El complejo medioambiental proyectado en Zarra prevé recibir 375.000 toneladas de residuos al año y ha reabierto el debate territorial en la Comunitat Valenciana.
Un «complejo medioambiental» de 375.000 toneladas al año
Bajo la etiqueta de complejo medioambiental se esconde una instalación capaz de absorber 375.000 toneladas anuales, una cifra que obliga a preguntarse de dónde saldrán esos materiales. No se ha aclarado si procederán de la Comunitat, del resto de España o del extranjero.
La tramitación sigue abierta. A cierre de septiembre de 2026 continuaban pendientes varios informes sectoriales relevantes, según los ayuntamientos y asociaciones que siguen el expediente. Sin esos informes completos, cualquier autorización quedaría coja.
El emplazamiento no es neutro. La instalación se sitúa en el Valle de Ayora-Cofrentes, comarca del interior de la provincia de Valencia, sobre una masa de agua subterránea de enorme importancia. Su contaminación alcanzaría al río Júcar, del que bebe buena parte del Àrea Metropolitana de València.
A eso se suma otro factor. La comarca figura entre las zonas que la legislación valenciana identifica como afectadas por procesos de despoblamiento. Y, en paralelo, lleva décadas aportando energía al conjunto: allí se levanta la central nuclear de Cofrentes y se implantan proyectos renovables.
El interior valenciano no es el espacio vacío donde colocar lo que sobra: es territorio, paisaje, economía y, sobre todo, gente con derecho a decidir su futuro.
Las cifras no cierran. El Valle de Ayora-Cofrentes acumula infraestructuras que sirven al conjunto de la sociedad mientras pierde población año tras año. La equidad territorial queda, de nuevo, en entredicho.
El agua, el paisaje y los vecinos: las objeciones que no se pueden despachar
Durante los últimos meses, ayuntamientos, asociaciones y vecinos han planteado objeciones que no son un rechazo automático a una infraestructura incómoda. Hay cuestiones de fondo. El riesgo sobre el agua y la biodiversidad exige un análisis riguroso, no un trámite acelerado.
La lista de afecciones es amplia. Sobre la mesa están el impacto en la vegetación y la fauna, los hábitats de una comarca cuyo patrimonio natural es también uno de sus principales recursos económicos, y la movilidad: los camiones pesados circularían por carreteras que atraviesan varios núcleos urbanos.
El paisaje rural no es un espacio vacío. Es patrimonio, actividad económica, calidad de vida y futuro. Estas instalaciones tienden a concentrarse en los territorios con menos población y menos voz.
El Escenario Valenciano
Zarra no es solo un expediente. Es un test sobre cómo decide la Generalitat dónde van las infraestructuras que toda la sociedad necesita. Primero llega la iniciativa privada y después decide la Administración: comprueba si supera los trámites sectoriales y, al final, autoriza o no.
Debería ser al contrario. Ante instalaciones de esta escala debería existir antes una reflexión territorial: qué capacidad necesita realmente la Comunitat, dónde se producen los residuos, qué alternativas existen, y qué terrenos son técnicamente óptimos. Planificar primero y localizar después, no a la inversa.
Un globo sonda de instalar una incineradora en el Àrea Metropolitana de València apunta en la misma dirección. La instalación aparece en un medio de comunicación antes de que exista un debate público sobre dónde debería ir.
El Consell de Pérez Llorca tiene aquí una patata caliente. El pacto PP-Vox que gobierna la Generalitat afronta un asunto que trasciende el color político: la gestión de residuos, el despoblamiento del interior y la equidad territorial.
La oposición de PSPV y Compromís ha puesto el foco en la falta de planificación previa.
Por su parte, la Plataforma contra el Vertedero de Zarra y los ayuntamientos de la comarca han convocado una manifestación en Valencia para el 15 de octubre de 2026.
En el plano estatal, el caso valenciano se mira con atención desde otras comunidades. Navarra aplica mecanismos de compensación económica a los municipios que acogen este tipo de instalaciones, un modelo que aquí brilla por su ausencia. La pregunta de fondo no admite atajos: ¿con qué criterios territoriales, climáticos, ambientales y sociales ubicamos lo que nadie quiere cerca?
El expediente de Zarra debería resolverse atendiendo a todos los informes técnicos, a las alegaciones presentadas y a la legislación ambiental aplicable. Pero, más allá del resultado, debería servir para abrir un debate que la Comunitat Valenciana necesita. La pregunta no es solo dónde podemos poner un vertedero, sino con qué criterios decidimos dónde debe ubicarse.
Ficha del Caso
- El caso: El proyecto de complejo medioambiental de residuos en Zarra, en el Valle de Ayora-Cofrentes, prevé recibir hasta 375.000 toneladas anuales y mantiene abierta su tramitación.
- Datos importantes: 375.000 toneladas al año; masa de agua subterránea conectada al río Júcar; comarca declarada en riesgo de despoblamiento; manifestación convocada en Valencia para el 15 de octubre de 2026.
- Resumen: El expediente reabre el debate sobre el modelo territorial y de gestión de residuos valenciano y sobre cómo repartir las cargas ambientales entre el interior y las áreas metropolitanas.
