Mossos alerta: la corrupción policial avanza por el auge de la marihuana en Catalunya

El comisario Ramon Chacón sitúa el cultivo de marihuana como la principal vía de captación de agentes en Catalunya. En dos de las veinte grandes organizaciones desarticuladas el último año se detectó la implicación de policías.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A la plantilla de los Mossos, expuesta a intentos de captación, y a los vecinos de los municipios donde se han dispersado los cultivos de marihuana.
  • ¿Cuándo? La alerta se lanzó este miércoles en la jornada Criminalidad organizada y corrupción pública, organizada en Barcelona por la Oficina Antifrau de Catalunya y el CEJFE.
  • ¿Qué cambia? El cuerpo reivindica Asuntos Internos y el área de anticorrupción como dique disuasorio, y la Fiscalía reclama el decomiso de bienes desde el inicio de cada investigación.

Los Mossos alertan de que la corrupción policial ya es una amenaza ligada al auge de la marihuana en Catalunya. El comisario Ramon Chacón, jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, situó ese riesgo en el centro de la agenda policial durante la jornada Criminalidad organizada y corrupción pública, organizada este miércoles por la Oficina Antifrau de Catalunya y el CEJFE. Su diagnóstico no admite matices: el cultivo disperso ha cambiado el tablero.

Las plantaciones repartidas por el territorio multiplican los contactos

Chacón explicó en su intervención que el negocio de la marihuana se diferencia del resto de tráficos en una cosa: está mucho más repartido por el territorio. La cocaína entra por los puertos y el hachís lo hace por la costa, espacios donde el peso histórico lo han tenido la Guardia Civil y otros cuerpos estatales. Los Mossos d’Esquadra operaban lejos de esas puertas.

Más plantaciones significa más contactos entre organizaciones criminales y agentes. Y más contactos, se traducen en más intentos de captación: información sobre investigaciones abiertas, sobre vehículos, sobre operativos en marcha. ‘Se están abriendo estas ventanas en que determinados policías, por el vínculo, por lo que sea, porque les dan dinero, empiezan a trabajar con estas organizaciones de tráfico de marihuana’, alertó. Su conclusión fue más seca todavía: ‘Que las mafias entren en las organizaciones policiales es un desastre’.

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La elección del foro tampoco es casual. Que un mando policial detalle este riesgo ante la Oficina Antifrau de Catalunya y el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada sitúa el debate en el terreno del control institucional, no en el de la anécdota. La parte del fenómeno que preocupa a los investigadores ya no es la del consumo doméstico, sino la que mezcla naves industriales, enganches eléctricos y un mercado mayorista cada vez más difícil de vigilar.

Dos de las veinte grandes estructuras desarticuladas tenían un policía dentro

narcotráfico Catalunya

Las cifras que puso sobre la mesa acotan el fenómeno. En el último año, los Mossos desarticularon 98 organizaciones y grupos criminales. De ellos, 20 tenían la consideración de organización y el resto eran grupos. En dos de esas veinte estructuras se detectó la implicación de policías que facilitaban información a la red.

Casi dos estructuras por semana. Mafias dentro de la casa.

El comisario reconoció que el cuerpo investiga cada año a agentes sospechosos de estar relacionados con el tráfico de drogas y que recibe informaciones sobre posibles vínculos entre policías y redes criminales. Ante ese riesgo reivindicó el trabajo de la División de Asuntos Internos y del área de anticorrupción, además de la coordinación con fiscalías especializadas y otros organismos de control. Disponer de esas estructuras, sostuvo, no solo permite detectar casos: también ejerce un efecto disuasorio sobre quien está a punto de aceptar un sobre.

Los puertos tienen un único punto de entrada; una plantación dispersa por el territorio tiene mil, y cada uno de ellos es una puerta abierta a la captación.

El decomiso de bienes, la palanca que reclama la Fiscalía

La fiscal adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración Pública, Belén Martínez, desplazó el foco hacia las herramientas. Los delitos de soborno, la prevaricación o el tráfico de influencias plantean cuestiones procesales que desbordan el ámbito estrictamente penal, y el efecto disuasorio, dijo, también pasa por tocar el bolsillo de quien delinque. Su prioridad es el decomiso de bienes, un trabajo que ‘debe iniciarse desde el principio de la investigación para asegurar que se puedan decomisar posteriormente’.

Cosas que pasan cuando el negocio se reparte por todo el mapa.

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Por qué los Mossos eran menos vulnerables y por qué ya no lo son

Chacón recordó el punto de partida. Históricamente, los Mossos habían estado menos expuestos a los riesgos de corrupción vinculados al narcotráfico porque no operaban de forma habitual en los grandes puntos de entrada de droga. Esa ventaja estructural se diluye a medida que el negocio se desplaza del muelle al interior: cuando la materia prima se cultiva en naves, en bajos y en viviendas repartidas por el mapa, la vigilancia deja de concentrarse en cuatro puertos y pasa a repartirse por cientos de municipios.

En esta redacción seguimos con atención cómo el cuerpo gestiona esa exposición creciente. La lectura honesta es que el problema no se corrige con más detenciones, sino con más control interno. La supervisión no elimina el riesgo, pero encarece la captación; y en un negocio donde el margen es alto y el cultivo barato, encarecer la captación es la única palanca seria a corto plazo. La otra pata es patrimonial: golpear los bienes y no únicamente la conducta, porque un agente comprado durante una operación puede arruinar meses de trabajo de sus propios compañeros, además de la causa entera.

Chacón no pidió más efectivos ni más presupuesto. Pidió no bajar la guardia en el único punto donde una organización criminal no necesita armas para ganar: la nómina de alguien que un día juró perseguirlas. El termómetro para comprobar si el aviso se traduce en algo concreto volverá a ser el recuento anual de estructuras desmanteladas y de agentes apartados, esa cifra incómoda que el cuerpo publica sin ruido y que conviene leer con la misma atención que los grandes operativos.