Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para obligar a la JEC a auditar el censo electoral de la ley de nietos. Lo hace este 17 de agosto contra la resolución de la Junta Electoral Central (JEC, el órgano superior de la administración electoral) y contra la Oficina del Censo Electoral, que gestiona el Censo de Electores Residentes en el Extranjero (CERA), según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
Qué pide Vox exactamente al Supremo
El recurso impugna el acuerdo de la JEC que se declaró incompetente ante las denuncias sobre nacionalizaciones derivadas de la ley de nietos. Vox solicita que el Supremo anule ese acuerdo y declare que la JEC sí tiene competencia para intervenir en la protección del derecho de sufragio en el censo electoral.
En concreto, la formación exige que el Alto Tribunal ordene a la Oficina del Censo Electoral el envío de una instrucción a consulados, ayuntamientos y encargados del Registro Civil. El objetivo es que solo se tramiten altas censales cuando el optante haya probado la causa del exilio exigida por la Ley de Memoria Democrática, no cuando esa causa se haya presumido.
Vox insta además a auditar y, en su caso, dar de baja las inscripciones ya realizadas en el CERA. La petición se dirige contra quienes no acrediten mediante prueba legal individualizada ser hijos o nietos de padre o abuelo originariamente español que hubiese perdido o renunciado a la nacionalidad por razón de exilio.
También pide vigilar la trazabilidad del voto.
La negativa de la JEC y el voto particular de cuatro vocales
La JEC solicitó a la Oficina del Censo Electoral un informe sobre la aplicación de la ley de nietos, sobre todo para saber si se examinan las declaraciones de los electores que piden inscribirse en un municipio distinto del de su última residencia en España. Sin embargo, el órgano arbitral se declaró incompetente al considerar que el procedimiento de nacionalidad excede de sus competencias.
La JEC acumula una negativa expresa a intervenir y un voto particular de cuatro vocales que sí aprecian incremento irregular del censo.
Cuatro de los trece vocales de la JEC discreparon y firmaron un voto particular. En él avisaron de que se ha producido un incremento irregular del censo electoral porque la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia abrió la puerta a nacionalizar a más personas de las previstas en la Ley de Memoria Democrática. No había unanimidad dentro de la JEC.
La trazabilidad del voto exterior y los próximos pasos
El escrito de Vox pide al Supremo que garantice instrucciones para asegurar la identidad del votante, la trazabilidad del voto y la integridad en su custodia. La exigencia es que se haga en los mismos términos que para los españoles residentes dentro del territorio nacional, con intervención de autoridades y funcionarios competentes.
Para el partido de Santiago Abascal, la resolución de la JEC ‘ni preserva ni restablece el derecho vulnerado’, sino que ‘ayuda a consolidar la violación del derecho de sufragio’, según recoge el recurso. Vox sostiene que la JEC reconoce la posible alteración del CERA pero renuncia a sus competencias al entender que la instrucción de 2022 es de obligado cumplimiento.
El Supremo tendrá que decidir ahora sobre la admisión del recurso.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? Vox ha recurrido ante el Tribunal Supremo el acuerdo de la JEC que se declaró incompetente sobre las inscripciones censales de la ley de nietos.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? Vox, la Junta Electoral Central, la Oficina del Censo Electoral y el Tribunal Supremo como órgano que debe resolver.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El Supremo debe decidir si admite el recurso y si ordena a la JEC dictar instrucciones vinculantes.
