EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Audiencia Nacional ha anulado 700 metros del deslinde del hotel Beach Club de San Agustín, en Gran Canaria.
- ¿Quién está detrás? La propietaria Extur GC recurrió la delimitación fijada en 1989; el tribunal la avala de forma parcial.
- ¿Qué impacto tiene? La demolición parcial, ordenada en 2010, sigue suspendida a la espera de un nuevo procedimiento.
La Audiencia Nacional ha anulado 700 metros del deslinde del hotel Beach Club de San Agustín, en Gran Canaria.
La sentencia estima parcialmente el recurso de Extur GC, propietaria del hotel de cuatro estrellas situado en San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla. El fallo acepta que el paseo marítimo de la playa de San Agustín alteró físicamente el terreno y desplazó la frontera del dominio público marítimo-terrestre.
Los argumentos de la Audiencia Nacional
El origen del litigio está en el deslinde fijado en 1989. El hotel contaba con una orden de demolición parcial desde 2010 por ocupar 130 metros cuadrados de dominio público, en una franja de 70 metros de largo y con un ancho variable de entre dos y cinco metros, dentro de un edificio de cuatro plantas. La empresa recurrió primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias; a finales de 2021, el tribunal canario se declaró incompetente y dejó el asunto en manos de la Audiencia Nacional.
La clave del fallo es la disposición adicional tercera de la Ley de Costas de 2013. Esa norma permite que, en los paseos marítimos construidos antes de su entrada en vigor, el límite del dominio público se sitúe en el borde exterior de la infraestructura. Los terrenos situados al otro lado pueden dejar de formar parte del dominio público marítimo-terrestre.
La Audiencia concluye que el paseo de San Agustín no es una simple pasarela ni un camino de madera, sino una obra pública de envergadura con alteración real del terreno. La Abogacía del Estado se opuso aportando fotografías según las cuales el paseo está elevado sobre pilotes y no impide el paso del oleaje ni de la arena. El tribunal desestimó la objeción apoyándose en una sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2024.
El hotel lleva dieciséis años sin demoler; la justicia le ha devuelto la posibilidad de regularizar su situación.
Qué implica el fallo para el hotel y para la administración
La estimación es parcial. Ahora Extur GC debe esperar a que concluya un nuevo procedimiento de deslinde que ampare la modificación y excluya la franja ocupada. Si alguna de las partes recurre, la última palabra corresponderá al al Tribunal Supremo.
La orden de demolición, dictada como sentencia firme, lleva dieciséis años sin ejecutarse. El fallo de la Audiencia Nacional no anula la demolición de forma automática, pero deja sin base la delimitación que la sostenía.
El Pulso Territorial
El caso se lee también como un nuevo capítulo de la tensión entre los ayuntamientos turísticos de Canarias y la Administración General del Estado en torno a los deslindes costeros. El precedente de la sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2024 pesa en la lectura del fallo. La economía del sur de Gran Canaria depende de una planta hotelera construida, en muchos casos, antes de que la normativa de costas se endureciera. No es una discusión abstracta: afecta a establecimientos consolidados y al empleo ligado al turismo en la zona.
En el plano institucional, Fernando Clavijo preside el Gobierno de Canarias con el apoyo de Coalición Canaria y del PP, pero las competencias de ordenación del litoral siguen en manos del Estado. La proyección pasa por el nuevo deslinde y por un posible recurso ante el Tribunal Supremo. Mientras llega, el hotel mantiene su actividad y la demolición sigue congelada.
Ficha Autonómica
- El caso: Un hotel de San Agustín, en Gran Canaria, llevaba desde 2010 con una orden de demolición parcial por invadir dominio público marítimo-terrestre.
- Datos importantes: La Audiencia Nacional anula 700 metros del deslinde fijado en 1989; la superficie afectada era de 130 metros cuadrados.
- Resumen: La demolición sigue sin ejecutarse a la espera de un nuevo deslinde; el Tribunal Supremo podría tener la última palabra.
