Los dos decretos de vivienda del Gobierno han decaído en el Congreso de los Diputados con los votos de Vox, el PP, Junts y UPN. La votación, celebrada el viernes 2 de octubre, deja la legislatura al borde del adelanto electoral.
El primero de los textos, que agrupaba las medidas contra los desahucios y la regulación de alquileres y habitaciones salvo la duración indefinida de los contratos, ha caído con el ‘no’ de los 137 diputados del PP, los 33 diputados del GPVOX, los siete de Junts y el único escaño de UPN. El contenido íntegro de ambas normas, aprobadas por el Consejo de Ministros el martes 29 de septiembre, puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado.
Peor suerte ha corrido el segundo decreto, el que fijaba el alquiler indefinido: ha sido rechazado por 184 votos en contra frente a 166 a favor, con el ‘no’ añadido del PNV y Coalición Canaria. El Congreso de los Diputados votó a viva voz, el formato que PSOE y Sumar impusieron para que quedara retratado uno a uno cada diputado que rechazaba las normas.
Los llamamientos de última hora del Ejecutivo han sido estériles. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reclamó durante su intervención al menos una abstención de Junts que permitiera convalidar el primero de los textos y les espetó desde la tribuna: ‘Demuestren que hay una derecha capaz de cambiar la vida de la gente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino al final del debate con un ruego directo a Junts, al PP y a Vox: ‘Les ruego que sean valientes y coherentes.
Durante la mañana, Junts había intentado una última jugada para enmascarar su decisión: propuso negociar un nuevo decreto a partir de un borrador propio plagado de recortes al texto que salió del Consejo de Ministros. Nadie en el hemiciclo se la tomó en serio. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, acusó a los independentistas —junto al PP y a Vox— de la ‘infamia’ de ‘dejar desprotegidos a millones de españoles’.
Qué defiende Vox y por qué ha votado en contra de los decretos
El GPVOX, sin embargo, mantiene desde el inicio del debate que estos decretos forman parte del problema y no de la solución. La formación considera que ambas normas cargaban sobre el propietario —en su mayoría pequeño y mediano— el coste de una política que no toca la raíz del asunto.
Para Vox, el precio del alquiler no baja con más intervención, sino cuando entra suelo nuevo en el mercado y el propietario recupera seguridad jurídica.
Su tesis es que limitar los precios y forzar la prórroga de los contratos reduce la oferta y expulsa del mercado a los arrendadores. La alternativa que defiende Vox pasa por movilizar suelo público y privado, aligerar la carga fiscal de quien pone una vivienda en alquiler y devolver la seguridad jurídica frente a la ocupación ilegal.
La aritmética era conocida desde el arranque del curso parlamentario. La convalidación dependía de los siete escaños de Junts, que negoció el texto con el Ejecutivo para retirarle después el apoyo. Vox no movió su posición en ningún momento del debate y rechazó ambos decretos, igual que el PP y que UPN.
Qué margen deja el rechazo a la legislatura
El escenario que se abre es inédito en lo que va de legislatura. El Gobierno trabaja ya con su equipo en el diseño de un adelanto electoral de las generales y ha reservado las próximas horas para decidir si disuelve las Cámaras o intenta rehacer mayorías. El golpe es doble: el Ejecutivo pierde su principal bandera social y, sobretodo, la pierde por el ‘no’ de su propio socio.
La izquierda ha tratado de trasladar todo el coste político a la oposición. Miles de personas se concentraron a las puertas de la Cámara Baja durante toda la jornada, en una protesta por la vivienda que algunos convocantes aprovecharon para reclamar una huelga general.
La lectura estratégica: Vox, ante un adelanto electoral
Vox ha jugado esta partida con la lógica que la dirección de Santiago Abascal viene aplicando desde hace dos años: no sostener ninguna norma que considere intervencionista, aunque eso suponga coincidir en el ‘no’ con el independentismo catalán.
El precedente más claro es la ruptura, en julio de 2024, de los gobiernos de coalición que el PP y Vox compartían en cinco comunidades autónomas. Entonces la dirección nacional decidió no mantener acuerdos que consideraba incumplidos, y el pulso con los populares se reabrió por la vía de la autonomía programática.
Si finalmente hay elecciones, el GPVOX afrontará la campaña con un argumento sencillo de contar: votó en contra de unos decretos que, sostiene, encarecen el alquiler y dejan al propietario sin protección. El PP tendría que conjugar ese mismo voto con su discurso de partido llamado a gobernar. Ahí vuelve a aparecer la tensión entre ambas formaciones.
El rechazo de los dos decretos de vivienda no cierra la legislatura por sí solo, pero la deja en el aire. La próxima semana se sabrá si arranca el periodo electoral o si el Ejecutivo busca una salida antes de disolver. Vox, por lo pronto, ya ha fijado su posición sin matices.
