Estados Unidos ha impuesto sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y contra el abogado superior de la Fiscalía, Abdoulaye Seye. El anuncio lo ha confirmado este martes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, según la información difundida por Reuters.
En un comunicado recogido por la agencia, Rubio acusa a los dos responsables de participar ‘directamente’ en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a funcionarios de gobiernos que no han aceptado su jurisdicción. El jefe de la diplomacia estadounidense califica al tribunal de ‘corrupto y fatalmente politizado’ y sostiene que ha ‘abusado maliciosamente de su autoridad y excedido su mandato’.
A quién afectan las sanciones y qué acusa Washington
El Departamento de Estado ha decidido sancionar a dos figuras concretas del tribunal con sede en La Haya: Tomoko Akane, presidenta del tribunal, y Abdoulaye Seye, abogado superior de la Fiscalía. Washington ya había impuesto sanciones contra varios miembros del tribunal, incluidos jueces.
Rubio afirma que la CPI ha intentado en repetidas ocasiones ejercer autoridad sobre ciudadanos de Estados Unidos y de otros países que no han ratificado el Estatuto de Roma (el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional) ni han consentido su jurisdicción.
La respuesta de la Corte Penal Internacional
La CPI ha contestado a la medida con una declaración en la que denuncia que las nuevas sanciones ‘socavan el Estado de derecho’. El tribunal añade que, cuando los actores judiciales son amenazados por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que queda en riesgo.
La respuesta llega después de que Washington acusara al tribunal en repetidas ocasiones de actuar de forma ‘política’ y de perseguir a Israel. En noviembre de 2024, la CPI dictó una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en relación con la guerra en Gaza.
La CPI no habla de un conflicto bilateral: sostiene que la amenaza contra sus jueces y fiscales afecta al propio orden jurídico internacional.
En julio, el Departamento de Estado anunció una campaña para debilitar al tribunal y ‘desactivar sistemáticamente’ su capacidad para operar. Washington contempla varias medidas:
- Más sanciones contra personal del tribunal.
- Revocación de visados.
- Prohibiciones de viaje para funcionarios de la CPI.
El impacto para España y Europa
La decisión de Washington presiona a los socios europeos que reconocen la jurisdicción de la CPI. España es Estado parte del Estatuto de Roma y, como el resto de la Unión Europea, ha respaldado tradicionalmente el papel del tribunal como instancia de rendición de cuentas ante crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Por ahora no hay una posición oficial del Gobierno español sobre las sanciones anunciadas este martes. La Unión Europea mantiene su reconocimiento de la jurisdicción del tribunal, aunque el escenario diplomático se ha vuelto más tenso. Puedes consultar los comunicados institucionales del tribunal en la web oficial de la Corte Penal Internacional.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? Estados Unidos ha sancionado a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y al abogado Abdoulaye Seye.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? La Administración Trump y dos responsables de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La CPI denuncia un ataque al Derecho Internacional; no hay calendario confirmado de nuevas medidas.
