EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Un responsable del programa del euro digital ha asegurado en el Web Summit de Lisboa que la salida anticipada de Christine Lagarde no altera el calendario del proyecto, cuyo piloto técnico arrancará en la segunda mitad de 2027.
- ¿Quién está detrás? El equipo del programa del BCE, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros, que negocian la ley en trílogo con la presidencia irlandesa del Consejo al mando.
- ¿Qué impacto tiene? Sin acuerdo el 18 de noviembre, el reglamento se retrasa y con él la primera emisión prevista para 2029. Telefónica ya está en la red del piloto; la banca y el comercio españoles siguen pendientes de las comisiones.
El euro digital seguirá su curso pese a la salida de Christine Lagarde, pero el retraso legislativo amenaza el piloto de 2027. Lo sostiene un responsable del propio BCE, que ha querido desligar la política de personal de Fráncfort del calendario de un proyecto que considera estratégico y que, advierte, ya no depende solo de él.
El 18 de noviembre o nada: la fecha que sostiene el calendario técnico
Alessandro Giovannini, asesor del responsable del programa del euro digital, lo planteó sin ambages en una mesa redonda del Web Summit de Lisboa: ‘No me preocupa que ningún cambio ni ninguna circunstancia vaya a afectarlo, porque se trata de un proyecto estratégico’. Giovannini situó el arranque del piloto para el próximo año y añadió el matiz incómodo para Bruselas: la pelota está en el tejado de los colegisladores.
La ley del euro digital lleva meses en trílogo (la negociación a tres entre Comisión, Parlamento y Consejo que fija la versión final de cualquier reglamento europeo). La presidencia irlandesa del Consejo, que negocia en nombre de los Veintisiete, se ha marcado como objetivo cerrar un acuerdo el 18 de noviembre. La última ronda negociadora dejó un fleco abierto que no es menor: cómo se calculan las comisiones que pagan los comercios, es decir, el corazón del modelo de negocio del futuro dinero digital. Puedes consultar el marco general en la entrada del euro digital en Wikipedia.
Ahí está el pulso real. El BCE quiere estar listo para una primera emisión en 2029 y avanza en paralelo a la política, según detalla la página oficial del proyecto: ya ha seleccionado a 36 bancos y empresas de pagos —entre ellos Deutsche Bank, UniCredit y Stripe— para un piloto de doce meses que arrancará en la segunda mitad de 2027, y ha elegido también a los proveedores de red que se conectarán a su plataforma, con la italiana Nexi y Telefónica en la lista.
La elección de Telefónica no es un detalle menor para España. Significa que una compañía española estará en la capa de infraestructura de un sistema llamado a canalizar los pagos cotidianos de la eurozona, con margen para colocar servicios de conectividad y seguridad a la banca del continente. Para los comercios españoles, en cambio, la incógnita sigue siendo la misma que bloquea el trílogo: cuánto costará aceptar un pago en euros digitales y quién fija ese precio. De ello depende que la pequeña tienda lo vea como una alternativa razonable al efectivo o como un coste nuevo que nadie ha pedido.
La salida de Lagarde no mueve una línea del código del euro digital; el retraso de los colegisladores, en cambio, sí puede tumbarlo.
La sucesión del BCE se cruza con el proyecto y España tiene nombre propio
La dimisión de Lagarde, que se hará efectiva el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de lo previsto, no llega sola. La alemana Isabel Schnabel abandona en enero el Comité Ejecutivo, el órgano de seis miembros que gobierna el BCE, y el mandato del economista jefe, Philip Lane, expira en mayo. Tres sillones que se mueven a la vez justo cuando el banco central se juega su mayor salto tecnológico desde la creación de la moneda única.
Los nombres que suenan con más fuerza son dos: el español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot. La elección no es neutra. De Cos, exgobernador del Banco de España y con paso por el Comité de Supervisión Bancaria, llega con perfil técnico y con la banca española como interlocutora natural; Knot representa a uno de los países del norte que miran el euro digital con más cautela y que preferirían un proyecto más pequeño, con topes de tenencia bajos y sin demasiada ambición de intermediación.
De ahí que la frase de Giovannini tenga doble lectura. ‘Es un proyecto europeo’, subrayó, más del BCE que de la institución. Traducido: si la presidencia del banco central cambia de manos y de escuela, el paraguas político lo pone Bruselas. Pero quien firma los desarrollos, los pilotos y las decisiones sobre límites de tenencia es el Comité Ejecutivo. Y ese comité, en febrero, será otro.
El Eje del Poder Europeo
El eje franco-alemán llega a esta recta final con posiciones divergentes. París empuja el euro digital como pieza de soberanía: quiere que la infraestructura sea europea, que no dependa de Visa, Mastercard ni de las grandes tecnológicas estadounidenses, y ha defendido una presidencia fuerte del proyecto. Berlín acepta el marco comunitario, pero su Bundesbank lleva meses recordando que el efectivo sigue siendo el ancla y que un euro digital demasiado potente podría vaciar los depósitos bancarios en una crisis. Los frugales —Países Bajos, Austria, Dinamarca— comparten ese escepticismo y añaden la factura: toda infraestructura nueva se paga entre todos. Los del sur, con España e Italia a la cabeza, miran sobre todo a las comisiones y a la inclusión financiera.
En el Parlamento Europeo la negociación no va por países sino por grupos, y ahí la Eurocámara se ha mostrado más ambiciosa que el Consejo en protección de datos, y en límites de tenencia. El Consejo, con Irlanda al timón, prioriza cerrar. Es el patrón clásico: cuando el calendario aprieta, el texto se rebaja. Lo observamos ya en la recta final del AI Act y en la del Reglamento de Restauración de la Naturaleza, donde las capitales impusieron su versión más light sobre la del hemiciclo.
Hay un precedente que conviene tener a mano: la crisis del euro de 2010-2012 demostró que la arquitectura monetaria se decide a golpe de urgencia, no de diseño. El euro digital va por el camino inverso —años de estudios, pilotos y trílogos—, pero su punto débil es el mismo de entonces: depende de una decisión política que puede llegar tarde. Un reglamento que no esté cerrado a finales de año no hunde el proyecto, pero sí lo desliza hacia 2030 y deja al BCE pilotando una infraestructura sin base jurídica definitiva.
Para España el calendario también cuenta. Las grandes entidades —Santander, BBVA, CaixaBank— necesitan saber antes de 2027 qué comisiones podrá cobrar el comercio y qué límite de tenencia manejará el ciudadano. Si el reglamento llega con retraso, los planes de adaptación de terminales punto de venta, aplicaciones y tesorería se comprimen contra el calendario técnico. Y Moncloa, que ha acompañado el proyecto sin entusiasmo, se queda sin el argumento de la modernización para venderlo.
La próxima ventana crítica es el 18 de noviembre. Si el trílogo cierra, el piloto de 2027 y la emisión de 2029 mantienen su lógica. Si no, la presidencia irlandesa pasará el testigo a la siguiente capital con un reglamento a medio cocinar, el BCE seguirá probando tecnología sin ley que la respalde y la salida de Lagarde dejará de ser una anécdota de organigrama para convertirse en el segundo frente abierto. Fráncfort insiste en que el proyecto es europeo. Precisamente por eso, ahora mismo, es también rehén de Europa.
