La oficina antiokupas de la Policía Local de València ha tramitado 45 casos en sus primeros siete meses de funcionamiento, según un informe interno al que ha tenido acceso elDiario.es. Con solo dos agentes dedicados a tiempo completo, el recurso opera más como un servicio de asesoramiento jurídico que como una unidad de desalojo efectivo.
Un balance de 45 casos en siete meses
La oficina, puesta en marcha en noviembre de 2025 bajo la supervisión del Gabinete Jurídico de la Policía Local, tenía el objetivo de canalizar las denuncias y mediar en situaciones de ocupación irregular. El consistorio de María José Catalá (PP–Vox) la presentó como una herramienta disuasoria clave, pero los datos oficiales revelan una actividad mucho más modesta.
En total, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, la oficina registró 45 expedientes y apenas 13 llamadas telefónicas. La mayoría de las consultas (35) corresponden a ocupaciones, seguidas por asentamientos (6), la polémica figura de la inquiocupación (3) y un solo caso de precario. El Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISE) atendió otros 18 casos por vías paralelas, mientras que nueve instancias llegaron por registro oficial.
Las consultas se concentraron sobre todo en marzo (17) y abril (11); en el resto de los meses la actividad fue casi testimonial. Antes de la creación de la oficina, el Ayuntamiento había registrado solo ocho casos desde junio y unas 600 llamadas al 092 relacionadas con la ocupación, lo que da una idea del salto, aunque leve, con el nuevo dispositivo.
La ‘inquiocupación’, un concepto polémico que la Policía avala
El informe interno emplea sin reparos el término inquiocupación, inexistente en el ordenamiento jurídico. Se trata de un neologismo impulsado por PP y Vox para criminalizar los impagos de alquiler, presentándolos como una modalidad de ocupación. El edil de Compromís, Ferran Puchades, abogado de profesión, denuncia que la Policía Local asuma ese lenguaje: “Es un auténtico bochorno que el Gabinete Jurídico utilice con total impunidad un concepto creado por la ultraderecha para deshumanizar determinados hechos”.
Lo que PP y Vox defienden como una herramienta disuasoria, las cifras lo convierten en un servicio de asesoramiento de baja intensidad.
Puchades recuerda que la llamada inquiocupación no es otra cosa que un deudor civil que deja de pagar el alquiler, una situación que siempre se ha resuelto por la vía judicial, no policial. “Catalá ha conseguido que se trate a un deudor como si fuese un delincuente, abriendo de par en par la puerta a un discurso que solo busca el conflicto”, añade el concejal.
La alcaldesa, por su parte, ha defendido la oficina en varias ocasiones y ha llegado a afirmar que València cuenta con cerca de 10.000 viviendas vacías cuyo propietario no las saca al mercado por miedo a la inquiocupación. Sin embargo, el propio informe municipal reconoce que apenas tres de los 45 casos encajan en ese supuesto.
El Escenario Valenciano
La oficina antiokupas se enmarca en una estrategia política más amplia de PP y Vox para capitalizar el miedo a la ocupación, un tema estrella de la derecha a nivel nacional. La controversia valenciana tiene ecos directos en el debate del Congreso, donde la extrema derecha presiona para endurecer las leyes contra la usurpación; el Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, insiste en que el Código Penal ya ofrece herramientas suficientes.
En la ciudad, la escasa productividad de la oficina –45 trámites en siete meses, con una media de tres al mes– alimenta las críticas de la oposición, que la califica de “chiringuito inútil”. La iniciativa, sin embargo, sobrevive sin modificaciones en un consistorio donde el pacto PP-Vox se mantiene sólido. La próxima comisión de seguridad, prevista para otoño, podría reabrir el debate si los números no mejoran.
En el trasfondo late una pregunta: ¿acompaña el Ayuntamiento las políticas de vivienda social necesarias o se limita a escenificar un conflicto que, con datos en la mano, parece sobredimensionado? Mientras, los dos policías siguen al teléfono, resolviendo dudas más que desalojos.
Ficha del Caso
- El caso: La oficina antiokupas de la Policía Local de València, creada por el gobierno de María José Catalá (PP-Vox) en noviembre de 2025, apenas ha gestionado 45 expedientes en siete meses, según un informe interno.
- Datos importantes: 45 casos, dos agentes a tiempo completo, mayoría de consultas sobre ocupación; el consistorio usa el término inquiocupación, sin base legal. Compromís denuncia la instrumentalización del miedo.
- Resumen: La iniciativa funciona más como asesoría que como unidad de desalojo, en un clima político marcado por la estrategia de PP y Vox de agitar la cuestión de la okupación a nivel municipal y nacional.
