EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ministerio de Vivienda ultima el decreto de medidas frente a la crisis habitacional para aprobarlo este martes en el Consejo de Ministros, empujado por el desahucio de Maricarmen y por la acampada del Sindicato de Inquilinos en la Puerta del Sol.
- ¿Quién está detrás? Pedro Sánchez, la ministra Isabel Rodríguez, el ala socialista del Ejecutivo, y los grupos decisivos en la Cámara: Junts, Podemos y Sumar, que ha amenazado con no entrar al Consejo de Ministros si el texto se retrasa.
- ¿Qué impacto tiene? El decreto entraría en vigor con su aprobación, pero necesita la convalidación del Congreso en el plazo máximo de un mes, con la mayoría de investidura como única aritmética posible.
Sánchez negocia contrarreloj con Junts y Podemos el decreto de vivienda que el Consejo de Ministros aprobará este martes.
Qué contiene el decreto y por qué el martes es la fecha límite
El Ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha mantenido abiertas durante todo el fin de semana las conversaciones con los grupos parlamentarios para llegar al primer Consejo de Ministros posterior al desalojo con un texto encarrilado. A última hora del domingo el paquete de medidas todavía no estaba cerrado. La decisión, en cambio, es firme: no se retrasa más.
El motivo tiene nombre propio. Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que había residido durante 70, se ha convertido en el símbolo de una emergencia habitacional que llevaba meses sin traducirse en norma. El Ministerio de Vivienda arrastra desde julio la aprobación de un decreto de medidas frente a la crisis de acceso a un techo.
El propio presidente del Gobierno se dirigió a ella por su nombre durante un mitin del PSOE madrileño. Allí aseguró que el Ejecutivo ‘está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes’ el paquete de medidas al Consejo de Ministros y ‘empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional’.
Hasta la semana pasada, el ala socialista del Gobierno defendía no dar luz verde al texto hasta tener atados los apoyos parlamentarios. La presión de Sumar y la ola de indignación social han forzado un cambio de posición. El giro es táctico, pero también de fondo: Moncloa asume que el decreto se aprueba primero y se negocia después.
El decreto llega cuando la calle ha dejado de esperar, y eso obliga al Gobierno a legislar antes de tener la mayoría atada.
La confirmación de que el texto saldrá adelante el martes desactiva en parte el órdago lanzado por Sumar el sábado, cuando amanezó con volver a ‘plantarse’ y no entrar al Consejo de Ministros si Vivienda no daba ‘ya’ luz verde al paquete. Fuentes de la formación explican que durante unas horas temieron un nuevo retraso. Finalmente, ese no ha sido el caso.
Junts, Podemos y el órdago de Sumar
Los grupos parlamentarios no habían recibido todavía una versión completa del decreto a última hora del domingo, según las fuentes consultadas. La base de la negociación sigue siendo el borrador que Vivienda les remitió en julio, un texto que entonces recibió una acogida fría por parte de Junts y de Podemos, aunque por razones radicalmente distintas.
Los morados rechazaban la reforma de la ley del suelo incluida en el borrador, que a su juicio relajaba la regulación para la construcción de vivienda. Los independentistas catalanes exigían un catálogo más amplio: exenciones fiscales para todos los inquilinos —y no solo para los jóvenes de 18 a 35 años—, deducciones para pequeños propietarios hipotecados, medidas para agilizar los desahucios exprés y desgravaciones en las cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda.
En la última semana, Vivienda ha concentrado sus esfuerzos en Junts, al que considera el socio más escurridizo. Sobre la mesa hay concesiones fiscales, la reducción al 0% del IVA para la compra de vivienda habitual por menores de 35 años y la cesión a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb ubicados en Catalunya. Además, el Gobierno negocia prohibir la compra de viviendas a los fondos de inversión y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables que arrienden un piso propiedad de esas empresas.
Las dos últimas medidas suponen un movimiento relevante en ambos flancos. El PSOE se abstuvo hace apenas dos semanas en la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar que perseguía exactamente ese objetivo. Y Junts tumbó a principios de año, junto al PP y a Vox, el escudo antidesahucios vigente desde la pandemia. La fórmula que se negocia ahora busca un punto intermedio: paralizar el desalojo de familias vulnerables que ocupan inmuebles de particulares hasta que exista una alternativa, con la administración competente asumiendo los gastos del proceso.
El Sindicato de Inquilinos mantiene su acampada en la Puerta del Sol y exige cinco puntos concretos: medidas estructurales contra los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada, y por habitaciones, la congelación de los precios actuales, prórrogas efectivas y la conversión automática de todos los contratos en indefinidos. Vivienda lleva meses trabajando en los alquileres de temporada y por habitaciones, y prevé incluir la posibilidad de que el inquilino solicite una prórroga de dos años al mismo precio. Las otras dos exigencias encuentran más resistencias dentro del ala socialista, tal y como ha venido informando elDiario.es.
El Eje del Poder Socialista
Lo que observamos es un Gobierno que ha decidido convertir la vivienda en el eje de su discurso de otoño y que, al mismo tiempo, se enfrenta al rompecabezas aritmético más delicado de la legislatura. La mayoría de investidura exige sumar a la vez a Junts y a Podemos, dos socios que en este expediente se mueven en direcciones opuestas. Ferraz y Moncloa calculan que el desgaste de esperar es hoy mayor que el coste de aprobar sin red parlamentaria. La convalidación posterior en el Congreso de los Diputados será el examen definitivo.
El aterrizaje territorial no es menor. Catalunya concentra buena parte de las demandas de Junts —cesión de inmuebles de la Sareb, desgravaciones, tratamiento fiscal diferenciado—, mientras que las comunidades gobernadas por el PSOE observan con atención cualquier modificación del suelo y de la fiscalidad inmobiliaria. Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra arrastran sus propios problemas de acceso a la vivienda, y sus ejecutivos reclamarán que el decreto no se convierta en un traje a medida de un socio concreto.
El precedente invita a la prudencia. Durante esta legislatura, los escudos sociales se han aprobado con carácter temporal y han tenido que ir prorrogándose cada pocos meses. Aquella fórmula evitó derrotas parlamentarias, pero dejó a los colectivos beneficiados sin certezas. Ahora la discusión es si la respuesta puede ser estructural o si, de nuevo, se limita a ganar tiempo. En el PSOE recuerdan que los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero también afrontaron crisis de vivienda y que en ambos casos la salida combinó suelo, fiscalidad y protección al inquilino.
El margen es estrecho. El decreto entrará en vigor si sale del Consejo de Ministros, pero la ley obliga a convalidarlo o derogarlo en la Cámara Baja en un plazo máximo de un mes. La intención de Vivienda es tener los votos atados antes de que el texto llegue al hemiciclo. El PSOE confía en que la mayoría de investidura aguante una prueba más. La próxima semana dirá si el martes se cierra una crisis o se abre otra.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La vivienda deja de ser un problema privado para convertirse en la prioridad pública del Gobierno.
- Protagonista: Isabel Rodríguez (ministra de Vivienda y Agenda Urbana), con Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE) en el cierre político.
- Próximo hito: Consejo de Ministros del martes y convalidación del decreto en el Congreso en el plazo máximo de un mes.
