El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reclamado al Gobierno que prohíba la compra de vivienda a no residentes en Alicante.
Los datos que empujan a Compromís a pedir el veto
La iniciativa, registrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, va dirigida al Ministerio de Vivienda. El objetivo declarado es vetar la compra de vivienda a población no residente en la provincia de Alicante “para garantizar el derecho a la vivienda a los residentes”.
El detonante son los datos de mercado que cita la coalición. En junio de 2026, el precio de la vivienda de segunda mano creció un 16,8% interanual en la provincia, mientras el comprador no residente pagó aproximadamente un 76% más que un comprador residente español.
El diputado sostiene además que una de cada tres viviendas de la provincia la adquieren personas que no viven ni trabajan en ella. Las cifras no cierran. Para Alberto Ibáñez, la subida de precios se debe, entre otros factores, a la compra de población no residente.
El portavoz de Vivienda de la formación en la Cámara baja califica la situación como una “subida bestial de precios” y urge al Ejecutivo a actuar. Pide al Ministerio de Vivienda, dentro de sus competencias y ajustadas al Derecho de la Unión Europea, medidas urgentes tanto regulatorias como fiscales para frenar la presión de las comarcas del sur.
De hecho el 40% de todas las compraventas realizadas por no residentes en España en 2025 se concentraron en la Comunitat Valenciana, una tendencia que ha empeorado en lo que va de año. Ese porcentaje coloca a las comarcas del sur y, en particular, a Alicante como el epicentro de la presión compradora.
El 16,8% de subida interanual en Alicante no es solo un dato inmobiliario: para Compromís, es la prueba de que el mercado ha dejado de servir a los residentes.
El precedente que ya chocó con Ximo Puig
La propuesta no es nueva. Cuando la izquierda gobernaba en la Comunitat Valenciana, Compromís presentó una enmienda en el Senado a la Ley de Vivienda para prohibir durante tres años la compra de viviendas a personas o empresas extranjeras, con algunas salvedades, con el objetivo de evitar la especulación.
El entonces president de la Generalitat, Ximo Puig, la rechazó. Aquel portazo dejó la propuesta aparcada. Ahora, con el precio disparado en Alicante, la coalición valencianista reabre la batalla en Madrid.
El Escenario Valenciano
En la Comunitat Valenciana, la vivienda ha dejado de ser un asunto sectorial. El Consell (el gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana) sigue en manos del PP y Vox, mientras que en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico) Compromís y PSPV intentan trasladar el malestar por el acceso a la vivienda al debate político. La presión no es idéntica en las tres provincias: Alicante concentra hoy el foco por su exposición al comprador no residente.
La dimensión nacional es evidente. Si la Comunitat Valenciana concentró el 40% de las compraventas de no residentes en España en 2025, cualquier prohibición condiciona también el mercado inmobiliario de otras autonomías. El Gobierno de Pedro Sánchez debe medir la presión de su socio parlamentario y, al mismo tiempo, la compatibilidad de un veto así con la normativa europea y con la propia Ley de Vivienda estatal.
La proyección es incierta. Las preguntas registradas no tienen un calendario de respuesta vinculante y la medida requeriría una reforma legal de amplio consenso. A corto plazo, el movimiento de Compromís sirve para marcar posición ante un otoño político en el que la vivienda será uno de los frentes centrales en la agenda valenciana.
Ficha del Caso
- El caso: Compromís ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Gobierno prohíba la compra de vivienda a no residentes en la provincia de Alicante.
- Datos importantes: La vivienda de segunda mano subió un 16,8% interanual en junio de 2026; el comprador no residente pagó un 76% más; la Comunitat Valenciana concentró el 40% de las compraventas de no residentes en España en 2025.
- Resumen: La iniciativa reabre un debate que ya fracasó con Ximo Puig y busca forzar al Ministerio de Vivienda ante una crisis que en Alicante se ha convertido en emergencia social.
