La regulación de la IA en Estados Unidos acaba de chocar con la Primera Enmienda. El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, con sede en Chicago, confirmó este fin de semana la desestimación de un cargo de posesión contra Steven Anderegg, un hombre de Wisconsin al que los investigadores hallaron cientos de imágenes sexuales explícitas de menores generadas por inteligencia artificial. El motivo: un precedente del Tribunal Supremo de 2002 que, según el fallo, deja poco margen.
Un fallo que descansa en un precedente de 2002
El caso lo ha destapado el Washington Post y lo ha confirmado el tribunal de apelaciones. Anderegg enfrentaba cuatro cargos: producir y distribuir material de abuso sexual infantil generado por IA, transferirlo a un menor de 16 años y poseerlo. El juzgado federal de primera instancia solo desestimó el cargo de posesión por motivos de libertad de expresión. El Departamento de Justicia recurrió, pero el Séptimo Circuito le ha dado la razón al juez inferior.
La clave está en Ashcroft contra Free Speech Coalition, la sentencia del Tribunal Supremo de 2002 que frenó las restricciones a las representaciones sexuales de niños ficticios cuando no había menores reales implicados. El Supremo trazó una línea entre el material de abuso real, que puede castigarse porque su creación explota a víctimas, y el material virtual, que queda protegido por la Primera Enmienda (la libertad de expresión de la Constitución de EE. UU.).
El Séptimo Circuito admite que no tenía otra salida. En Free Speech Coalition, el Supremo abordó el alcance de la Primera Enmienda para el CSAM virtual, pero eso fue hace casi veinticinco años; la tecnología de generación de imágenes actual era probablemente inimaginable entonces’, escribió el juez John Lee. ‘Ante el avance implacable de los modelos de IA, nos preocupan las líneas que trazan estos casos, pero no somos libres para redibujarlas nosotros mismos.’
Los jueces John Lee y Joshua Kolar fueron más allá en su opinión concurrente. Citaron investigaciones que detectaron cientos de imágenes de abuso sexual infantil en un gran conjunto de datos usado para entrenar a generadores de imagen. Si esos modelos producen contenidos indistinguibles del material real, la distinción de 2002 se desmorona. Pero el Gobierno no planteó esa cuestión en este caso. Y el expediente no alcanzaba para resolverla.
El debate recuerda a la advertencia que hizo el juez Clarence Thomas hace más de dos décadas. Si los avances tecnológicos frustran la persecución del discurso ilegal, escribió, el Gobierno puede tener un interés imperioso en regular una categoría estrecha de discurso legal. Ahora, los abogados del Gobierno advierten de un problema práctico: los investigadores pierden tiempo tratando de distinguir imágenes artificiales realistas de abusos reales.
La decisión no legaliza la producción de pornografía infantil por IA: solo confirma que, bajo el precedente de 2002, la mera posesión en casa puede escapar al castigo penal.
Qué significa para la regulación de la IA en EE. UU.
La sentencia del Séptimo Circuito no despenaliza la producción ni la distribución de material de abuso sexual infantil generado por IA. Hablamos de una vista estrecha: se trata de la posesión dentro del domicilio. Aun así, el aviso es enorme. La IA generativa ya puede crear imágenes indistinguibles del abuso real. Los fiscales lo ven en la práctica: cada vez dedican más recursos a filtrar lo sintético.
Para la Unión Europea y España, el contraste es instructivo. El sistema americano no legisla por anticipado, sino que espera a que una decisión del Supremo fije los límites. Los europeos tienden a lo contrario: la normativa entra antes que la jurisprudencia. Ninguno de los dos mecanismos es infalible. Washington no pide permiso. Simplemente deja que los tribunales lean una Constitución escrita hace más de dos siglos.
La Lógica de Washington
Para entender por qué Washington protege una conducta que en Madrid o Berlín sería delictiva sin matices, conviene mirar a la arquitectura constitucional americana. La Primera Enmienda no es un adorno: es un límite permanente al poder penal del Estado, incluso cuando el contenido repugna. El caso de 2002 lo decidió una mayoría del Supremo formada por jueces de izquierdas y derechas, con el argumento de que castigar imágenes de menores ficticios no protege a ninguna víctima real y abre la puerta a una censura amplia.
Eso explica por qué el Séptimo Circuito dice que no puede redibujar la línea. El precedente solo puede corregirlo el el propio Supremo. Y aquí entra la tensión real: los jueces Lee y Kolar piden, de hecho, que el Tribunal Supremo revise su jurisprudencia. La tecnología ha cambiado más rápido que la ley, y los investigadores ya advierten de que los conjuntos de datos usados para entrenar modelos incluyen material real de abuso. El caso de xAI, la compañía de Elon Musk demandada por una víctima cuyas imágenes de abuso real aparecieron en los datos de entrenamiento, alimenta esa discusión.
Para España, el impacto directo es limitado, pero no nulo. La decisión no obliga a empresas españolas ni a los jueces europeos. Sin embargo, confirma que el mercado americano de IA generativa operará con estándares de responsabilidad más laxos que los europeos. Madrid y Bruselas tendrán que decidir si aceptan productos entrenados con conjuntos de datos que, en otras jurisdicciones, pueden convivir con vacíos legales. Y lo harán sin capacidad de bloquear a las grandes plataformas americanas.
La próxima gran cita es el propio Tribunal Supremo. Si acepta un recurso sobre material generado por IA, podría revisar Ashcroft en los próximos meses. Hasta entonces, la brecha legal seguirá abierta. Y los investigadores tendrán que convivir con una paradoja: pueden perseguir al productor y al distribuidor, pero quizá no al que guarda las imágenes en su casa.
Ficha del Caso
- El caso: El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito confirmó el archivo del cargo de posesión contra Steven Anderegg en relación con imágenes sexuales de menores generadas por IA.
- Datos clave: La decisión se apoya en el precedente Ashcroft contra Free Speech Coalition de 2002; sigue intacta la acusación por producir, distribuir y transferir material a un menor de 16 años.
- Para España: La sentencia no altera la legislación europea, pero revela la distancia entre los marcos jurídicos de EE. UU. y la UE en la regulación de la IA generativa.
