EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha avalado que España devuelva a Marruecos a todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta, incluidos los menores extranjeros no acompañados.
- ¿Quién está detrás? El portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, ha explicitado la posición de Bruselas con base en la directiva de Retorno.
- ¿Qué impacto tiene? El aval da cobertura jurídica al retorno de menores y choca con la ministra Elma Saiz, que había dado por solicitada la ayuda del FAMI.
La Comisión Europea ha avalado este martes que España devuelva a Marruecos a todos los migrantes irregulares de Ceuta, incluidos los menores. Lo ha hecho con una base jurídica concreta: la directiva de Retorno, la norma común europea que fija los procedimientos para expulsar a migrantes irregulares.
El portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, ha sido explícito en rueda de prensa: ‘Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados’. Preguntado si esa expectativa incluye a los menores no acompañados, ha subrayado que ‘esto está regulado por el Derecho de la Unión Europea’ y ha citado las disposiciones específicas de la norma.
La directiva de Retorno como base jurídica del aval
La clave del respaldo está en la nueva directiva de Retorno, que Bruselas aprobó en junio y que incorpora disposiciones para el retorno de migrantes en situación irregular, ‘incluidos los menores no acompañados’. La Comisión considera que el marco jurídico comunitario no impide, sino que contempla, el retorno de estos menores.
Con esa lectura, el Ejecutivo comunitario espera que las autoridades españolas y marroquíes garanticen retornos ‘de manera efectiva’. Ha tomado nota de la disposición de Rabat a facilitar el retorno de todos los menores extranjeros no acompañados y ha reiterado su ofrecimiento de apoyo. El portavoz también ha celebrado el anuncio del Gobierno de Sánchez para ampliar la capacidad de acogida en Ceuta.
La Comisión compartirá además con el resto de Estados miembro los datos y conclusiones de la misión técnica que sus servicios realizaron en Ceuta la pasada semana. En esa visita, los enviados de Bruselas se reunieron con representantes del Gobierno central, la administración local y otros actores sobre el terreno para calibrar las necesidades de la ciudad autónoma.
El choque con Migraciones y el ultimátum de Ceuta
El aval comunitario llega con un matiz que descoloca al Ministerio de Migraciones. Lammert ha aclarado que España aún no ha presentado la solicitud oficial para activar la ayuda financiera de urgencia del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). La ministra del ramo, Elma Saiz, había asegurado en la Cadena Ser que ya había pedido esa financiación, pero la Comisión solo admite ‘contactos informales’.
La directiva de Retorno no es un límite para el Gobierno: es la coartada jurídica que Bruselas ha puesto sobre la mesa para acelerar los retornos de menores.
La crisis, además, está lejos de cerrarse. La Policía Nacional ha identificado a 2.168 menores en Ceuta entre el 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva desde Marruecos, y las 9:00 de la mañana del martes. La Comisión reconoce que no tiene una cifra exacta: ‘La cifra exacta no está clara’, admite el portavoz, que habla de ‘varios miles de personas’ en situación irregular.
En paralelo, Bruselas mantiene su oferta de desplegar recursos de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea ‘en la máxima medida posible’. La decisión final corresponde a Madrid. Mientras, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dio este lunes un ultimátum de 30 días al Gobierno central para que la ciudad autónoma recupere la normalidad.
El Eje del Poder Europeo
La posición de Bruselas no se explica sin el pulso migratorio que atraviesa la UE. Italia ha impuesto controles a los viajeros procedentes de España hasta que ‘disminuyan los riesgos’ en Ceuta, según confirmó el propio portavoz comunitario. Los países del norte y del este, con Países Bajos y Polonia a la cabeza, llevan meses reclamando una interpretación más dura de la directiva de Retorno. España, Grecia o Italia piden, en cambio, fondos europeos y un reparto menos desequilibrado de la responsabilidad migratoria.
Observamos que el aval comunitario da a Sánchez una cobertura jurídica para responder al ultimátum de Vivas. Sin embargo, deja a su Gobierno ante una obligación: formalizar ya la petición al FAMI y explicar con qué procedimiento va a retornar a los menores no acompañados sin vulnerar la legislación de protección infantil. La directiva de Retorno no elimina los expedientes individuales ni la tutela efectiva; solo cambia el marco de la discusión.
En la crisis de Ceuta de 2021, el retorno exprés de menores no acompañados ya generó una batalla legal y política entre Rabat, Madrid y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquel episodio explica la cautela de Moncloa con los plazos. El riesgo ahora es otro: que la falta de una solicitud oficial de financiación prolongue la emergencia humanitaria y erosione la credibilidad del Ministerio de Migraciones.
La lectura a corto plazo es inequívoca: el aval comunitario refuerza la posición de Interior y de Exteriores, que llevaban semanas pidiendo un marco claro para el retorno. Pero deja al Ministerio de Migraciones en la incómoda posición de pedir oficialmente lo que su ministra ya había dado por solicitado. La solvencia de esa narrativa se medirá en los próximos días, no en los próximos años.
El riesgo inmediato es que la crisis se cronifique. Si Madrid no activa el mecanismo financiero, Bruselas no liberará los recursos del FAMI. Si Italia mantiene los controles, el mercado único se resentirá en plena temporada turística. Y si Vivas cumple su ultimátum de 30 días, la tensión entre Ceuta y Moncloa se trasladará al Consejo de Ministros. El próximo intercambio técnico entre Madrid y la Comisión es, en la práctica, la primera ventana para comprobar si el aval se convierte en plan.
