EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde, José María García Urbano (PP), por prevaricación y malversación por la contratación de una persona durante 46 días en 2023.
- ¿Quién está detrás? La Fiscalía de Málaga y dos acusaciones particulares, una de ellas del PSOE, que pide cinco años y medio de cárcel y diez de inhabilitación. La defensa del regidor invoca los informes de Recursos Humanos y dos denuncias anteriores archivadas.
- ¿Qué impacto tiene? La vista oral corresponde a la Audiencia de Málaga, aún sin fecha, y coloca el caso en el tramo final del mandato municipal de uno de los ayuntamientos de referencia del PP en la Costa del Sol.
El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), irá a juicio oral por prevaricación y malversación. Lo ha acordado el Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad malagueña, que sitúa al regidor ante la Audiencia de Málaga por la contratación de una persona durante 46 días —entre febrero y marzo de 2023— en los que, según la acusación, no desempeñó función laboral alguna.
Qué dice el auto: 46 días, 5.276 euros y una vista en la Audiencia de Málaga
El auto, del que ha informado Europa Press, aplica la regla de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: pedida la apertura del juicio oral por el fiscal o por la acusación particular, el juez debe acordarla salvo que concurra sobreseimiento. No es el caso. La resolución declara a la Audiencia de Málaga órgano competente para la vista oral y deja la causa pendiente de señalamiento.
La instrucción sitúa el origen en un decreto de Alcaldía del 13 de febrero de 2023. Se contrató a una mujer como funcionaria eventual, con cese el 31 de marzo, ‘a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna’, según el escrito de acusación. Percibió 1.634 euros en febrero y 3.642 euros en marzo, un total de 5.276 euros que el fiscal considera apropiados ‘sin contraprestación alguna, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal’.
En el plano penal, la Fiscalía acusa al regidor de prevaricación cometida por autoridad en concurso medial con malversación —un delito como medio necesario para cometer el otro— y solicita un año y once meses de prisión y cinco años y once meses de inhabilitación para empleo o cargo público. El escrito recoge que, ya iniciado el procedimiento, el alcalde ingresó los 5.276 euros en la Tesorería Municipal y que en junio de este año reintegró otros 2.589 euros en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social.
La acusación del PSOE eleva la petición a cinco años y medio de cárcel y diez años de inhabilitación, y suma dos años de prisión para la mujer contratada. Una segunda acusación particular, personada solo contra el regidor, también reclama pena de cárcel. Para la procesada, la Fiscalía pide cuatro años y medio por los mismos delitos en concurso, frente a los tres años y seis meses que solicitaba en un primer momento. Los socialistas han exigido públicamente la dimisión del alcalde.
El pulso político: la defensa del regidor y la petición de dimisión del PSOE
La defensa sostiene lo contrario. Durante la instrucción ha aportado informes del departamento municipal de Recursos Humanos que, a su juicio, acreditan las funciones del puesto y los servicios efectivamente prestados, además de testimonios que corroboran la asistencia de la contratada al Ayuntamiento y que constan en las diligencias. Sitúa el origen del caso en las manifestaciones de esa misma persona como testigo en otra causa contra el alcalde, archivada de forma firme por la Audiencia Provincial de Málaga, y en una segunda denuncia por los mismos hechos, también archivada. Lo resume como una ‘estrategia de desgaste político y personal’.
La apertura del juicio oral no es una condena: es el trámite que la ley impone al juez cuando la acusación lo pide y no hay sobreseimiento.
García Urbano ha reiterado su ‘plena confianza’ en la Justicia y ha pedido que el procedimiento arranque ‘lo antes posible’ para demostrar que no hubo delito ni irregularidad en aquella contratación. Es la línea que se sostiene en el PP de Málaga y en la dirección andaluza: respeto escrupuloso a los tiempos judiciales, presunción de inocencia y perfil bajo. El regidor, uno de los alcaldes con mayor respaldo electoral del país, afronta el tramo final del mandato con el foco del PSOE sobre su figura.
El Eje del Poder Popular
En el mapa municipal del PP, Estepona no es una plaza cualquiera. Es uno de los ayuntamientos que sostienen el relato de gestión del partido en Andalucía, territorio donde los populares gobiernan la Junta y la Diputación de Málaga, y donde cada causa judicial se mide menos por su recorrido procesal que por su impacto en la conversación pública. La lectura que se impone en el partido es la de no abrir ningún debate sobre la candidatura mientras no exista resolución condenatoria. Es el mismo estándar que el PP reclama para sí y que exige aplicar a los demás.
El aterrizaje práctico es doble, en lo institucional, el Ayuntamiento mantiene su hoja de ruta —presupuesto, licitaciones, proyectos turísticos— y cualquier resolución que llegue de la Audiencia se producirá, previsiblemente, ya en el ciclo preelectoral de 2027. En lo político, el PSOE ha convertido la causa en arma de desgaste: pide la dimisión y aspira a instalar la idea de que el PP no está en condiciones de dar lecciones de ejemplaridad. Frente a ese marco, el argumentario popular se apoya en tres piezas verificables: el reintegro íntegro de las cantidades, los informes de Recursos Humanos y el archivo firme de las dos denuncias previas.
Mucho más relevante que la pena —un año y once meses, con la inhabilitación como castigo más severo en el escenario más probable— es el calendario. La defensa ha construido su relato sobre la fragilidad de las acusaciones y sobre el origen del caso: el testimonio de la propia contratada en otro procedimiento contra el regidor que fue archivado de forma firme. La política judicial española tiene un patrón conocido: los procedimientos que se alargan pesan más en la conversación pública que en los tribunales. Génova lo sabe y por eso ha elegido el silencio táctico, sin desautorizar al regidor ni exponerlo más de lo necesario.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Presunción de inocencia y respeto a los tiempos judiciales frente al uso político de una causa que todavía no tiene sentencia.
- Protagonista: José María García Urbano (alcalde de Estepona, PP).
- Próximo hito: Señalamiento de la vista oral en la Audiencia de Málaga, aún sin fecha confirmada.
