que los sueldos de la cúpula lo han hecho un 36 %.
La ampliación de altos cargos y las subidas salariales convierten la estructura autonómica en un debate de gestión, no solo en un dato presupuestario.
El propio presidente de la Junta subió su retribución en tres ocasiones en la legislatura 2022-2026. Con la revisión de principios de 2026, su salario asciende a 92.208,84 euros anuales, lejos de los 67.886,04 euros con los que arrancó en 2019. La expresidenta Susana Díaz había cerrado su mandato con 66.230,16 euros.
Un 34,7 % de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, nueve puntos por encima de la media estatal, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). El desfase salarial se une a un contexto social que da munición al debate sobre el coste del Gobierno autonómico.
Andalucía también concentra una densidad de altos cargos superior a la de otras comunidades. En 2022 contaba con 290, frente a los 185 de Cataluña y los 145 de la Comunidad de Madrid. En términos de población, la Junta tenía entonces un alto cargo por cada 29.311 habitantes, mientras Cataluña registraba uno por cada 42.122 y Madrid uno por cada 46.554.
La posición de Vox y la lectura estratégica del pacto en Andalucía
La responsabilidad global de la estructura corresponde al PP, como partido mayoritario del Ejecutivo. Sin embargo, el desglose de la consejería gestionada por Vox aporta un matiz político. La cartera de Turismo, Justicia y Administración Local acumula una de las estructuras periféricas más amplias, con doce secretarios generales provinciales, y refuerza la presencia institucional de Vox en el territorio.
Desde el Gobierno andaluz se defiende que una administración más dotada gana capacidad de gestión en un mandato con competencias ampliadas. La crítica, en cambio, se apoya en las cifras: más cargos, más retribución y un avance salarial muy por encima de la media autonómica. El pulso entre eficiencia y despliegue orgánico queda abierto.
El Ejecutivo de Moreno Bonilla asume el coste político de una estructura récord mientras Vox consolida su espacio dentro del Gobierno. A medio plazo, el dato importa menos por su valor contable que por su uso en un tablero donde PP y Vox compiten por el mismo electorado. La gestión andaluza será un argumento cuando Vox defienda su papel en los gobiernos de coalición o cuando el PP trate de marcar perfil propio.
