EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta cita como investigados a la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, y al diputado no adscrito Mohamed Navil Rahal por presunta prevaricación y malversación en el contrato de la Fiesta del Cordero.
- ¿Quién está detrás? La denuncia la presentó Abogados Cristianos; el juez también llama como testigo a la esposa de Rahal, administradora de la empresa adjudicataria.
- ¿Qué impacto tiene? La investigación se abre en plena crisis migratoria y apunta al apoyo decisivo del diputado a los presupuestos del Gobierno del PP en Ceuta.
El Juzgado de Ceuta cita como investigados a la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, y al diputado no adscrito Mohamed Navil Rahal por presunta prevaricación y malversación. La citación, fijada para el 22 de septiembre, abre una fase judicial incómoda para el Gobierno del PP en la ciudad autónoma.
Una citación judicial en plena crisis migratoria
Según el auto al que ha tenido acceso The Objective, la instructora también llama como testigo a Ana Belén Sánchez González, esposa de Rahal y administradora de la empresa adjudicataria. La resolución se notifica en plena crisis migratoria, con Ceuta como uno de los puntos de mayor presión de llegadas irregulares.
La denuncia de Abogados Cristianos sostenía que el contrato para instalar y gestionar los mataderos provisionales de la Fiesta del Cordero recayó en una sociedad vinculada al entorno familiar de un diputado cuyo voto resultó determinante para aprobar los presupuestos del Gobierno popular. Las nuevas cuentas incrementaron de forma relevante la partida destinada al servicio hasta alinearla, según la acusación, con la oferta presentada después por la adjudicataria.
La fundación también advertía de que el contrato se formalizó pese a existir un recurso especial pendiente ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La Ley de Contratos del Sector Público suspende de forma automática el procedimiento en esos casos, salvo levantamiento expreso de la suspensión.
El contrato de la Fiesta del Cordero y la secuencia de apoyos
El contrato de los mataderos provisionales asciende a 2,3 millones de euros por cuatro años y podría acercarse a los tres millones con una eventual prórroga. La adjudicataria fue Herederos de M. Jimena SL, administrada por la esposa de Rahal. A la licitación concurrieron tres empresas; la oferta más barata quedó excluida por considerarse anormalmente baja y la propuesta ganadora superó a la segunda por apenas 1.161 euros.
La secuencia política alimenta las sospechas. Rahal confirmó su apoyo a los presupuestos del PP de Ceuta el 11 de noviembre del año pasado; al día siguiente, su esposa pasó a ser administradora única de la sociedad adjudicataria. Entre 2022 y 2025, la gestión de las carpas de sacrificio estuvo en manos de R&B Sebta, firma en la que Rahal figuraba como apoderado. El nuevo contrato elevó el servicio un 54% respecto al anterior.
El auto no convierte los indicios en sentencia, pero sí fija un calendario judicial que el Gobierno de Ceuta ya no puede administrar políticamente.
El Eje del Poder Popular
La investigación introduce un foco de tensión en el Ejecutivo de Juan Vivas, que gobierna con una mayoría frágil y ha necesitado apoyos transversales para sostener sus cuentas. La presunción de inocencia ampara tanto a Chandiramani como a Rahal, y la apertura de una causa no prejuzga responsabilidades. No obstante, el calendario judicial obliga al Ejecutivo local a gestionar un expediente con implicaciones reputacionales en plena crisis migratoria.
No es el primer procedimiento que afecta a la responsable de Hacienda. En 2023, Chandiramani declaró ante otro juzgado de Ceuta por una denuncia ligada al caso Emvicesa, aunque aquella causa fue archivada al concluir que los hechos no revestían gravedad penal suficiente. Ese antecedente sirve para recordar dos cosas: que la vía judicial es el espacio adecuado para aclarar los hechos y que las denuncias no equivalen a condenas.
La denuncia de Abogados Cristianos ha sido explícita al sostener que los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de sus impuestos. Con todo, la defensa del interés público exige esperar al contenido de las declaraciones previstas para septiembre. La comparecencia de la esposa de Rahal como testigo puede aportar un primer relato sobre la adjudicación y sobre el papel que jugó la modificación presupuestaria denunciada.
En paralelo, Vox ha reabierto el debate sobre la propia celebración de la Fiesta del Cordero al calificarla de retroceso cultural. El Gobierno de Ceuta, con mayoría popular, se mantiene al margen de ese choque simbólico y centra la discusión en la regularidad de la contratación y en la respuesta migratoria.
Para Génova, el caso de Ceuta forma parte de la gestión territorial y no de la agenda nacional, al menos en esta fase. Fuentes populares consultadas por esta redacción subrayan que la instrucción debe seguir su curso y que la ciudad autónoma ha redoblado su presión para que la respuesta a la emergencia migratoria no quede eclipsada por la polémica contractual.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La instrucción judicial debe seguir su curso; no hay sentencia ni conclusión anticipada sobre la gestión del PP en Ceuta.
- Protagonista: Kissy Chandiramani (consejera de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta).
- Próximo hito: Comparecencia judicial como investigados fijada para el 22 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta.
