El Govern balear que preside Marga Prohens ha aplazado hasta después del verano la aprobación de la Ley Agraria pactada con Vox, un texto que introduce la venta directa y amplía las agroestancias. La demora acumula ya cuatro meses sobre el calendario previsto.
Qué propone la ley agraria pactada entre PP y Vox
La futura Ley Agraria de Baleares, acordada entre el Partido Popular y Vox y consensuada con las principales organizaciones agrarias del archipiélago, busca corregir limitaciones y aumentar la rentabilidad de las explotaciones para «asegurar su continuidad». Según el anteproyecto, se permitirá la venta directa de todo tipo de productos de la finca sin intermediarios, una medida que el socio de Gobierno ha defendido como un instrumento para devolver poder al payés.
El texto autoriza también a los agricultores a organizar degustaciones en sus instalaciones —algo no permitido hasta ahora— y a comercializar pequeñas cantidades de carne de caza o piezas enteras al consumidor final o a minoristas locales, adaptándose al Real Decreto 1086/2020. Además, si varias explotaciones se asocian, cada finca podrá vender los productos de todas ellas, multiplicando las oportunidades de negocio.
El capítulo que más ruido político ha generado es el de las agroestancias. La ley eleva de seis a diez las plazas que una finca puede destinar al alojamiento turístico, aunque los consells insulares tendrán la facultad de reducirlas, sin bajar nunca de las seis actuales. El conseller de Agricultura, Joan Simonet, ha defendido el aumento para ofrecer más opciones de rentabilidad al agricultor, mientras los partidos de izquierda reclaman mantener el límite de seis plazas fijado en la ley de 2019.
El retraso hasta octubre y la complejidad del articulado
A pesar de que PP y Vox aseguran que el acuerdo político está cerrado, la complejidad técnica de una ley tan ambiciosa —que regula desde la venta directa hasta las condiciones de las agroestancias— ha ralentizado la redacción del articulado definitivo. Fuentes del Consolat de Mar y de la formación de Santiago Abascal confirmaron que ambas partes pasarán el verano ultimando el texto, y que su paso por el Consell de Govern no se producirá antes de octubre.
El plan inicial era haber llevado el texto al Consell en junio, por lo que la demora alcanza ya los cuatro meses. Una vez aprobado por el Ejecutivo, el texto tendrá que superar la tramitación parlamentaria. Sin embargo, la previsión es que la norma quede validada dentro de la legislatura y varios meses antes de que se disuelva el Parlament con motivo de las elecciones autonómicas de 2027.
El retraso no merma el acuerdo de fondo: Vox mantiene su capacidad para condicionar la agenda del Govern y asegurar que la ley agraria llegue antes del ciclo electoral.
La estrategia de Vox: afianzar la agenda agraria ante 2027
Para Vox, la aprobación de la Ley Agraria en las Islas tiene un valor que trasciende el archipiélago. Es la constatación de que su presencia en un gobierno autonómico puede concretar reformas de calado, especialmente en un sector —el primario— que el partido considera estratégico frente a las políticas verdes de Bruselas. El socio minoritario ha logrado poner sobre la mesa la venta directa o la ampliación de agroestancias, medidas que la izquierda rechaza pero que conectan con las demandas del campo balear y, por extensión, con el discurso nacional de Vox sobre la necesidad de proteger la soberanía alimentaria y el mundo rural.
En Baleares, según el último censo, al menos 5.520 personas se dedican a la agricutura, la ganadería y la caza. Las nuevas reglas pueden aumentar esa cifra y, de paso, reforzar la narrativa de Vox sobre la urgencia de defender al sector primario de lo que la formación denomina «agenda ideológica» de la UE. La ley no es solo un texto normativo: es un activo político para la coalición, y Vox lo reivindica como prueba de que su presencia en el Govern produce resultados tangibles para los ciudadanos, más allá del ruido mediático.
