El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reclama a la Xunta celeridad en los realojos del polígono de Vilar y sus 2.008 viviendas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Caballero ha pedido a la Xunta de Galicia que agilice los realojos y las compensaciones en el proyecto de Vilar-Ofimático, que prevé 2.008 viviendas protegidas.
- ¿Quién está detrás? La Xunta tramita el proyecto y el Concello de Vigo pactó su desarrollo; en medio, una plataforma vecinal que agrupa a los propietarios.
- ¿Qué impacto tiene? Las expropiaciones afectan a 35 inmuebles residenciales, a unas 250 propiedades y a más de 300 personas.
Un proyecto autonómico con 2.008 viviendas y 35 inmuebles en juego
El proyecto que impulsa la Xunta de Galicia —el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela— contempla 2.008 viviendas protegidas, todas con esa calificación salvo una treintena reservada precisamente al realojo de los vecinos desalojados. La operación se tramita como Proyecto de Interés Autonómico (PIA), la figura que permite a la Xunta declarar una actuación de interés público y acelerar su ejecución al margen del ritmo ordinario del planeamiento urbano.
El mapa humano explica la reclamación municipal. La actuación afecta a 35 inmuebles residenciales y unas 250 propiedades, en su mayoría fincas. En algunos de esos inmuebles viven varias familias, de modo que las personas afectadas superan las 300. Cada caso es un mundo.
Caballero pide permutas, indemnizaciones y reuniones continuas
Tras reunirse con la plataforma vecinal que agrupa a los propietarios, el regidor pidió a la Xunta que utilice todas las vías que permite la ley para facilitar los realojos. Citó los acuerdos de permuta de viviendas o propiedades cuando exista conformidad de los afectados, además de indemnizaciones adecuadas en cada expediente. «Las personas tienen que ser compensadas adecuadamente», resumió.
Caballero reconoció que este tipo de actuaciones pueden requerir expropiaciones por razones de «interés común», pero defendió que deben ir acompañadas de soluciones suficientes. De ahí su exigencia de que «la Xunta debe reunirse de forma continua» con los propietarios, para evitar incertidumbres innecesarias mientras avanza la tramitación.
En Vigo se cruzan dos administraciones de signo opuesto y un mismo problema: quién responde por la vivienda de quien la pierde por una obra pública.
Desde la Xunta mantienen que las reuniones con los afectados se celebran de forma periódica y que el procedimiento sigue los cauces que marca la normativa autonómica. Ese es el nudo: la discrepancia no está en si existe interlocución, sino en su ritmo y en el alcance de las compensaciones. El calendario de los realojos depende de la Consellería competente (el equivalente autonómico de un ministerio), no del Concello.
El Laboratorio Gallego
Vigo lleva casi dos décadas gobernada por un regidor socialista mientras la Xunta permanece en manos del PPdeG, el Partido Popular de Galicia, que encadena mayorías absolutas desde 2009. Ese pulso cotidiano entre Concello y Xunta es el terreno donde se cuecen los grandes proyectos urbanísticos de la comunidad.
En el Parlamento de Galicia —la cámara autonómica de 75 deputados— el PPdeG gobierna con mayoría absoluta, el BNG (Bloque Nacionalista Galego) se ha consolidado como primera fuerza de la oposición y el PSdeG, la federación gallega del PSOE, ocupa la tercera posición. Vilar-Ofimático es un buen ejemplo de esa geometría: la Xunta promueve, el Concello pacta y después reclama garantías.
La vivienda es hoy el principal campo de batalla político en España, y este expediente lo escenifica a escala municipal. La Xunta puede exhibir 2.008 viviendas protegidas en una ciudad gobernada por el PSOE; el alcalde puede exigir que ninguna familia quede atrás. Las dos cosas son ciertas y las dos se utilizan. Si el modelo funciona, el argumento autonómico de la promoción pública gana peso en el debate nacional; el PIA es la vía rápida que el PPdeG viene aplicando en Galicia en materia de suelo.
Por delante quedan meses de negociación. El proceso expropiatorio avanza en paralelo a las reuniones entre técnicos municipales, y autonómicos, y el Ayuntamiento quiere cerrar acuerdos individuales antes de que se consoliden los desalojos. El Instituto Galego de Estatística (IGE) seguirá publicando los datos de licencias y vivienda protegida, un termómetro del ritmo real de la operación. En el horizonte asoman las elecciones municipales de mayo de 2027.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta impulsa el Proyecto de Interés Autonómico de Vilar-Ofimático, en Vigo, con 2.008 viviendas protegidas, y el alcalde reclama celeridad en los realojos y las compensaciones.
- Datos importantes: 2.008 viviendas (todas protegidas salvo 30 reservadas a realojos), 35 inmuebles residenciales, unas 250 propiedades y más de 300 personas afectadas; la ley permite permutas e indemnizaciones.
- Resumen: El pulso entre Concello y Xunta por el ritmo de los realojos convierte un proyecto de vivienda protegida en asunto de primera línea política en Galicia y en un reflejo del debate nacional sobre vivienda.
