Samuel Alito admitió en una entrevista con CBS difundida este viernes que sopesó jubilarse del Tribunal Supremo y que revisará esa decisión cada mandato.
La conversación con Jan Crawford, corresponsal jurídica jefe de la cadena, se centró en la presión que el entorno conservador lleva meses ejerciendo para que deje libre su silla. Crawford le preguntó por qué seguía en el tribunal. ‘Lo pensé’, respondió.
El magistrado, de 76 años, explicó que la jubilación se ha convertido en una cuestión que debe sopesar de forma periódica. ‘Es algo que alguien de mi edad tiene que plantearse cada mandato’, dijo. ‘Pero pensé que todavía podía hacer una contribución valiosa, que es la razón por la que me hice juez’. Preguntado por si volverá a revisarlo cada año, fue escueto: ‘Sí, creo que tengo que hacerlo’.
Alito evitó cualquier compromiso con un calendario. Sobre el riesgo de que esperar demasiado ponga en peligro su trabajo en el tribunal, sostuvo que ni su situación personal ni la política que rodea una futura vacante pueden predecirse con certeza. ‘Es demasiado difícil de predecir’, afirmó. ‘Y también qué podría hacer cualquier presidente respecto a un sustituto’.
De Gorsuch a un cuarto nombre: la aritmética del Senado
Alito llegó al Tribunal Supremo en 2006, nombrado por George W. Bush, y forma parte de la mayoría conservadora de seis magistrados frente a tres. Su firma está en algunas de las sentencias más discutidas de las últimas dos décadas y acumula veinte años en el cargo.
Donald Trump ya ha declarado públicamente que está preparado para cubrir una vacante. En una entrevista con Breitbart News en julio, el presidente se declaró ‘ciertamente preparado’ y elogió a Alito como ‘uno de los mejores de todos los tiempos’, añadiendo que le gustaría nombrar a una versión más joven de él.
En su primer mandato designó a Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, los tres confirmados por el Senado.
Una vacante en el Tribunal Supremo no es un asunto judicial: es la pieza política más duradera que un presidente puede dejar firmada.
La mecánica importa tanto como el nombre. Desde 2017, cuando los republicanos eliminaron el umbral de 60 votos para los nombramientos judiciales —la llamada opción nuclear—, confirmar a un magistrado del Supremo exige solo mayoría simple en el Senado.
Eso convierte cualquier vacante en una operación de calendario. En 2016, Mitch McConnell, entonces líder de la mayoría republicana, se negó a tramitar el nombramiento de Merrick Garland con el argumento de que faltaban meses para las elecciones. Cuatro años después, Barrett fue confirmada ocho días antes de los comicios. Las legislativas del 3 de noviembre de 2026 pueden alterar la mayoría que confirma a los magistrados.
Un tribunal que decide cosas que llegan a España
Lo que decide el Tribunal Supremo llega a España por dos vías. La primera es directa: Santander y BBVA tienen negocio bancario en Estados Unidos, y compañías energéticas, de infraestructuras, telecomunicaciones y distribución operan allí bajo las mismas reglas federales. La segunda es indirecta: la doctrina sobre hasta dónde puede regular una agencia federal marca el terreno del comercio, la fiscalidad de las multinacionales y la regulación digital en todo el bloque occidental.
Para los sectores exportadores españoles más expuestos a los vaivenes comerciales —el aceite de oliva, el vino, el automóvil la maquinaria y la farmacéutica— la pregunta de fondo es quién tiene la última palabra sobre los límites del poder presidencial. Ese árbitro es el Tribunal Supremo, y su mayoría se renueva muy despacio: un solo nombramiento puede redefinir dos décadas de reglas.
La Lógica de Washington
Para entender por qué una decisión personal como la de Alito se sigue en Washington como una cuestión de Estado hay que mirar la coalición que sostiene al Partido Republicano. El nombramiento judicial es, desde los años ochenta, el único asunto en el que votantes evangélicos, empresarios y libertarios coinciden sin fisuras. Un magistrado vitalicio sobrevive a cualquier presidente que lo nombró.
El precedente está en Ronald Reagan, que convirtió el nombramiento judicial en programa electoral, y en la red de abogados conservadores que desde entonces nutre los tribunales federales. Trump la aprovechó con una lista pública de candidatos en 2016, un gesto que movilizó a votantes que desconfiaban de él. El intercambio es simple: el presidente pone los nombres, la coalición pone los votos y las reglas que salen de los tribunales sobreviven a los cambios de gobierno.
Hay además un riesgo que en la conversación conservadora se menciona sin disimulo: el magistrado que se queda demasiado tiempo y acaba siendo sustituido por un presidente del otro partido. David Souter, nombrado por George H. W. Bush en 1990, terminó siendo una de las voces más progresistas del tribunal. La presión para que Alito se jubile tiene esa cuenta detrás. En el lado demócrata ocurrió lo contrario: Stephen Breyer se retiró en 2022 con un presidente demócrata en la Casa Blanca y Ketanji Brown Jackson ocupó su silla.
Para España, la lectura es de plazo largo. La próxima ventana tiene fecha: el nuevo mandato del tribunal arranca este lunes 5 de octubre, y Alito ha dicho que revisará su decisión ‘cada mandato’. Si la mayoría del Senado no cambia tras el 3 de noviembre de 2026, la Casa Blanca tendría margen para tramitar un cuarto nombramiento. Si cambia, la silla puede esperar años.
Alito no ha dado fecha. Eso es, precisamente, lo que convierte su silencio en noticia.
Ficha del Caso
- El caso: Alito, de 76 años y en el Supremo desde 2006, admite que sopesó retirarse y que revisará la decisión cada mandato, lo que mantiene viva la opción de un cuarto nombramiento de Trump.
- Datos clave: 76 años de edad; veinte años en el cargo; tres magistrados nombrados por Trump en su primer mandato (Gorsuch, Kavanaugh y Barrett); confirmación por mayoría simple en el Senado desde 2017; legislativas el 3 de noviembre de 2026; el nuevo mandato del tribunal arranca el 5 de octubre de 2026.
- Para España: la composición del Supremo fija por décadas el marco de comercio, fiscalidad y competencia en el que operan Santander, BBVA o Iberdrola, y condiciona las reglas que afectan a las exportaciones españolas de aceite de oliva, vino, automóvil y farmacéutica.
