La huelga educativa valenciana deja 14 sanciones a docentes y 8.600 euros en multas, según la Coordinadora d’Assemblees Docents. El colectivo denuncia un intento de amordazar la protesta contra la política educativa del Consell de Juanfran Pérez Llorca.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Coordinadora d’Assemblees Docents ha contabilizado 14 sanciones contra docentes y sindicatos.
- ¿Quién está detrás? La Delegación del Gobierno incoa los expedientes; las multas suman 8.600 euros.
- ¿Qué impacto tiene? La vuelta al curso se tensa: los sindicatos mantienen la amenaza de movilizaciones en septiembre.
14 expedientes y una caja de resistencia para pagarlos
El balance de la coordinadora recoge 14 sanciones administrativas incoadas por la Delegación del Gobierno: doce a docentes a título individual y dos al STEPV, uno de los sindicatos convocantes. Las cuantías van de 601 a 800 euros y suman 8.600 euros en total, según el recuento actualizado. La cifra no es definitiva: la coordinadora advierte de que pueden notificarse nuevos expedientes.
Uno de los afectados es David Esteve, profesor de Biología y Geología en Alicante. Ha recibido un acuerdo de inicio de expediente por una supuesta infracción grave, con multa de 800 euros. Su sindicato, CSO, ha decidido no pagar y recurrir: sostiene que no hubo incitación ni corte de calle.
La Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià sostiene que las multas buscan desincentivar la protesta. La caja de resistencia asumirá los costes para que ningún docente pague en solitario. Los servicios jurídicos sindicales centralizarán el asesoramiento para responder a cada notificación.
Los expedientes derivan de actuaciones policiales en concentraciones notificadas y piquetes informativos. Los convocantes denuncian «represión administrativa» para limitar derechos de reunión, manifestación y huelga.
Las multas no apagan una protesta: la caja de resistencia convierte cada sanción en un motivo más para no rendirse.
De la huelga indefinida al decreto de convivencia
La Conselleria de Educación (el departamento autonómico de enseñanza) y el Consell reciben el reproche de falta de voluntad negociadora. Los sindicatos llevaron al TSJ (el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) los servicios mínimos de la huelga, que califican de «abusivos».
En paralelo, la modificación del Decreto 80/2017 sobre convivencia escolar ha encendido la segunda alarma: la coordinadora ve un intento de control del debate pedagógico. Juanfran Pérez Llorca defiende que la Inspección supervise la neutralidad ideológica; los docentes hablan de «policía educativa». La supervisión de la Inspección se enmarca en la modificación del decreto, aún por concretar.
La huelga indefinida comenzó en mayo y se desconvocó el 12 de junio tras cinco semanas. Apenas hubo acuerdos parciales en burocracia y retribuciones con CSIF y ANPE. Las reivindicaciones de fondo siguen intactas.
Subida salarial, bajada de ratios, más plantillas, mejoras en inclusión y FP, menos burocracia y recuperación del valenciano en la pública. La coordinadora avisa: la vuelta a las aulas no será una vuelta a la normalidad.
El Escenario Valenciano
El conflicto educativo coloca al Consell de Pérez Llorca ante su primera gran prueba en las aulas desde la salida de Carlos Mazón. La mayoría PP-Vox defiende la política de la conselleria; PSPV y Compromís observan el pulso sindical como un frente abierto del curso político.
La dimensión nacional no es menor: las sanciones no proceden de la Generalitat, sino de la Delegación del Gobierno, un órgano de la administración estatal. Madrid participa, por tanto, en el castigo administrativo del conflicto educativo valenciano, un hecho que complica la lectura autonómica.
El inicio de curso en septiembre es el siguiente hito. Los sindicatos mayoritarios ya avisaron en junio de que retomarían las movilizaciones si no había avances. La caja de resistencia y los recursos judiciales mantienen vivo el conflicto.
Ficha del Caso
- El caso: La huelga educativa indefinida de mayo y junio de 2026 en la Comunitat Valenciana y sus consecuencias sancionadoras contra docentes.
- Datos importantes: 14 sanciones, 12 individuales y 2 al STEPV; entre 601 y 800 euros; 8.600 euros en total; Decreto 80/2017 de convivencia.
- Resumen: La protesta educativa valenciana se mantiene viva y suma presión administrativa y judicial de cara al próximo curso.
