La vivienda ha dividido a las Corts Valencianes: PP y Vox sacaron adelante sus recetas y la izquierda vio caer las suyas.
El pleno dedicado a las propuestas de resolución del Debate de Política General convirtió la crisis habitacional en el eje de la sesión. Las Corts (el parlamento unicameral valenciano, 99 escaños) no alcanzaron ni un punto de acuerdo. La vivienda es transversal; el consenso, imposible.
Dos modelos de alquiler que no se tocan
Para el PP, el problema es de oferta. Pedía al Gobierno de España derogar la ley estatal de vivienda, aprobar la ley del suelo y ampliar los tipos reducidos de IVA que gravan la promoción y la compra de vivienda protegida. A nivel autonómico, su apuesta era consolidar el Plan Vive del Consell (el gobierno de la Generalitat, el equivalente al Consejo de Ministros), dar seguridad jurídica a los propietarios y movilizar viviendas vacías hacia el alquiler asequible.
Vox acompañó el diagnóstico con un añadido propio: la aplicación efectiva del principio de prioridad nacional en la vivienda, cumpliendo lo ya aprobado en los presupuestos de la Generalitat de 2026. La formación pedía además derogar la ley estatal, simplificar de urgencia la normativa de urbanización para reducir costes y plazos y profundizar en la rebaja fiscal autonómica sobre la compra de vivienda habitual.
Los socialistas presentaron 35 propuestas en materia de vivienda. No salió adelante ninguna. El PSPV respaldaba los decretos de vivienda debatidos estos días en el Congreso, pedía un plan contra los fondos buitre, el carácter permanente de las VPO (las viviendas de protección oficial) y un protocolo de intermediación para inquilinos vulnerables que viven en casas de de grandes tenedores. También exigía derogar la subida del módulo de precio máximo de venta de la vivienda protegida y declarar zonas tensionadas con limitación de precios del alquiler.
Compromís coincidió en el fondo y añadió matices: revertir esa subida del precio máximo de venta, blindar el carácter permanente de las VPO, garantizar que se destinen a residencia habitual —«especialmente cuando intervienen promotores privados»— y exigir al Congreso una ley que prohíba la compra especulativa de vivienda por parte de los fondos buitre. Su paquete corrió la misma suerte que el del PSPV.
Dos modelos de vivienda, dos mayorías enfrentadas y una misma pregunta sin respuesta: quién paga la diferencia entre el discurso y el recibo del alquiler.
Lo que la votación deja al descubierto
El mapa de fuerzas no se movió un milímetro. PP y Vox sumaron para sacar adelante sus textos; PSPV y Compromís sumaron para presentar los suyos y no bastó. La vivienda funciona ya como un marcador de bloque: la mayoría que sostiene al Consell aprueba sin fisuras y la oposición no encuentra puertas.
Detrás de los papeles hay un mercado que no espera a los plenos. Quien busca alquiler en Valencia, Castellón o Alicante lo hace con el presupuesto ajustado y sin margen para aguardar a que los grupos se pongan de acuerdo. La vivienda no es solo un asunto de hemiciclo: es la factura que llega cada mes.
El Escenario Valenciano
El pacto entre PP y Vox atraviesa la vivienda sin sobresaltos. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mantiene el rumbo fijado desde su investidura, en diciembre de 2025, y el grupo popular no ha necesitado concesiones llamativas para que la derecha radical acompañe sus propuestas. La oposición busca aquí un hueco donde capitalizar el descontento: el PSPV aprieta con el marco estatal y Compromís insiste en el parque público permanente. Ninguno puede alterar la votación.
La lectura nacional es la otra mitad de la historia. Los decretos de vivienda debatidos estos días en el Congreso de los Diputados marcan el compás: el PSPV los respaldó, y el PP y Vox reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez derogar la ley estatal, la misma que la izquierda quiere aplicar. La Comunitat Valenciana funciona como un laboratorio de lo que se decide en Madrid, y también al revés: lo que el Consell aprueba o bloquea acaba pesando en el debate estatal de la vivienda.
El próximo capítulo se escribirá con los presupuestos de 2027, donde el Consell tendrá que cuantificar su apuesta por la oferta. En el horizonte inmediato quedan el Plan Vive y los instrumentos anunciados para movilizar pisos vacíos. Sin número de viviendas y sin plazos, la promesa no se puede auditar.
Ficha del Caso
- El caso: El pleno de propuestas de resolución del Debate de Política General llevó la vivienda al centro de las Corts Valencianes, con dos bloques enfrentados y ningún punto de acuerdo.
- Datos importantes: El PSPV presentó 35 propuestas en materia de vivienda y ninguna prosperó. PP y Vox aprobaron sus textos sobre oferta, fiscalidad y seguridad jurídica; las zonas tensionadas y la limitación de precios del alquiler quedaron fuera.
- Resumen: El pacto PP-Vox sostiene su mayoría también en vivienda, mientras la oposición busca en el Congreso el marco que no logra en Valencia.
