EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reclama al despacho de Ismael Oliver, exabogado de Koldo García, que justifique un pago de 105.122,76 euros al letrado histórico del PSOE Gonzalo Martínez Fresneda.
- ¿Quién está detrás? El instructor del caso Leire, que investiga una presunta trama para torpedear causas judiciales incómodas para el PSOE y para el entorno de Pedro Sánchez.
- ¿Qué impacto tiene? Refuerza el argumentario del PP sobre la conexión entre despachos, cargos socialistas y la fontanera Leire Díez, y llega con la comisión de investigación del Senado todavía en marcha.
El juez del caso Leire, Santiago Pedraz, exige explicar un pago de 105.122,76 euros. El destinatario es el letrado histórico del PSOE, Gonzalo Martínez Fresneda, y el pagador, el exabogado de Koldo García.
En una resolución fechada este miércoles, a la que ha tenido acceso El Español, el instructor de la Audiencia Nacional reclama al despacho de Ismael Oliver que ‘manifieste los servicios prestados’ por el bufete de Martínez Fresneda ‘que justificaron’ el abono. ‘Y que aporte, en su caso, la documentación que lo soporte’, añade el juez en el escrito.
El caso Leire investiga una trama supuestamente dedicada a boicotear causas judiciales incómodas para el PSOE y para el Gobierno, en especial las que afectaban a colaboradores y familiares de Pedro Sánchez, como su hermano David Sánchez o su mujer, Begoña Gómez.
Oliver no es un nombre nuevo en el sumario. Fue uno de los letrados de Koldo García en el caso Mascarillas, la causa que llevó al exasesor a una condena de más de 19 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo. Compartió banquillo con José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, condenado a 24 años.
Fresneda no está investigado en el caso Leire. Pero su nombre aparece en la órbita de otro implicado: el histórico exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, a quien defiende en esta causa. Zarrías mantuvo a sueldo a Leire Díez —4.000 euros al mes— en Zaño Sociedad Consultora, el lobby que fundó al abandonar la política.
El sumario dibuja un circuito cerrado: los mismos despachos que defienden a cargos socialistas facturan por servicios cuya letra pequeña nadie ha explicado.
Ante el juez, Zarrías declaró que pagó 16.000 euros a Díez por cuatro meses de trabajo destinados a un informe sobre el excomisario José Manuel Villarejo y el caso ERE. Sostuvo que el dosier tenía ‘muchas páginas’, en su mayoría información pública, y que ‘no demostró’ la tesis pretendida: que Villarejo estuvo detrás del arranque de la causa de los ERE. El exconsejero fue condenado en ese procedimiento, aunque el Tribunal Constitucional anuló después su pena.
La red de despachos: Oliver, Fresneda, De la Hoz, y Villalobos
El retrato del letrado histórico del PSOE es más amplio de lo que sugiere una sola causa. Martínez Fresneda representa al PSOE en el caso Hidrocarburos, otra instrucción de Pedraz, y fue abogado de Begoña Gómez en el juicio contra Pilar Baselga, la agitadora que afirmó en televisión que la esposa de Sánchez era un varón y la vinculó con el narcotráfico marroquí. Hasta hace apenas unos meses ejerció también como letrado del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos.
Ese último hilo es el que interesa al instructor. Villalobos figura como investigado en el caso Leire y declarará en la Audiencia Nacional el 24 de noviembre. Pedraz quiere saber si la trama intermedió para que obtuviera la nacionalidad española por la vía de la ley de nietos. En las agendas de la fontanera socialista el nombre del exdirigente chavista aparece anotado varias veces junto a una palabra: ‘nacionalidad’. Cuando Fresneda dejó de representarle, el abogado pasó a ser Ismael Oliver.
La resolución de este miércoles tiene un segundo destinatario: Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García hasta este martes e investigada en la causa. Pedraz le pregunta, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, si las dos facturas que presentó —abonadas, como publicó El Español, por la empresa editora de OkDiario y cifradas en 242.000 euros por derechos de imagen para un libro y un documental— son las únicas que ha cobrado por la defensa del exasesor. Acto seguido le recuerda su derecho a no aportar información que pueda incriminarle.
El Eje del Poder Popular
El PP no necesita esperar al sumario para construir su relato. La comisión de investigación del Senado sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia funciona desde hace dos años como ariete parlamentario del GPP, y cada resolución judicial que desembarca en la causa de las mascarillas acaba citada en el Diario de Sesiones. Como ocurrió con la comisión Kitchen en 2017, la mayoría de la Cámara fija el calendario de comparecencias y, con él, el marco de la discusión pública. Quien controla los papeles, controla el relato.
La lectura que se hace en Génova es que este asunto ha dejado de ser una cuestión de corrupción contractual para convertirse en un problema de arquitectura institucional: despachos que facturan al partido, abogados que rotan entre el PSOE y los investigados y una estructura que, según la hipótesis del instructor, se usó para presionar a jueces y fiscales. Ese es el terreno donde el PP se mueve con comodidad, porque desplaza el debate desde la anécdota hasta el sistema.
El aterrizaje territorial está en Andalucía. Zarrías es memoria viva del PSOE de los ERE, y su nombre devuelve al PP un argumento que Juanma Moreno ha utilizado con provecho en la comunidad: el contraste entre una Junta socialista lastrada por la corrupción y una Junta popular que ha convertido la gestión en su marca. Los populares andaluces no necesitan abrir fuego; basta con recordar de dónde viene la causa.
El riesgo para el PP es de calendario. Una resolución más de un juez instructor no sostiene por sí sola una ofensiva parlamentaria, y el caso Leire sigue siendo hoy una hipótesis de trabajo sin sentencia firme. Génova lo sabe y por eso dosifica: amparo retórico a los tribunales, preguntas escritas en el Senado y ninguna promesa de resultado. El próximo hito llega el 24 de noviembre, con Villalobos en la Audiencia Nacional.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Frente a la opacidad del PSOE, el PP se presenta como el partido que exige depurar responsabilidades institucionales, no solo judiciales.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular), con el GPP del Senado como correa de transmisión parlamentaria.
- Próximo hito: Comparecencia de Nervis Villalobos en la Audiencia Nacional el 24 de noviembre y siguiente ronda de comparecencias en la comisión del Senado, pendiente de confirmar por la Cámara.
