EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los 88 ayuntamientos de Canarias han cumplido el plazo para aprobar sus planes de inspección de la vivienda vacacional.
- ¿Quién está detrás? Los consistorios y cabildos, coordinados por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.
- ¿Qué impacto tiene? Se abre un periodo de cuatro años para comprobar qué viviendas turísticas cumplen la normativa y cuáles saldrán del mercado.
Los 88 ayuntamientos de Canarias tienen listos sus planes de inspección de la vivienda vacacional, con cuatro años por delante para ejecutarlos.
El pasado 13 de agosto venció el plazo que tenían los ayuntamientos, y cabildos para preparar y aprobar los planes de inspección y comprobación de las viviendas vacacionales. Desde ahora comienza a contar un periodo de cuatro años para detectar qué viviendas cumplen con la normativa y cuáles no, según explicó el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez.
Ninguno de los 88 municipios ha solicitado a la Consejería de Turismo el modelo tipo ofrecido para redactar el plan. Ese silencio administrativo se interpreta como que todos han culminado la tarea. La Laguna fue de los más adelantados: aprobó su plan en mayo y ya ha completado el trabajo con un dato revelador. De las 1.179 viviendas vacacionales inscritas en el Registro General Turístico de Canarias, solo 86 han tramitado la comunicación previa municipal en materia de actividades clasificadas. Casi el 93% carece de ese requisito.
Ese trámite, imprescindible para ejercer la actividad, no es nuevo. Viene del decreto 113/2015, pero los ayuntamientos nunca lo exigieron con firmeza. Hasta ahora bastaba con la declaración responsable presentada ante el Gobierno de Canarias. La Asociación Canaria de la Vivienda Vacacional (Ascav) rechaza la exigencia y se apoya en un informe de la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), que considera la comunicación previa una carga innecesaria.
Las viviendas que hoy carecen de la comunicación no saldrán de inmediato del mercado. Los propietarios tienen un año de plazo para regularizarse. Ese año empezará a contar cuando se publiquen en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las enmiendas ‘in voce’ a la ley de la vivienda vacacional que el Parlamento de Canarias aprobó el pasado 23 de julio a través de la Ley de Agilización de Licencias Urbanísticas. Se prevé que esa publicación se produzca en los próximos días.
La fotografía que deja La Laguna obliga a los demás municipios a mirar sus propios registros. Si el porcentaje de viviendas sin actividad clasificada se repite en otras islas, el alcance del control podría ser mucho mayor del que se esperaba. El control municipal ya es una obligación legal con calendario cerrado.
El control de la vivienda vacacional en Canarias ya no es un debate: es un calendario con cuatro años de inspecciones y un año de gracia.
El Pulso Territorial
El control de la vivienda vacacional se ha convertido en un terreno de fricción entre el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y el sector. El ejecutivo de Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha defendido la ley 6/2025 como herramienta para ordenar un mercado que tensiona la vivienda residencial. Los ayuntamientos, con competencias urbanísticas, ejecutan ahora la parte más incómoda: la inspección. El dato de La Laguna —93% de viviendas sin comunicación previa— anticipa lo que puede aparecer en otros municipios. En Baleares, la regulación del alquiler turístico se ha centrado en topes por zonas y en la prohibición de nuevas plazas; Canarias opta por un control municipal más repartido. La lectura es otra: aquí la responsabilidad recae sobre los consistorios, no solo sobre la comunidad autónoma. La proyección es clara: una vez se publique el BOC, los propietarios tendrán un año para regularizarse. Si no lo hacen, las viviendas irregulares tendrán que salir del mercado. El precedente de 2015, cuando el decreto 113 se aprobó sin que los ayuntamientos lo aplicaran, planea sobre este proceso. La diferencia es que ahora hay un calendario y una obligación legal de inspección.
Ficha Autonómica
- El caso: Los ayuntamientos canarios han culminado sus planes de inspección de la vivienda vacacional, con un plazo de cuatro años para comprobar el cumplimiento de la normativa.
- Datos importantes: 88 municipios implicados; La Laguna registra 1.179 viviendas turísticas y solo 86 con comunicación previa; un año de plazo tras la publicación en el BOC; decreto 113/2015; ley 6/2025.
- Resumen: Se abre el periodo de inspección. Los propietarios de viviendas sin actividad clasificada tendrán un año para regularizarse una vez se publique en el BOC la reforma aprobada el 23 de julio.
