El vicepresidente de Aragón, Nolasco (Vox), exige la deportación inmediata de los 45 inmigrantes trasladados a Zaragoza sin aviso al Ejecutivo autonómico.
La denuncia llega desde la Delegación territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, donde el también líder de Vox en la comunidad ha atendido a los medios. Ha calificado la llegada de ‘canallada’ y ha subrayado que se ha producido ‘sin consultarnos, sin hablar con el Gobierno de Aragón, sin decir absolutamente nada a las entidades’.
El vicepresidente autonómico ha asegurado no saber ‘quiénes son y no sabemos en qué condiciones sanitarias vienen’. De ahí su exigencia al delegado del Gobierno en Aragón para que detalle la identidad de los trasladados, su situación y el estado en que han llegado a la Comunidad.
El traslado no es un episodio aislado. Según los datos que maneja la formación, alrededor de 2.000 personas han sido desplazadas desde Canarias —con la isla de El Hierro como uno de los puntos de salida— a la península en once vuelos. Una derivación que Vox vincula con la saturación de los centros de acogida del archipiélago y con el criterio de reparto que aplica el Ejecutivo central.
Qué exige Vox y con qué argumentos
La petición es literal: devolver a estas personas a sus países de origen ‘pero ya, hoy mismo’. Nolasco sostiene que ‘hace horas que tenían que estar ya en sus países de origen y están aquí’, una formulación que resume la posición de la formación sobre el reparto de competencias. La política de fronteras y las devoluciones corresponden al Estado; mientras esa competencia no se ejerza, las comunidades reciben el coste político, sanitario y de seguridad de cada derivación.
El argumentario se apoya en tres ejes. El primero, el control de la inmigración irregular y la relación entre llegadas no comunicadas y presión sobre los servicios públicos. El segundo, la falta de información: la dirección autonómica subraya que desconoce identidades y condiciones sanitarias de los 45 trasladados y califica el procedimiento de ‘ejercicio de oscurantismo’ ejecutado ‘con nocturnidad y alevosía’. El tercero es el trato dispensado. ‘Es verdaderamente repugnante el trato que tiene este Gobierno con los seres humanos, que los suelta como si fueran fardos y luego que se busquen la vida’, ha añadido en la misma comparecencia.
El reproche no discute solo el reparto: discute el método con que el Ejecutivo central decide quién llega a cada comunidad y con qué información.
Qué margen tiene la exigencia y cómo responde el Ejecutivo
La deportación inmediata choca con el marco vigente. Las expulsiones se tramitan por vía administrativa o judicial, exigen resolución motivada y, en buena parte de los casos, acuerdo con el país de origen; los traslados internos entre comunidades, en cambio, se ejecutan por decisión del Gobierno central sin autorización autonómica. Ese es el punto que Vox quiere convertir en político: que la comunidad receptora no tenga ni voz ni información previa.
No consta respuesta pública del delegado del Gobierno en Aragón a la petición de información planteada este miércoles. El PP aragonés, socio de coalición en el Ejecutivo autonómico, afronta el dilema de respaldar la exigencia de transparencia sin romper su interlocución con Madrid, y su dirección autonómica no ha terciado, al menos de forma pública, en el fondo del asunto.
La estrategia de Vox en Aragón y el pulso con el PP
El episodio tiene lectura interna. Vox gobierna en coalición con el PP en Aragón desde 2023. Jorge Azcón preside el Ejecutivo y Nolasco ocupa la Vicepresidencia, y la inmigración es el asunto donde esa coalición marca distancias con más claridad. Pesa el precedente de julio de 2024, cuando la formación rompió los gobiernos de coalición en cinco comunidades: cada desembarco no comunicado es un argumento para exigir más peso en las decisiones y para diferenciarse de un PP que en Madrid modula el choque con el Gobierno de Sánchez.
La formación traslada el debate al terreno donde tiene gobierno y altavoz: la comunidad que recibe. Con la vista puesta en el próximo Pleno de las Cortes de Aragón, el partido dispone de marco propio y de un interlocutor claro, el delegado del Gobierno. Queda por ver si el Ejecutivo central detalla la lista y las condiciones de los 45 trasladados antes de que el asunto vuelva al debate parlamentario.
