EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Feijóo reclama en Ceuta la devolución de todos los migrantes llegados el 30 de julio, incluidos los menores. La ley exige un procedimiento individualizado.
- ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, frente al Gobierno, que defiende su plan y recuerda las condenas de 2021.
- ¿Qué impacto tiene? El choque evidencia la contradicción del PP con la ley de Extranjería que impulsó el Ejecutivo de Aznar.
La exigencia de Feijóo ha chocado este jueves con el artículo 35 de la Ley de Extranjería. El líder del PP ha visitado Ceuta por segunda vez para insistir en que los migrantes llegados el 30 de julio deben ser devueltos, sin distinción de edad.
‘Ni mayores ni menores. Han de regresar todos’, ha proclamado Feijóo, según recoge la información publicada por infoLibre. A su lado, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha sostenido el mismo argumento.
El artículo 35: la garantía que el PP de Aznar introdujo
El artículo 35 de la Ley de Extranjería no permite devoluciones masivas de menores. Obliga a la Administración a abrir un expediente individual, recabar información sobre las circunstancias familiares del niño en su país de origen, escuchar al afectado y recabar los informes de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal.
Solo después de ese análisis puede decidirse entre el retorno, la reagrupación familiar o la permanencia, siempre atendiendo al interés superior del menor. Así lo explica la abogada Nuria González a infoLibre: ‘El Gobierno tiene que saber quién es, de qué país viene y en qué circunstancias ha llegado.
Ese blindaje no nació con la izquierda. El Gobierno de José María Aznar, con mayoría absoluta, impulsó en diciembre de 2000 la redacción que endureció las garantías. La diputada popular María Ángeles Muñoz Uriol defendió expresamente la intervención del fiscal, la reagrupación familiar y el informe de protección antes de cualquier decisión.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, firmada a finales de 2025, condenó por prevaricación a la exdelegada del Gobierno Salvadora Mateos y a la exvicepresidenta ceutí Mabel Deu por repatriar a 55 menores en agosto de 2021 sin seguir ese procedimiento. ‘Se llevaron de golpe a 55 chavales sin papeles, sin ser escuchados y sin el expediente del artículo 35’, recuerda González.
La ley que ahora discute Feijóo no es una norma ajena: fue el PP quien la redactó con mayoría absoluta y la vendió como una garantía para la infancia.
La Ley Orgánica 2/2009, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, reforzó ese marco: antes de repatriar a un menor, el Estado debe recabar información del país de origen, oírle si tiene juicio, solicitar informes y resolver según el interés superior del menor. El retorno no puede consistir en un simple abandono en la frontera.
Respuesta del Gobierno y el precedente de 2021
El Gobierno ha reivindicado su plan de migración y ha recordado, según las fuentes consultadas por Moncloa.com, que las devoluciones ilegales de 2021 acabaron en inhabilitaciones. La mayoría de los diputados del PP respalda a Feijóo, pero la vía legal es otra.
Moncloa no considera negociable el interés superior del menor. Fuentes gubernamentales insisten en que la repatriación solo puede producirse tras el procedimiento y con informe del Ministerio Fiscal.
El reglamento aprobado en 2001 por el Ejecutivo de Aznar presentó la reforma como una norma con mayores garantías en los procesos de repatriación. Esa es, precisamente, la que ahora se intenta eludir.
El Eje del Poder Socialista
El pulso por Ceuta sirve a Feijóo para movilizar a su electorado, pero coloca al PP ante su propia historia legislativa. La dirección federal del PSOE observa la situación con calma estratégica: no hay una propuesta alternativa de protección de menores, solo la exigencia de un retorno automático que la ley prohíbe.
En el plano territorial, Ceuta está gobernada por el PP, pero las competencias de extranjería corresponden al Estado. La exigencia de Vivas, por tanto, no exime al Gobierno central de su obligación legal. Lo que el PSOE defiende es un plan de contingencia con control en frontera y protección de la infancia, no un traslado sin garantías.
El precedente de las condenas de 2021 es la advertencia más seria. Cualquier devolución que ignore el artículo 35 volvería a situar a los responsables públicos en riesgo penal. Esa es la contradicción que la oposición no resuelve: pedir una medida que su propio partido declaró ilegal cuando gobernaba.
La lectura a medio plazo beneficia al Gobierno si el debate se mantiene en el terreno de la ley. El PP puede ganar titulares, pero el coste de defender devoluciones masivas de menores ante los tribunales y ante la opinión pública es alto. Mientras tanto, la próxima ventana crítica será la reanudación de la actividad parlamentaria en septiembre.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La protección de la infancia no es ideología: es ley. El PP reclama lo que su propio Gobierno blindó.
- Protagonista: Gobierno de España (presidente del Gobierno: Pedro Sánchez) frente a Alberto Núñez Feijóo (presidente del PP).
- Próximo hito: Reanudación del periodo de sesiones en el Congreso en septiembre, con la situación de Ceuta en la agenda de control.
