La Cámara de Comercio de Ceuta ha cifrado en hasta 74.340.750 euros el impacto económico directo acumulado de la entrada masiva registrada en mayo de 2021, en un informe que ya obra en la Audiencia Nacional dentro de la causa que investiga la actuación policial en la frontera.
El escrito, dirigido a la magistrada María Tardón, sitúa los perjuicios en una horquilla de entre 65,5 y 74,3 millones de euros. Esa cantidad representa entre el 3,53% y el 4% del Producto Interior Bruto (PIB) anual de la ciudad autónoma. La entidad cameral subraya que la magnitud convierte el episodio en uno de los mayores impactos económicos de la historia reciente de Ceuta, muy por encima de una fluctuación ordinaria de la actividad.
El análisis económico constata que los daños no se limitaron a los primeros días de la crisis ni al periodo estival. Según el documento, en septiembre de 2021 los perjuicios aumentaron un 18,4% respecto al mes anterior, excluyendo otros efectos extraordinarios. Lejos de diluirse con el paso de las semanas, el impacto sobre el comercio ceutí se amplió y se consolidó como un daño acumulado.
El informe que cuantifica el daño económico
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta traslada el documento a la Audiencia Nacional para dotar de base cuantitativa a la instrucción. El informe se incorpora al procedimiento como prueba documental sobre el alcance económico del episodio. Con ello, la entidad aporta al tribunal un marco de cuantificación del daño que complementa las diligencias ya practicadas.
La entidad cameral sostiene que la actividad comercial de la ciudad, muy vinculada al tránsito transfronterizo, absorbó el grueso del impacto. El documento mide ese daño en términos de PIB para subrayar su peso relativo sobre una economía de escala reducida. Para la Cámara, la cifra refleja un perjuicio estructural y no un simple bache coyuntural, con efectos que se proyectaron sobre el empleo y el tejido empresarial.
La causa que investiga la frontera
La instrucción examina la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la entrada masiva. El procedimiento se encuentra en fase de investigación y no ha concluido. La causa incorpora ahora el informe económico para valorar el alcance de los hechos, sin que exista por el momento resolución alguna sobre la conducta de los agentes implicados.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado protegen la frontera de Ceuta, una de las dos fronteras terrestres de la Unión Europea en África, en condiciones extremas.
Se trata, por tanto, de una investigación judicial en curso y sin pronunciamiento firme. Cualquier valoración sobre el desempeño de los cuerpos de seguridad queda pendiente de lo que determine el tribunal. El informe económico se suma a un procedimiento que avanza con la cautela propia de una causa compleja, en la que las partes aún deben aportar y contrastar pruebas.
El contexto institucional
La presión migratoria sobre las fronteras de Ceuta y Melilla es una constante estructural en la política de seguridad española. La entrada masiva de mayo de 2021 supuso el cruce de miles de personas en apenas 48 horas, un episodio de máxima exigencia para los dispositivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde entonces, el Ministerio del Interior ha mantenido y reforzado el despliegue permanente en ambas ciudades autónomas, con el objetivo de garantizar el control fronterizo y la seguridad de los ciudadanos.
La causa sigue su curso y el informe económico pasa a formar parte del material probatorio. La instrucción deberá valorar ahora su alcance junto al resto de diligencias. En paralelo, el trabajo diario de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la frontera continúa, con miles de actuaciones anuales de control migratorio y lucha contra las redes de tráfico de personas que operan en el Estrecho.
El desenlace de la causa dependerá de la valoración conjunta de toda la prueba. Mientras el procedimiento avanza, la cuantificación del daño económico queda ya fijada en el expediente como uno de los elementos centrales del litigio.
